Ordenan liberar a 8 militares vinculados al caso Ayotzinapa
Jueza federal revoca medida de prisión preventiva impuesta a ocho soldados recluidos en la prisión del Campo Militar 1-A, quienes podrán seguir su proceso en libertad pagando una fianza de 50 mil pesos
La medida de prisión preventiva impuesta a ocho militares presuntamente involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, fue revocada por Raquel Ivette Duarte Cedillo, Jueza Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca.
Esto, tras una orden del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y determinar que la Fiscalía General de la República no presentó suficientes pruebas en contra de los soldados, de acuerdo a Proceso.
Los militares, quienes están recluidos en la prisión del Campo Militar 1-A, podrán seguir su juicio en libertad a cambio de una fianza de 50 mil pesos, la firma periódica de procesados y entregar sus pasaportes.
Proceso señala que los elementos del Ejército estaban sometidos a una medida cautelar que los mantenía en prisión preventiva oficiosa por el presunto delito de desaparición forzada, bajo el argumento de que las acusaciones de la FGR en su contra remontaban a la época en la que estaba vigente el sistema penal inquisitivo, que contemplaba el encarcelamiento automático en los procedimientos de ciertos delitos.
Condenan la medida
La Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, que se desprende de la Secretaría de Gobernación, condenó la orden de dejar en libertad a los ocho militares señalados por la desaparición de los normalistas el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
“Una vez más, integrantes del Poder Judicial recurren al procedimiento de los llamados sabadazos, sin ponderar el derecho de las víctimas, las madres y los padres de los jóvenes desaparecidos en un asunto que implica graves violaciones a derechos humanos”, sostuvo en un comunicado.
“Con esta determinación no se exonera de los cargos a los elementos de las Fuerzas Armadas; continúan sujetos a proceso hasta el dictado de la sentencia”, apuntó Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob.
La CoVAJ acusó que no se hizo caso de la propuesta de la FGR de resguardo domiciliario para los militares y señaló que se agotarán todas las instancias legales posibles para que no haya impunidad.
Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez también lamentó la liberación de militares acusados en el caso Ayotzinapa.
“Muestra que el proceso se está derrumbando. A las decisiones parciales de jueces, se suma la inoperancia de la Fiscalía Especial y la intervención de SEDENA, que brinda asistencia legal y apoyo a los acusados”, publicó en redes sociales.