Presidencia impugna freno impuesto por Juez a cambios en INE
Fue el pasado 24 de marzo cuando el juzgador suspendió la desaparición de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE
La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal impugnó la suspensión temporal que impuso un Juez a la reestructuración de una parte del Instituto Nacional Electoral (INE), prevista en el Plan B de la Reforma Electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con una notificación publicada este lunes en los estrados electrónicos del Poder Judicial de la Federación (PJF), la impugnación fue presentada desde el pasado 4 de abril, vía recurso de queja, por la Consejera Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso, de la Consejería Jurídica del Ejecutivo, contra la suspensión provisional dictada por Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa, señalan registros judiciales.
“Se tienen por recibidos los oficios de cuenta, signados por la Consejera Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso, de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por medio de los cuales (...) interpone recurso de queja en contra del proveído de 24 de marzo de 2023, en el cual, se concedió la suspensión provisional solicitada”, señala el acuerdo.
La Presidencia de México, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, informó la mañana de este domingo que impugnará la decisión de Javier Laynez Potisek, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que suspendió la aplicación del Plan B de la Reforma Electoral, pues consideró que “arrancó hojas a la Constitución” para frenar el proyecto que busca una reducción sustancial en el aparato administrativo del Instituto Nacional Electoral (INE).
Desde finales de marzo de este 2023, la Presidencia de México, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, informó que impugnaría la decisión de Javier Laynez Potisek, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que suspendió la aplicación del Plan B de la Reforma Electoral, pues consideró que “arrancó hojas a la Constitución” para frenar el proyecto que busca una reducción sustancial en el aparato administrativo del INE.
El Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa, Francisco Javier Rebolledo Peña, aceptó a trámite el citado recurso de queja y ordenó se notifique al Tribunal en turno para que conozca del caso y resuelva “lo que en derecho corresponda”.
Según la notificación ordenada por Rebolledo Peña: “Se hace del conocimiento de las partes la interposición del citado recurso y remítase de inmediato al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en Turno, el recurso de manera digital a través del sistema de interconexión, para que tenga a bien resolver lo que en derecho proceda”.
SCJN ADMITE A TRÁMITE IMPUGNACIONES DE AMLO
Apenas el 4 de abril, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite los recursos de reclamación que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y el Senado de la República promovieron contra el freno impuesto por el Ministro Javier Laynez a la segunda parte del llamado Plan B en materia electoral.
Al notificar oficialmente la admisión a trámite de las demandas, el Máximo Tribunal del país informó también que los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá y Yasmín Esquivel elaborarán los proyectos de sentencia que presentarán en las próximas semanas ante el Pleno.
“Con el oficio y los anexos, fórmese y regístrese el expediente físico y electrónico relativo al recurso de reclamación que hace valer la Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, en representación del Presidente de la República, a quien se tiene por presentada con la personalidad que ostenta, en contra del acuerdo mediante el cual se admitió la demanda de la controversia constitucional al rubro indicada. Se admite a trámite el recurso de reclamación que hace valer”, se lee en la notificación para el caso de la impugnación de la Consejería Jurídica de la Presidencia.
GOBERNADORES DE MORENA PIDEN REVERTIR SUSPENSIÓN
Las gobernadoras y los gobernadores de Morena firmaron un documento en el que calificaron de “inconstitucional” y “arbitraria” la decisión del Ministro Javier Laynez Potisek de suspender el Plan B de la Reforma Electoral, impulsado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, que modifica algunos estatutos del Instituto Nacional Electoral (INE).
En un comunicado compartido a través de redes sociales, las y los gobernadores de Morena junto al dirigente del partido, Mario Delgado, firmaron el documento en el que señalaron que la decisión del Ministro Laynez “violenta el equilibrio de poderes, en la medida en que uno solo de los ministros suprime de un plumazo reformas de la representación popular legítima depositada en el Poder Legislativo”.
Las y los morenistas dijeron que las reformas suspendidas no ponen en riesgo de manera alguna los procesos electorales o el funcionamiento del INE, pues el propósito del Plan B es “garantizar la democracia, racionar los recursos públicos, acabar con los excesos y las prácticas fraudulentas del viejo régimen”.
“Es inevitable ver en esta decisión el interés de obstaculizar la transformación nacional que se lleva a cabo por mandato popular, preservar los cotos de poder de élites, tecnocracias y burocracias, impedir la aplicación de la austeridad republicana en la institución electoral y mantener en pie los rescoldos de un régimen político antipopular, antidemocrático y lastrado por privilegios injustificables”, agregaron.
