Por parálisis en INAI miles de personas no podrán acceder a información pública

Animal Político
14 abril 2023

Este miércoles fue la primera vez en la historia del INAI que no pudo sesionar por falta de quórum, por lo que están pendientes 2 mil 133 recursos de revisión que debían ser resueltos en sesión pública

Por responsabilidad del Senado, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales está paralizado y por ello, 2 mil 133 recursos de revisión sobre diversas solicitudes están en vilo. Entre ellas, peticiones de personas sobre sus horas cotizadas en el IMSS para tramitar pensiones y jubilaciones, obtención de sus expedientes clínicos y judiciales; estatus de trámites burocráticos o corrección de datos en documentos de identificación, entre otras.

La inactividad en el INAI se debe a que el Senado lleva más de un año sin nombrar a los dos comisionados del instituto cuyos espacios están vacantes desde marzo de 2022, y es que el pleno del Instituto solo puede sesionar con al menos cinco de sus siete comisionados, de lo contrario, sus resoluciones no tendrían validez, según establece la Ley Federal de Acceso a la Información.

Durante un año, el INAI sesionó con cinco integrantes, aún cuando el Senado no había nombrado a los dos comisionados faltantes, pero este 30 de marzo, el comisionado Javier Acuña concluyó su gestión, por lo que únicamente quedan cuatro integrantes: Blanca Lilia Ibarra, Josefina Román, Adrián Alcalá y Julieta del Río.

Por ello, este miércoles fue la primera vez en la historia del INAI que no pudo sesionar por falta de quórum, por lo que están pendientes 2 mil 133 recursos de revisión que debían ser resueltos en sesión pública. Esto significa que miles de personas no podrán acceder a la información pública o personal que pidieron a instituciones del gobierno federal, estatal o municipal.

En las sesiones, el pleno analiza los recursos de revisión interpuestos por los ciudadanos cuando las instituciones se negaron a entregarles información personal o pública hechas mediante solicitudes. El pleno del INAI analiza cada uno de los casos y determina si la institución debe o no entregar la información a quien lo solicitó.

Por ejemplo, los ciudadanos pueden pedir información pública como los contratos que haya hecho cualquier institución, los comprobantes de servicios, facturas, o cualquier documento generado en la administración pública.

Pero también puede pedir información personal, es decir, aquella que se refiere a información de la persona que hace la solicitud, como expedientes clínicos, expedientes judiciales; información sobre algún trámite, rectificación de datos en documentos oficiales como el certificado de vacunación COVID, trámites del Infonavit, entre otros.

Hasta el momento, el Senado no ha hecho los nombramientos ni hay fecha prevista para ello y que el INAI pueda retomar las sesiones para analizar los recursos de revisión.

Así lo reiteró el Senador morenista Félix Salgado Macedonio este miércoles, pese a que el periodo de sesiones concluye el 30 de abril.

“¿Cuándo se van a nombrar? (los comisionados del INAI) ¿Sí saben cuándo? Cuando nosotros digamos, porque ahora nosotros somos la mayoría. Antes ustedes eran la mayoría y decidían, pero ahora ya no, ya son una franca minoría. Así que se aguantan, aunque sigan trayendo lonas, no será cuando ustedes digan”, dijo Salgado Macedonio en tribuna, en referencia a los carteles que senadores colocaron en sus curules con la leyenda “nombramiento del INAI ya”.

Peticiones personales

De acuerdo con datos del Informe de Labores del INAI, entre octubre de 2021 y septiembre de 2022, el pleno del INAI resolvió 21 mil 197 recursos de revisión sobre información pública, es decir, todo lo relacionado con los sujetos obligados, es decir, las instituciones federales, estatales y municipales e incluso aquellos que reciben recursos públicos como partidos políticos, sindicatos y fideicomisos.

Sobre las solicitudes de información personal, el INAI resolvió 2 mil 619 recursos de revisión, es decir, a ese número de personas le habían negado el acceso a su propia información que tenía alguna institución, o para rectificar sus datos, cancelar u oponerse a su tratamiento.

Por ejemplo, en el recurso RRD 763/22, una persona había solicitado al IMSS copia certificada su historial laboral del período de 1977 al 2022, en el cual se identificaran sus semanas cotizadas y datos patronales, pero se negaron a entregarlo porque su número de seguridad social no tenía el dato de CURP. El INAI determinó que si la CURP no estaba registrada en su sistema, no era motivo para negarle la información, porque había más datos para corroborar la identificación de la persona, por lo que determinó que el IMSS sí debía entregarle lo que solicitaba.

De hecho, peticiones como esta es de las más recurrentes al solicitar datos personales. El IMSS es la institución con más solicitudes de datos personales, pues de 2003 a septiembre de 2022 suma 313 mil 480 solicitudes. Cada año suma registró entre 20 mil y 23 mil peticiones, de acuerdo con datos del Informe de Labores del INAI 2022.

Le sigue la Secretaría de Salud, con 22 mil 606 solicitudes de 2003 a 2022, y el mayor número ocurrieron entre octubre de 2021 y septiembre de 2022, con 18 mil peticiones.

Los ciudadanos también hacen solicitudes de datos personales al ISSSTE, el INFONAVIT, diversos hospitales, la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Relaciones Exteriores, Petróleos Mexicanos, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, el INE, la Junta de Conciliación y Arbitraje, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la CFE o la Secretaría de la Función Pública, entre otras.

Otro ejemplo de solicitud personal fue la que hizo un ciudadano que pidió copia simple, con entrega por correo certificado, las promociones que presentó ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y copia del expediente donde se enlista la atención que recibió por parte de la CEAV.

Sin embargo, la CEAV negó la información, al pedir que la persona debía “acreditar personalidad en la Unidad de Transparencia”. El INAI le dio la razón a la persona, toda vez que la CEAV podía recibir los documentos que acreditaran la personalidad también mediante correo certificado, sin pedirle al ciudadano que se presentara personalmente.

La resolución ayuda a los ciudadanos para que puedan acceder a sus expedientes, como en este caso, relacionado con una persona desaparecida y el procedimiento especial de declaración de ausencia de persona desaparecida.

Retrasos y veto

Después de un año de retraso, el Senado destrabó el proceso pendiente y el 1 de marzo hizo los nombramientos de Yadira Alarcón y de Rafael Luna como comisionados del INAI, y, además, emitió la convocatoria para las personas interesadas en ocupar el asiento que Javier Acuña dejará vacante el 31 de marzo, con lo que finalmente el INAI tendría a los siete comisionados que integran el plano.

Sin embargo, el 15 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador vetó dichos nombramientos, bajo el argumento de que “hubo un acuerdo. Todo indica que se repartieron a los dos candidatos, uno para Morena y otro para el PAN y eso no debe de permitirse. Además, en un caso, el que obtuvo el último lugar, casi el último salió, es decir en la prueba, y el otro caso, una gente vinculada al PAN, militante casi del PAN”, explicó el mandatario en su conferencia matutina.

En respuesta, el INAI interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que “ordene al Senado culminar con el proceso de designación y, en tanto ello sucede, permitir al Pleno sesionar con la integración que existe a partir del 01 de abril de 2023”, es decir, con cuatro integrantes.

También este 11 de abril, la jueza Celina Angélica Quintero Rico, titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México hizo un segundo llamado al Senado para que nombre a la brevedad a los comisionados.

En su llamado advirtió que, si persiste el incumplimiento con los nombramientos, las y los senadores que forman parte de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) serán multados con 100 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a 10 mil 374 pesos.