Murillo Karam, Zerón, Abarca... ¿dónde están los políticos que estuvieron involucrados en el caso Ayotzinapa?
A 10 años de los hechos son pocos los funcionarios de alto nivel los que han sido detenidos y ninguno ha recibido sentencia por el caso de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa
Desde el 26 de septiembre de 2014 que fueron desaparecidos los 43 estudiantes de la Normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, distintas autoridades de nivel local, estatal y hasta federal estuvieron involucrados en los hechos y en la manipulación de evidencia que resultó en la llamada “Verdad Histórica”, la primera explicación brindada por el Gobierno mexicano respecto al paradero de los jóvenes.
A 10 años de la desaparición de los normalistas, sólo algunos de ellos han sido detenidos, mientras que otros están prófugos de la justicia o todavía formaban parte de la función pública en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
A través de diligencias y con el apoyo de peritos extranjeros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), se han podido identificar a los políticos que presuntamente participaron en la desaparición y en el encubrimiento de los hechos reales, entre ellos el exprocurador de la República, Jesús Murillo Karam; y el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón.
De acuerdo con el último informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ) del Gobierno federal, se encuentran detenidas 132 personas relacionadas al caso, entre quienes hay miembros del grupo delictivo “Guerreros Unidos”, policías federales, estatales y de diversos municipios; exfuncionarios de la antes Procuraduría General de la República (PGR), elementos de la Sedena, entre otros.
Murillo Karam, el primer alto funcionario detenido por Ayotzinapa
Jesús Murillo Karam, exprocurador de la República, es conocido por haber acuñado el concepto de “Verdad Histórica”, utilizada para referirse a la explicación oficial que dio como jefe de las investigaciones de la desaparición de los normalistas.
En un primer momento, el Gobierno de México dijo a los padres y madres de los normalistas que los estudiantes habían sido entregados por policías municipales a miembros del grupo delictivo “Guerreros Unidos”, quienes posteriormente asesinaron e incineraron a los 43 jóvenes en el basurero de Cocula.
Los hechos fueron refutados por investigaciones periodísticas, los hallazgos de peritos independientes como el GIEI y más recientemente, la Comisión para el Caso Ayotzinapa del Gobierno de López Obrador.
El exprocurador fue detenido por su participación en el caso en agosto de 2022, por los delitos de desaparición forzada, tortura y en contra de la administración de justicia. Murillo Karam estuvo detenido dos años, antes de que un juez le permitiera continuar su proceso con la medida de prisión domiciliaria debido a su estado de salud.
La “Junta de Autoridades”, los creadores de la Verdad Histórica
En el segundo informe de la CoVAJ, publicado en 2023, se dio a conocer que diversos funcionarios de alto nivel participaron en una reunión en Los Pinos, Ciudad de México, denominada la “Junta de Autoridades”.
“La ‘verdad histórica’ fue una construcción desde el Gobierno Federal, en la que participó la denominada ‘Junta de Autoridades’ para dirigir la investigación del caso Ayotzinapa”, se lee en el documento, con base en información proporcionada por Tomás Zerón.
Incluyendo a Tomás Zerón y Jesús Murillo Karam, fueron 9 las personas presentes ese día: el Presidente Enrique Peña Nieto; el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; el secretario de la Defensa Nacional, el General Salvador Cienfuegos; y el secretario de la Marina, el Almirante Vidal Francisco Soberón.
De los más altos funcionarios, el exprocurador es el único detenido, mientras que existe una solicitud de extradición para Zerón por los supuestos delitos de tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia, ya que se encuentra prófugo en Israel desde 2019.
Políticos federales fueron liberados y hasta premiados pese a caso Ayotzinapa
El expresidente priista Peña Nieto actualmente vive en España, donde se ha mantenido fuera de los reflectores salvo por la publicación de entrevistas que le hizo el reportero Mario Maldonado, compiladas en un libro titulado “Confesiones desde el exilio: EPN”.
Miguel Ángel Osorio Chong fue senador desde 2018 hasta el pasado 31 de agosto, inicialmente por el PRI y posteriormente sin partido. Recientemente, fue visto en el tercer informe de gobierno del Gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González.
El exsecretario de la Sedena, Salvador Cienfuegos, fue detenido en Los Ángeles, Estados Unidos en 2020, bajo cargos de narcotráfico y lavado de dinero. Un año después, el Gobierno mexicano logró su extradición con la intención de investigarlo en territorio nacional, pero fue exonerado por la FGR y posteriormente liberado.
En octubre de 2023, el general fue condecorado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador con motivo de sus contribuciones al Heroico Colegio Militar, en el marco del bicentenario de la institución.
El Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz no ha regresado a la administración pública.
También fueron señalados como asistentes de la “Junta de Autoridades” el jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño; el director del CISEN, Eugenio Ímaz Gispert; y el encargado del despacho de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Jorge Hugo Ruiz Reynaud.
Nuño, quien también fungió como Secretario de Educación Pública en el sexenio de Peña Nieto, intentó ser diputado del PRI en estas últimas elecciones por vía plurinominal, aunque no fue exitoso.
Por su parte, Ímaz libró una vinculación a proceso en el 2022 por presunto ejercicio indebido del servicio público, pues se le acusó de haber ocupado el cargo de ministro en la Embajada mexicana en España sin tener el título de licenciatura.
