Matrimonio igualitario, realidad en 29 estados; faltan Guerrero, Tabasco y Tamaulipas

Seis entidades en 2021 y tres en lo que va de 2022, además de aquellos estados donde se permite por orden ejecutiva o por amparos ante la Corte, han ampliado el mapa del matrimonio entre personas del mismo sexo a todos los rincones del país; los activistas son optimistas de que pronto todas las entidades reconozcan el derecho de todas las personas

MÉXICO.– México dio un paso más este martes en el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTQ+ cuando en el Estado de México se aprobó el matrimonio igualitario, que brinda las protecciones comunes de la institución a personas del mismo sexo, convirtiéndose en la entidad 29 de 32 de la república en donde es posible.

En los últimos años, la ola de color arcoíris ha sido imparable en todas las zonas del país. Todo comenzó en 2009, cuando la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal reconoció el matrimonio entre personas del mismo sexo, al definirlo como la “unión libre entre dos personas”.

La capital del país legisló años antes de la histórica decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que en 2010 resolvió que el matrimonio, “definido como la unión exclusivamente entre un hombre y una mujer, con fines de procreación, es inconstitucional y promueve la desigualdad”.

“Definitivamente las adecuaciones legislativas en los estados son una gran deuda, ya la Suprema Corte dijo que cualquier ley estatal que impida el matrimonio igualitario es una ley inconstitucional. El avance del reconocimiento del matrimonio igualitario en México es tremendamente importante no sólo porque reconoce nuestras uniones y nuestras familias, sino también porque es un derecho que nos da acceso a otros derechos, como el derecho a la salud, a la vivienda, nos da certeza jurídica, eso es muy importante“, señaló César Briceño Castro, activista y dirigente del Colectivo para la Protección de Todas las Familias en Yucatán, en entrevista con SinEmbargo.

En diciembre de 2019, eran 17 entidades federativas las que reconocían el matrimonio igualitario en sus legislaciones; 12 de ellas a través de reformas a sus códigos civiles o familiares, Baja California Sur, Ciudad de México, Campeche, Coahuila, Colima, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, San Luis Potosí, Oaxaca y Quintana Roo, y cinco, Aguascalientes, Chiapas, Jalisco, Nuevo León y Puebla, a través de acciones de inconstitucionalidad resueltas por la SCJN.

Para la segunda semana de octubre de 2022, ya son 29 estados que permiten el matrimonio igualitario. En 22 de ellos se realizaron modificaciones a las legislaciones locales, ya fueran códigos civiles o familiares, en el Congreso de cada entidad, por lo que están reconocidos totalmente.

En 2021, seis congresos locales aprobaron las uniones matrimoniales entre personas del mismo sexo (Sinaloa, Baja California, Yucatán, Querétaro, Sonora y Zacatecas). En 2022, hasta ahora, se sumaron además del Edomex: Veracruz y Jalisco. Durango, por su parte, permite los matrimonios igualitarios por orden ejecutiva del Gobernador, como ya lo hicieran en años pasados Chihuahua y Guanajuato.

“Es un tema que debería ser de urgencia para las entidades que restan para reconocer nuestras uniones y legislar a favor del matrimonio igualitario y garantizar nuestros derechos”, completó el activista Briceño Castro.

En Guerrero, Tabasco y Tamaulipas el matrimonio civil “sigue estando consagrado a la unión de un hombre y una mujer y las parejas del mismo sexo requieren tramitar un juicio de amparo para poder contraer matrimonio civil”, explica el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado, en su reporte sobre matrimonios igualitarios de este año.

“No puede seguir prevaleciendo en nuestro país que, en algunos estados o entidades federativas, se goce de un amplio abanico de derechos, en tanto que en otros se sigan imponiendo restricciones al reconocimiento o ejercicio de derechos por razón de la orientación sexual, pues ello violenta los derechos humanos y atenta contra la dignidad de las personas”, concluye el documento del IBD.

UN TRIUNFO COLECTIVO

Para Briceño Castro, el avance de este tipo de legislaciones y del reconocimiento cada vez mayor de los derechos de la comunidad LGBTQ+ es, sin dudas, el resultado de la lucha de los colectivos y las organizaciones de la sociedad civil. “No se le deben a ningún partido ni se le deben a ningún político en particular, es la lucha de la sociedad civil que han arrebatado, han exigido, y estamos viendo la culminación de esa lucha”, dijo.

