Norma Piña abre consulta entre ministros para determinar si se puede frenar reforma judicial
La presidencia de la Suprema Corte ordenó revisar el ejercicio de la facultad de atracción del dictamen y formular la consulta respectiva sobre la suspensión del procedimiento de discusión de la reforma judicial
La ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), abrió una consulta entre ministras y ministros para determinar si el Pleno puede ordenar que se suspenda el procedimiento de discusión de la reforma judicial.
En dos acuerdos publicados el día de hoy, la presidencia de la Corte ordenó revisar el ejercicio de la facultad de atracción del dictamen y formular la consulta respectiva sobre la suspensión de este procedimiento de reforma.
“Se consulta al Tribunal Pleno sobre la posibilidad de que la Presidencia de este Alto Tribunal, al conocer de un asunto de los previstos en el artículo 11, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se pronuncie sobre la procedencia de la o las medidas cautelares que se hagan valer, conforme al apartado III”, se puede leer en ambos acuerdos.
Jufed pide a Suprema Corte atraer el caso
Esto ocurre luego de que la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) solicitó este martes al Pleno de la Suprema Corte atraer el dictamen de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) -que hasta ese momento aún no había sido aprobado por la Cámara de Diputados, pero sí por sus comisiones- y ordenar suspender el procedimiento de discusión de la reforma.
En la petición la jueza Juana Fuentes Velázquez, directora nacional de la JUFED, señaló que el uso de la facultad de atraer el asunto está prevista en el artículo 11, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que señala que el Pleno de la Corte “velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus integrantes”.
Y argumentó que debido a que la iniciativa de reforma judicial ya fue aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados procede ya su impugnación, “por violación a la autonomía e independencia de los órganos e integrantes del Poder Judicial de la Federación” debido a que ya se trataba de un acto de autoridad.
Esta situación resultaba irregular ya que el tema aún no había sido votado por la Cámara de Diputados que finalmente aprobó la madrugada de este miércoles por mayoría de votos la reforma judicial, enviándola de esta manera al Senado de la República.
En su petición la jueza Juana Fuentes también solicitó se decrete como medida cautelar “la suspensión del procedimiento de reforma constitucional, hasta en tanto el Pleno de este Máximo Tribunal de la Nación se pronuncie de fondo”.
Aunque en el mismo escrito, la jueza reconoce que el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial no establece la figura de medidas cautelares; sin embargo, apela a que la Corte debe atenerse a los principios generales del derecho y al principio pro persona a que se refieren los artículos 1o constitucional y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Fuentes Velázquez hizo un último llamado al Pleno de la Corte para que fije una posición a favor de que se respete la independencia del Poder Judicial y que “ejerzan todas las acciones necesarias para conservar la separación de poderes” para asegurar que “no se elimine el sistema de contrapesos entre los poderes de la Unión”.