Bajo su administración, el órgano mexicano de inteligencia compró el programa de espionaje Pegasus, con el cual se espió ilegalmente a defensores de derechos humanos, activistas y periodistas.
Ruiz Reynaud tampoco ha sido procesado o cuestionado por su presunta participación en esta reunión donde se pactó la “verdad histórica”, aunque fue removido de su cargo meses después de convertirse en encargado del despacho, en febrero de 2015.
Reunión de funcionarios y militares en Guerrero implicaría a Omar García Harfuch y Ángel Aguirre
Además de la “Junta de Autoridades”, la CoVAJ expuso que hubo distintas reuniones realizadas en el 27 Batallón de Infantería en Iguala, en las cuales participaron mandos militares y servidores públicos, entre los cuales habrían estado el actual Senador Omar García Harfuch y el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre.
Según lo documentado por la Comisión, entre el 7 y 8 de octubre de 2014 –días después de que el caso Ayotzinapa fuera atraído por la PGR– se reunieron 24 funcionarios, entre quienes estaban comandantes del Ejército, el gobernador guerrerense; el secretario de Seguridad Pública estatal, Leonardo Octavio Vázquez; el Procurador General de Justicia local, Iñaki Blanco; y García Harfuch, quien en ese entonces se desempeñaba como comisario de la Gendarmería de la Policía Federal.
En el sitio también habría estado Gualberto Ramírez de la SEIDO; así como múltiples directivos de la antes PGR.
De los políticos señalados de haber participado en esas reuniones, únicamente García Harfuch sigue vigente en la administración pública, al haber sido electo Senador por la Ciudad de México en las elecciones del pasado 2 de junio, aunque a partir del 1 de octubre será parte del gabinete de la Presidenta electa Claudia Sheinbaum, como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
El exgobernador Aguirre actualmente encabeza la corriente Izquierda Progresista Guerrerense, que busca convertirse en un partido político con registro local; en tanto que Iñaki Blanco libró una orden de aprehensión girada en 2022 en su contra por el Caso Ayotzinapa.
Los detenidos
Uno de los primeros políticos que fue señalado y detenido por el Caso Ayotzinapa fue el presidente municipal de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, quien fungió en el cargo de 2012 a 2014.
El funcionario fue ligado al grupo delictivo “Guerreros Unidos”, y fue aprehendido junto con su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, también exdirectora del DIF local, en noviembre de 2014.
Abarca se encuentra detenido y fue sentenciado a 92 años de prisión por el secuestro de seis activistas en Iguala, y aún cuenta con varios procedimientos penales abiertos por cargos como delincuencia organizada, secuestro y homicidio. En 2022, fue absuelto de su presunta responsabilidad en el caso Ayotzinapa por un juez de Tamaulipas.
En la administración local también estaba el secretario de Seguridad Ciudadana municipal, Felipe Flores Velázquez, quien fue detenido en octubre de 2016 por el secuestro de los 43 normalistas; y posteriormente se abrieron otros procesos en su contra por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada.
También fue aprehendido en mayo de 2015 el subdirector de la policía municipal, Francisco Salgado Valladares, aunque fue liberado tres años después por una mala investigación del gobierno de Peña Nieto, detalló Vidulfo Rosales. José Ulises Bernabé, quien era juez de barandilla en la base de la Policía de Iguala, también está prófugo de la justicia.
El Secretario de Seguridad Pública, Leonardo Octavio Vázquez, fue detenido en 2022 por el delito de delincuencia organizada y acusado de omisión en la desaparición de los 43 estudiantes.
Un año después fue aprehendido el extitular de la Unidad Antisecuestros de la SEIDO, Gualberto Ramírez Gutiérrez, por la supuesta comisión de desaparición forzada, tortura y coalición de servidores públicos, en el Caso Ayotzinapa. El exfuncionario fue partícipe de las investigaciones de la desaparición de los estudiantes normalistas hasta su renuncia a la SEIDO en julio de 2019.
“No se materializó una acción penal a raíz del segundo informe de la CoVAJ”, lamenta abogado
El abogado de las familias de los 43 normalistas, Vidulfo Rosales, lamentó que los procesos judiciales en el caso Ayotzinapa sean tan lentos y hayan sufrido varios reveses judiciales, que han resultado en cambio de medidas cautelares o incluso la liberación de algunos funcionarios.
“Hasta el día de hoy, no tenemos condena alguna”, expuso en entrevista el abogado.
Rosales recordó que el Gobierno mexicano no dio seguimiento a las líneas de investigación que arrojó la CoVAJ y que apuntan al involucramiento de mandos altos como el expresidente Enrique Peña Nieto; su Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; y el entonces Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.
“No le han dado ruta judicial a este tema, se quedó todo en el segundo informe que hizo Alejandro Encinas, cuando era todavía presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia”, señaló Vidulfo Rosales sobre el tema.
“No se materializó en una acción penal o una línea de investigación que se abriera al respecto, que es muy importante, el cómo se construyó la verdad histórica. (...) Nosotros lo estuvimos solicitando, pero el gobierno ya no le dio seguimiento y desdeñó esa línea de investigación”.
Debido a ello, el defensor de derechos humanos hizo un llamado a que Claudia Sheinbaum, una vez que tome posesión como la Presidenta de México, se reúna con ellos para dialogar y trazar un nuevo mecanismo de justicia, que considere todas las líneas de investigación posibles, incluyendo la posibilidad de que Omar García Harfuch, próximo Secretario de Seguridad federal.