ONG’s denuncian ‘trato preferencial’ para General liberado por caso Ayotzinapa
Se trata de Rafael Hernández Nieto, ex comandante del 41 Batallón de Infantería, de Iguala, quien afronta fuera de prisión su proceso judicial
Organizaciones no gubernamentales acusaron al General en retiro, Rafael Hernández Nieto, ex comandante del 41 Batallón de Infantería, de Iguala, de recibir “tratamiento preferencial”, para afrontar fuera de prisión su proceso judicial relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014.
La titular del Juzgado Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales del Estado de México, con sede en Toluca, giró, el 13 de junio de 2023, órdenes de aprehensión contra 16 militares presuntamente implicados en el caso Ayotzinapa, nueve meses después de que la Fiscalía General de la República (FGR) había pedido cancelarlas.
Entre los militares estaba Hernández Nieto, acusado por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada, por lo cual había sido internado en la prisión militar del Campo Militar Número 1, mientras se instruía el juicio en su contra.
El general “recibió un inusual beneficio para enfrentar su proceso en prisión domiciliaria”, denunciaron en un posicionamiento el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín ProJuárez (Centro PRODH), Fundar, Serapaz, y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
“La determinación adoptada por la Juez Segundo de Distrito muestra un innegable sesgo a favor del Ejército. Las organizaciones que acompañamos a las familias no hemos conocido de otros casos de delincuencia organizada donde se otorguen esta clase de beneficios”, indicaron en el pronunciamiento conjunto”, agregaron las ONG’s.
A través de un comunicado, las organizaciones no gubernamentales atribuyeron la medida a “la identidad militar del acusado y por el enorme poder que se ha otorgado a las Fuerzas Armadas en el presente”.
Las ONG’s recordaron que su nombre “es expresamente mencionado en los mensajes de textos intercambiados por narcotraficantes del grupo involucrado en la desaparición de los normalistas, con menciones que muestran que este tenía un trato asiduo de connivencia con la delincuencia organizada”.
“No es la primera vez que dicho general recibe un tratamiento preferencial. En agosto de 2022 fue acusado de delincuencia organizada y la orden de aprehensión librada en su contra se suspendió de forma ilegal”, añadieron las organizaciones no gubernamentales.
Las ONG’s señalaron que el trato del general acusado “es otro fuerte golpe de impunidad que acredita, como lo hizo la negativa castrense a entregar los documentos requeridos por el [Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes] GIEI, que el Ejército mexicano se ha convertido en este sexenio en un poder sin contrapesos”.
El 18 de agosto de 2023, tras considerar que no existía un riesgo de fuga, Raquel Ivette Duarte Cedillo, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales del Estado de México, con sede en Toluca, autorizó el cambio de medida cautelar para el general, por lo que el acusado abandonó el día 20 del mismo mes y año. la prisión del Campo Militar Número 1.
En sustitución de la prisión preventiva de oficio, la juzgadora federal ordenó a Hernandez Nieto la entrega de su pasaporte y le impuso las prohibiciones de salir del país, así como acercarse a víctimas y testigos, además del pago de una garantía de 50 mil pesos y la obligación de firmar cada quincena el libro de procesados del Juzgado.
La liberación del General es consecuencia de una suspensión provisional que le otorgó el 7 de agosto de 2023, el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Amparo de la capital de la República, para que fuera revisada la medida cautelar de Hernández Nieto, quien fue detenido el 6 de julio del mismo año.
La suspensión se basó en las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), en los casos Tzompaxtle Tecpile y García Rodríguez, en las que ordenan al Estado mexicano eliminar de su legislación la prisión preventiva de oficio y adaptarla a los estándares del citado tribunal internacional.
Según informó el diario Reforma, tras la suspensión otorgada al general, el 18 de agosto de 2023, la jueza Duarte Cedillo pidió a la Guardia Nacional llevar a cabo una evaluación de riesgos procesales, para analizar el cambio de medida cautelar de Hernández Nieto.
Pese a que era fin de semana, elementos de la GN practicaron la evaluación y determinaron, tras una entrevista de 40 minutos con el general, que no había riesgo de fuga, documento que fue presentado el mismo día ante la jueza.
Al día siguiente, con base en dicha valoración, Duarte Cedillo dictó la libertad provisional a favor de Hernández Nieto, a quien la Fiscalía General de la República (FGR) atribuye supuestos vínculos con Guerreros Unidos, grupo criminal que supuestamente desapareció a los 43 normalistas de Ayotzinapa, la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
La acusación se basa en las declaraciones de los testigos protegidos “Juan” y “Carla”, ex integrantes de dicha organización delictiva, así como en “chats” de otros narcotraficantes interceptados por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), antes de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.
En la formal prisión dictada al general, la jueza Duarte Cedillo estableció que dichos indicios permiten presumir que Hernández Nieto recibía dinero de Guerreros Unidos y permitía el paso de personal y transporte de los narcotraficantes en el tramo de Iguala a Teloloapan.
La jueza también consideró que existían indicios para suponer que Hernández Nieto tuvo reuniones con líderes de dicho grupo criminal y que incluso recibía órdenes de Marcos Cuevas, alias “El Mini Cooper”, jefe de plaza de Guerreros Unidos.
El general en retiro, Rafael Hernández Nieto, ex comandante del 41 Batallón de Infantería, de Iguala de la Independencia, fue detenido a las 12:50 horas del 8 de julio de 2023, en Puebla.
El militar en retiro, fue arrestado por agentes de la PFM, a las afueras de su domicilio particular, ubicado en la calle Topacio, de la Colonia Villa Posadas, en la capital poblana, según con el Registro Nacional de Detenciones (RND), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal.
La ficha de captura describe al coronel -quien pasó a retiro con grado de general brigadier-, como un hombre de complexión delgada, cabello cano, que usaba lentes y pants al momento de la detención.