Samuel García confirma que se baja de la contienda presidencial
El político deja su precandidatura a la Presidencia para regresar a gobernar Nuevo León, sin embargo, su licencia para dejar el cargo sigue vigente, por lo que su permanencia ‘ilegal’ en el cargo ‘es bajo su responsabilidad’, advierte el presidente del Congreso local, Mauro Guerra
MÉXICO._ Samuel García Sepúlveda informó que reasume las funciones de Gobernador constitucional de Nuevo León y al mismo tiempo confirmó que no participará en el proceso electoral federal 2023-2024.
A través de un acuerdo, que difundió en su cuenta de Instagram, detalló que la decisión “es una cuestión de interés social y orden público y tiene por objeto dar publicidad a la reasunción de funciones como gobernador constitucional del estado de Nuevo León y siendo mi derecho constitucional no haré efectivo el uso de la Licencia para ausentarme para participar en el proceso electoral 2023-2024, ya que he decidido no participar en la contienda electoral para Presidente de la República”.
Congreso de NL asegura que licencia sigue vigente
Pese a que Samuel García Sepúlveda reasumió como Gobernador de Nuevo León la madrugada del sábado, tras la controversia por el Mandatario interino, el Congreso del estado le notificó que su licencia al cargo sigue vigente, por lo que su permanencia en el cargo es ilegal.
En un comunicado, el Congreso informó que la suspensión que se había concedido para que no se retirara del cargo se sobreseyó, es decir, perdió validez en el momento en el que Luis Enrique Orozco quedó como interino y al mismo tiempo sigue siendo el titular del Ejecutivo.
“Mauro Guerra Villarreal, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, precisó que la suspensión que se había otorgado por el Tribunal Superior de Justicia para dejar sin efectos la licencia de García Sepúlveda quedó sin efecto toda vez que asumió al cargo Luis Enrique Orozco Suárez, como Gobernador interino quien sigue vigente en el cargo”.
El asunto de la controversia de inconstitucionalidad 25/2023 ordenaba que las cosas se mantuvieran como estaban hasta antes de la aprobación de la licencia al Gobernador y no cobre vigencia la autorización de su ausencia en el cargo que ostenta, hasta en tanto se surtan dos condiciones principales: que se defina quién será el gobernador interino y se le tome protesta, pero como Orozco asumió las tareas, y no tiene validez dicho acuerdo.
Este sábado, un grupo de actuarios del Tribunal Superior de Justicia pegó la resolución en uno de los accesos del Palacio de Gobierno, en la que se informa que Guerra se desistió de dicho recurso promovido apenas el viernes.
El Poder Ejecutivo ya fue notificado del sobreseimiento, lo cual ratifica la licencia concedida a Samuel García Sepúlveda para separarse del cargo del 2 de diciembre al 2 de junio de 2024.
“Si el ciudadano Samuel Alejandro García Sepúlveda quiere quedarse ilegalmente en su cargo, será bajo su responsabilidad constitucional y electoral; reitero no existe ningún impedimento con la licencia de separación del cargo, esta sigue vigente”, expresó Mauro Guerra.
También mencionó que Samuel García está desistiendo de la licencia bajo falsos argumentos.
TSJ denuncia mensajes amenazantes
El Consejo de la Judicatura informó en un comunicado que en las pasadas 48 horas tanto el magistrado Alberto Ortega, encargado de los asuntos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, como Miguel Ángel Servando Pruneda, secretario general de acuerdos de la presidencia y del pleno “han recibido constantes llamadas y mensajes con el objeto de intimidarlos e influir en sus decisiones jurídicas”.
Detallaron que si bien ninguna intimidación afectará la acción de los jueces es importante dar a conocerlo, pues estos actos refieren procedimientos administrativos de sanción por parte de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.
“A reserva de emprender denuncias penales, se ha solicitado al gobernador interino que tome las acciones que considere pertinentes para garantizar a toda la ciudadanía que los órganos administrativos no sean usados como medios de control político o de obstrucción de la justicia”.