Además, calificaron como arbitraria la decisión del Ministro y pidieron que sea revertida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como lo ha solicitado el titular del Poder Ejecutivo en el recurso de reclamación presentado para restaurar el equilibrio y el respeto entre los Poderes de la Unión.
Entre las y los firmantes se encuentran las gobernadoras: Marina del Pilar Ávila Olmeda, de Baja California; Evelyn Salgado Pineda, de Guerrero; Claudia Sheinbaum, de la capital; Mara Lezama, de Quintana Roo; Lorena Cuéllar Cisneros, de Tlaxcala; Layda Sansores, de Campeche; e Indica Vizcaíno, de Colima; y los gobernadores: Rutilo Cruz Escandón Cadenas, de Chiapas; Cuauhtémoc Blanco, de Morelos; Sergio Salomón Céspedes, de Puebla; Rubén Rocha, de Sinaloa; Américo Villareal, de Tamaulipas; Víctor Manuel Castro, de Baja California Sur; Julio Menchaca, de Hidalgo; Miguel Ángel Navarro, de Nayarit; Alfonso Durazo, de Sonora; David Monreal, de Zacatecas; Alfredo Ramírez, de Michoacán; Salomón Jara, de Oaxaca; Ricardo Gallardo, de San Luis Potosí; Carlos Merino, de Tabasco; y Cuitláhuac García, de Veracruz.
El pasado 24 de marzo, el Ministro Laynez Potisek concedió al INE una suspensión a la entrada en vigor del Plan B electoral, por lo que podrá seguir operando como lo hacía antes de la reforma impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
También otorgó la suspensión solicitada por el INE respecto de todos los artículos impugnados del Decreto para efecto de que las cosas se mantengan en el estado en el que hoy se encuentran y rijan las disposiciones vigentes antes de la respectiva reforma.
El Ministro de la SCJN aseguró que entregó la suspensión “para evitar la posible disminución de la capacidad operativa del órgano y con ello salvaguardar el sistema democrático nacional“.
Según el acuerdo de la suspensión que fue publicado el pasado lunes 27 de marzo, “el sistema democrático nacional tiene como garantía orgánica la adecuada capacidad operativa del INE”, sin embargo, alertó que “el decreto reclamado [el del Plan B] produce una modificación sustancial en la organización, estructura y funcionamiento del propio órgano, al grado que es posible que se pueda comprometer su regular funcionamiento en los términos que venía operando”.
Laynez Potisek también advirtió que “de no concederse la suspensión, el Instituto actor quedaría afecto a la aplicación del nuevo esquema orgánico dispuesto por el legislador, con las consecuentes adecuaciones presupuestarias, lo cual traería como consecuencia la desaparición de plazas y la remoción de diversos servidores públicos y, por tanto, la necesaria afectación irreversible a la capacidad del Instituto para cumplir las funciones constitucionales que tiene encomendadas frente a la ciudadanía”.
El pasado domingo 26 de marzo, en un comunicado titulado “Para conceder suspensión, Ministro Laynez arrancó hojas a la Constitución”, el Poder Ejecutivo federal acusó que en contra de lo que prevé expresamente la norma fundamental, “Laynez Potisek decidió admitir a trámite la controversia constitucional presentada por el INE y conceder una suspensión total para que no surta efectos el decreto expedido por el Congreso de la Unión que modifica diversas leyes en materia electoral, “cuyo objeto es reducir los costos burocráticos de las elecciones y afianzar los principios democráticos para que los derechos político-electorales de la ciudadanía sean verdaderamente respetados y no ocurran más fraudes, como en el pasado”.
De acuerdo con la Presidencia de la República, “se trata de régimen de excepción que modifica los precedentes jurisprudenciales en la materia y anula por completo la presunción de validez constitucional que toda norma general posee, ya que la Ley constituye la expresión de la voluntad popular a través de sus representantes electos democráticamente”.
Por último, reiteró que no permitirá que se violente la Constitución ni el orden jurídico mexicano y dio a conocer que “solicitará al pleno de la SCJN revocar el acuerdo que admite a trámite dicha controversia, así como la medida suspensiva, al resultar contrarias a los principios fundamentales del Estado de Derecho que nos rige”.