Presidencia impugna suspensión de ministro a extinción de fideicomisos del PJF
La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal informó que presentó un recurso de reclamación en contra de la medida cautelar otorgada por el ministro Laynez Potisek, misma que calificó de ilegal
La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) impugnó la suspensión otorgada por Javier Laynez Potisek, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en su totalidad, contra de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con la que se pretendía la entrega de aproximadamente 15 mil 450 millones de pesos, contenidos en 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF).
A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Tesorería de la Federación (TESOFE), correspondientes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
A través de un comunicado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal informó que presentó un recurso de reclamación en contra de la medida cautelar otorgada por el ministro Laynez Potisek, misma que calificó de ilegal.
“Hoy la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal presentó ante la SCJN un recurso de reclamación en contra de la medida cautelar otorgada ilegalmente, ya que el propio ministro Javier Laynez reconoce que el decreto impugnado prevé las medidas necesarias para salvaguardar los derechos laborales”, indicó la CJEF.
“En este sentido, se hace un nuevo llamado al máximo tribunal para que honre la palabra de su presidenta, Norma [Lucía] Piña [Hernández], y permita que dichos recursos públicos, propiedad del pueblo, se utilicen para la reconstrucción de Acapulco [Guerrero]”, agregó la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
La CEJF sostuvo que Laynez Potisek debió excusarse de conocer las acciones de inconstitucionalidad, promovidas en contra de dicha reforma. Asimismo, acusó al ministro de no ser imparcial, ni objetivo, así como de actuar con soberbia y falta de solidaridad institucional, debido a que la propia Piña Hernández públicamente solicitó analizar la posibilidad de destinar los recursos de los fideicomisos a la población damnificada en Acapulco.
“Resulta lamentable que el ministro [...] a pesar de haberse pronunciado anticipada y públicamente en contra de la reforma al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, no se haya excusado de conocer de las acciones de inconstitucionalidad promovidas en contra del decreto legislativo que instruye la desaparición de aquellos fideicomisos del PJF que no estén previstos en alguna norma”, señaló la CJEF.
“Lo cual hace evidente su falta de imparcialidad y objetividad, requisitos necesarios en todo juzgador. Así, no es extraño que, de manera arbitraria, haya suspendido todos los efectos del decreto impugnado”, insistió la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
La CJEF señaló que la ley establecía expresamente que la admisión de una acción de inconstitucionalidad no podía dar lugar a la suspensión de la norma cuestionada, incluidas las disposiciones transitorias.
Según criticó la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para justificar el otorgamiento de la suspensión, el ministro Laynez Potisek señaló que, de no detenerse la extinción de los fideicomisos, se causaría un daño irreparable al derecho de acceso a la justicia de la ciudadanía.
“Lo cual resulta falso porque la función jurisdiccional está garantizada con los recursos del Presupuesto de Egresos aprobado por la Cámara de Diputados [...] En su determinación, el ministro instructor afirma indebidamente que los fondos de dichos fideicomisos públicos son un mecanismo que garantiza la impartición de la justicia, sin los cuales no se podría realizar la función jurisdiccional. Olvida que dicha actividad del Estado se garantiza con los recursos presupuestales asignados de forma anual al PJF”, abundó la CJEF.
La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal recordó que desde 2018, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sostuvo que los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación no se apegaban a los principios de austeridad y racionalidad, dada la nula utilización de sus fondos.
“Por lo que detectó una acumulación injustificada de recursos públicos, ya que las prestaciones laborales están garantizadas con recursos presupuestales y no dependen de los fideicomisos, como indebidamente lo señala el ministro instructor”, dijo la CJEF.
Según lo informó el diario Reforma, el 8 de diciembre de 2023, en sesión privada, la Segunda Sala de la SCJN rechazó un total de 41 solicitudes del Poder Ejecutivo Federal, para atraer sus recursos contra amparos que impugnaban la extinción de fideicomisos del PJF.
La Segunda Sala del máximo tribunal constitucional acordó que no procedía ordenar a Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito, que le enviaran los recursos de queja que había presentado la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.