Rosario Robles quiso colaborar con la Fiscalía, afirma su abogado. ‘Nadie se le acercó’
Rosario Robles es señalada por la FGR de permitir el desvío de recursos por 5 mil millones de pesos a través de universidades públicas y empresas fantasma, acusación que ella ha negado desde el día de su detención, cuando desistió de declararse culpable por el delito de ejercicio indebido del servicio público en la modalidad de omisión
MÉXICO._ Rosario Robles Berlanga, quien este día cumple dos años presa en el penal de Santa Martha Acatitla, siempre quiso colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR), pero nadie se le acercó, dijo su abogado Epigmenio Mendieta al asegurar que la ex funcionaria no mentirá para construir “una narrativa política” sin bases sólidas.
“La Fiscalía no ha tenido acercamiento, incluso ha sido una de las causas de reclamo de la propia Robles, que nadie de primer nivel se acercó a ella para que, en su caso, diera información respecto a los hechos. En el momento en que se planteó que ella colaborara no hubo la disponibilidad y ante eso la propia Rosario retiró la posibilidad como colaboradora de la Fiscalía”, explicó en entrevista telefónica.
Mendieta indicó que “hay una narrativa política que gustaría que Rosario Robles dijera e involucrara a funcionarios, sin embargo ella ha sido enfática en que no se va a prestar a construir una narrativa que no esté construida sobre bases sólidas y que no se puedan probar”.
Rosario Robles, ex secretaria de Desarrollo Social (Sedesol 2012-2015) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu 2015-2018), es acusada de permitir el desvío de recursos por 5 mil millones de pesos a través de universidades públicas y empresas fantasma, acusación que ella ha negado desde el día de su detención (13 de agosto de 2019), cuando desistió de declararse culpable por el delito de ejercicio indebido del servicio público en la modalidad de omisión.
“Aquí hay un único hecho y eso es que la información con que se cuenta ahorita en contra de Rosario Robles es únicamente por omisión, de tal manera que los comportamientos específicos de haber tomado decisiones o en su caso encontrado recursos, no están en la persona de Rosario Robles”, precisó su abogado, quien denunció que el delito por el que se le acusa no es grave y por lo tanto tendría que llevar su proceso en libertad conforme al Artículo 19 de la Constitución.
Robles Berlanga, de 65 años, publicó el pasado miércoles una carta abierta en su cuenta de Twitter, en donde insistió en que la decisión para mandarla a prisión preventiva justificada la dictó un Juez que tenía un conflicto de interés, en virtud de que tiene un parentesco con su enemiga política, Dolores Padierna.
El 13 de agosto de 2019, horas antes de que el Juez Jesús Delgadillo Padierna le dictara prisión preventiva y vinculación a proceso, le cuestionó a ella y a su defensa si no querían ahondar en la participación de dos políticos que fueron mencionados como posibles implicados en los delitos que se le imputaron: José Antonio Meade y Enrique Peña Nieto.
Tanto ella como la defensa dijeron que no. Posteriormente se le acusó del uso indebido del servicio público y parte de la acusación reposó en que ella dejó que ocurrieran los desvíos millonarios a través de contratos. Su propia defensa, horas antes, dijo ante el Juez que tanto en giras como a través de la línea roja, Rosario le informó a Peña Nieto sobre las observaciones de la Auditoría.
Muna Dora Buchahin Abulhosn, ex auditora que detectó los malos manejos en la administración pasada, dijo en una entrevista con SinEmbargo publicada en febrero, que Rosario Robles no actuó sola, que todos los desvíos detectados en las secretarías de Desarrollo Social y Sedatu fueron estructurados desde el alto poder. Advirtió que hubo complicidad en el Sistema de Administración Tributaria (SAT), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y en la Función Pública, desde donde decían que todo estaba solventado.
“Por supuesto que ella (Rosario) no pudo realizar estas acciones sola, todas estas acciones son intencionadas, planeadas con el fin del desvío. Hubo una red estructurada desde el alto poder. Es uno de los más altos actos de corrupción en el país”, señaló la ex auditora en una entrevista.
“Estaban los que fabricaban los contratos, los que buscaban los contactos, los que hacían las empresas fachada, los que en la parte del SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera encubrían, los que recibían el dinero, los bancos que permitían este tipo de acciones”.
Parte de los elementos que mantienen a Robles en prisión provienen de las declaraciones de Emilio Zebadúa, quien fuera su Oficial Mayor tanto en la Sedesol como en la Sedatu, a quien sí se le otorgó el criterio de oportunidad. Sus señalamientos los empleó el Ministerio Público para atribuirle cargos a Robles por el desvío de recursos públicos en la llamada “Estafa Maestra”.
Los argumentos que la defensa de Rosario no ha logrado combatir fue que ella, como titular de estas dependencias, sabía de los desvíos y permitió que estos mecanismos fueran continuados al conservar a los funcionarios que los realizaron tanto en la Sedesol como en la Sedatu.