Con tan pocas entidades –tres de ellas– todavía sin “abrirle la puerta” a los matrimonios igualitarios, el activista reconoció que sería “deseable” que los 32 entidades estuvieran en sintonía antes de 2024, cuando se renueva la Presidencia del país. “Siempre hemos dicho que los derechos de las personas LGBT no deben estar sujetas a tiempos políticos ni deben usarse como botín político ni como tema de plataforma”, resaltó.

“Vería importante que estados que faltan por reconocer jurisprudencia de SCJN lo hagan antes de los tiempos electorales porque en México, como bien sabemos, cuando comienzan estos procesos, todo se paraliza, y es un tema que sin dudas se vería estancado de no aprobarse, quizá hasta las siguientes legislaturas”, reconoció.

Las tres entidades son gobernadas ahora mismo por Morena, el partido en el poder, y también controlan sus congresos locales: con amplitud en Tabasco y con ligeras mayorías en Tamaulipas y Guerrero.

Apenas este martes, la cuenta oficial de Morena en Twitter exhortó a los legisladores de Morena a votar a favor del matrimonio igualitario en el Edomex. “Como representantes populares deben garantizar los derechos para todas, todos y todes”, señaló.

“AÚN FALTA MUCHÍSIMO”

Estos avances se compaginan con otros triunfos legislativos, por ejemplo el de este martes en el Senado, donde con una amplia y plural mayoría, se prohibieron las llamadas “terapias de conversión”, conocidas oficialmente como Esfuerzos por Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (Ecosig), un esfuerzo que comenzó en 2019 y que recién esta semana se pudo concretar en la Cámara Alta.

La reforma al Código Penal Federal y la Ley General de Salud mexicanos para también multar a quienes lleven a cabo estas “terapias” fue avalada con 62 votos a favor, dos en contra y 16 abstenciones en el Senado. Ahora, fue turnada a la Cámara de Diputados para su análisis y posible aprobación.

“Definitivamente han habido avances, la apertura que tiene actualmente la comunidad LGBT y el avance en el reconocimiento de nuestros derechos, la visibilidad que nos ha dado, ha abierto la tolerancia”, explicó Briceño Castro. “Pero también ha desatado nuevos discursos de odio, que realmente son los viejos discursos de odio, solo que ahora los ponen en un nuevo empaque a través de la transfobia”.

“Vemos estos grupos antiderechos con una nueva ola transfóbica, incluso tratando de dividir el movimiento feminista y el movimiento LGBT atacando exclusivamente a los trans. Este discurso ya lo hemos escuchado antes, se usaba contra los gays y lesbianas y ahora lo están redirigiendo”, ahondó el activista.

Y es que, argumentó, debido a que los discursos homofóbicos y lesbofóbicos tienen cada vez menos apoyo popular, la estrategia “ha consistido en redirigirlo hacia las personas trans”. “Es nuestro deber hacerle frente y denunciar estos discursos de odio que vienen incluso desde los partidos políticos, victimizando a personas trans”, aseveró.

En esa misma línea, Briceño asegura que “faltan muchísimas cosas para tener todos los derechos reconocidos, porque una cosa es que estén en papel y otra cosa es que estén totalmente superados”. Para el activista, la “gran deuda” que tiene México ahora es con la comunidad trans, con las personas trans y no binarias. “La Ley de Identidad de Género es la gran urgencia, es algo que ya debería estar legislado y garantizado, creo que no hay nada más importante para una persona que su identidad sea reconocida, es la gran lucha que queda, es contra lo que están los grupos antiderechos levantando campañas de odio”, concluyó.

Y es que, a la par de los sustanciales avances para la comunidad LGBTQ+, la situación entre sus miembros se ha complicado en los últimos tres años, pues los suicidios en el país aumentaron 24 por ciento y la población entre 25 y 29 años es la que enfrenta la mayor incidencia, según cifras del estatal Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los riesgos se potencian en el grupo LGBTQ+, según reveló la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género del 2021, que encontró que 28.7 por ciento de los miembros de esa comunidad han pensado o han intentado suicidarse alguna vez a lo largo de su vida.

Estas cifras por momentos opuestas a los avances logrados refuerzan el punto de los expertos, que ven buenos signos entre la sociedad y en las legislaciones, pero que piden no bajar la guardia y seguir impulsando no sólo el reconocimiento de los derechos de todas las personas, sino también su protección.