Rosario Piedra entrega iniciativa para convertir la CNDH en ‘Defensoría del Pueblo’
La presidenta del organismo presentó la iniciativa ante la Cámara de Diputados, al presentar su informe anual de actividades
Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entregó a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, una iniciativa para convertir este órgano constitucional autónomo en la Defensoría del Pueblo, para supuestamente fortalecer los mecanismos de exigibilidad de cumplimiento de sus recomendaciones.
Al presentar su informe anual de actividades ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la ombudsperson pidió a los legisladores revisar, analizar, discutir y mejorar la iniciativa, para activar los mecanismos de exigibilidad a través de la facultad del Senado de la República para llamar a las autoridades a explicar las razones de incumplir una recomendación.
“Junto con el informe estoy entregando a la Cámara de Diputados, y mañana (jueves) lo haré al Senado, una propuesta de iniciativa de ley para reformar a la CNDH y elevarla al rango de Defensoría del Pueblo, superando el esquema neoliberal que heredamos y apelando a lo mejor de nuestra tradición humanista”, indicó Piedra Ibarra, en su exposición de motivos.
Además, la presidenta de la CNDH sostuvo que en su gestión se han logrado cifras históricas respecto a la emisión de recomendaciones contra el actuar de órganos e instituciones del Estado mexicano.
“Durante 2022, la CNDH emitió un total de 302 recomendaciones, 264 ordinarias y 36 por violaciones graves, dirigidas a 115 autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como dos recomendaciones generales, el número más alto de recomendaciones emitidas en toda la historia de este organismo”, dijo.
Según datos de la ombudsperson, las autoridades federales con mayor número de recomendaciones fueron el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el Instituto Nacional de Migración.