“A lo largo de todo este proceso hemos logrado desmontar la existencia de una licencia falsa y eso tuvo que ser a partir de pruebas periciales, recabar escrituras públicas de distintos inmuebles, entrevistas y demostrar que esa licencia es falsa”, dijo su abogado Epigmenio Mendieta. “Hemos podido demostrar que a Rosario no se le puede criminalizar por sus cargos públicos o por su capacidad económica. Todo esto ya lo dijeron los jueces”.
El pasado 23 de junio, el Juez Tercero de Distrito resolvió conceder un amparo y protección de la justicia federal a Rosario Robles, pidiéndole al Juez de Control que resuelva el porqué la ex funcionaria no se puede ir a su casa mediante un arraigo domiciliario, por lo que la defensa está a la espera de ese resolutivo.
“Tanto Rosario Robles como su defensa confiamos en que sean los tribunales, a partir de las pruebas, los que van a decidir su inocencia o culpabilidad, consideramos que tenemos la información para demostrar que Rosario Robles es inocente de esos hechos que se le pretende imputar”, aseguró el abogado Epigmenio Mendieta.
EL CÍRCULO DE ROBLES
–Enrique Peña Nieto
El ex Presidente de México fue una de las personas cercanas a Rosario Robles y cuando ella ocupó la titularidad de Sedesol recibió su apoyo a pesar de los señalamientos de irregularidades en el manejo de recursos, ya que se le acusó, junto con el entonces Gobernador Javier Duarte, de desvío de recursos públicos para beneficiar electoralmente al PRI.
“Rosario, no te preocupes, hay que aguantar, porque han empezado las críticas, han empezado las descalificaciones de aquellos a quienes ocupa y preocupa la política [...] Que sigan aquellos criticando las acciones, porque a otros los ocupan las elecciones; a nosotros nos ocupa y nos compromete acabar con el hambre de México [...] “hay que aguantar”, le dijo Peña Nieto a Rosario en un mitin en Chiapas en 2013.
Rosario Robles recibió, así, el respaldo del Jefe del Ejecutivo federal, a quien ha desvinculado del esquema de corrupción del que se le acusa.
–Luis Videgaray
De acuerdo con la declaración de Zebadúa, la Sedatu, junto con la Segob y la Conagua, con el visto bueno de la Secretaría de Hacienda, encabezada en ese entonces por Luis Videgaray Caso, habrían entregado 400 millones de pesos en pagos de 300 mil pesos, 400 mil pesos y hasta 10 millones de pesos para comprar terrenos aledaños al aeropuerto a personas que no acreditaron ser los propietarios de dichas tierras y aun cuando la Sedatu era justo la encargada de verificar la validez de la posesión de tierras porque tiene los archivos y expedientes agrarios de todo el país.
–Ramón Sosamontes
Ramón Sosamontes Herreramoro, ex jefe de la Oficina de la Sedesol y asesor y Vocero en la Sedatu durante las gestiones de Rosario Robles, afirmó que las acusaciones sobre su persona emitidas por Emilio Zebadúa González, ex titular de la Oficialía Mayor en ambas dependencias federales, son “una novela mal contada y una gran mentira”, pues era él quien tenía la atribución de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para mover el dinero público.
Sosamontes fue señalado por Zebadúa González de ser el encargado de contactar a los rectores de universidades públicas, a través de las cuales se realizaban las subcontrataciones para desviar recursos en la llamada “Estafa Maestra”.
Pero además, Sosamontes tiene una acusación en la Fiscalía junto con Zebadúa González por firmar siete convenios que causaron daños al erario por mil 630 millones de pesos en la dos dependencias en cuestión.
Sosamontes ha mantenido un perfil bajo y en noviembre del 2020 logró una suspensión provisional de un Juez para evitar ser aprehendido, a menos que sea por un delito grave que requiera prisión preventiva.
Desde el 8 de agosto de 2019, el mismo día en que se realizó la primera audiencia contra Robles, pidió el amparo 621/2019. Aunque también solicitó proteger su dinero. Ese mes sus cuentas fueron congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). El ex funcionario público también está denunciado ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) por beneficiarse con el otorgamiento de contratos a través de la empresa Sistema Guerrero Audiovisual.
–Emilio Zebadúa
Como en el caso de Sosamontes, Zebadúa es uno de los funcionarios que Robles conservó cuando se le asignaron las secretarías federales.
El equipo liderado por Zebadúa dejó en la Sedesol seis mil 558 millones 420 mil 667 pesos en duda, y así en 2015, el mismo equipo se mudó a las oficinas de la Sedatu. En su primer año de funciones la ASF encontró un posible daño al erario por cuatro mil 666 millones 536 mil 010 pesos.
Sobre los cuestionamientos por el mal manejo de recursos públicos, Robles declaró en diversas ocasiones que aunque fue la titular de ambas secretarías de Estado, hay órganos ejecutores del gasto “responsables con nombre y apellido”. El principal funcionario es el ahora aliado de la Fiscalía, Emilio Zebadúa.
De acuerdo con el manual de organización, es el encargado de hacer cumplir el código de conducta de la institución y es el que establece, junto con el titular de la dependencia, las políticas, normas, lineamientos, sistemas y procedimientos para la programación, presupuesto y administración del personal y de todos los recursos (materiales, informáticos y financieros) de la Secretaría.
–Con información de Daniela Barragán