Más de 117 mil personas aún esperan asilo en México

La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados enfrenta un rezago en sus respuestas, ante solicitudes que han venido en aumento desde el inicio de la pandemia

Más de 117 mil solicitudes de asilo permanecen pendientes de resolución en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar); de ellas, poco más de 13 mil 500 corresponden a las que quedaron rezagadas del periodo anterior al inicio de la pandemia de COVID-19 y el resto es posterior, informó la dependencia.

En tanto, en una década, la Comar ha resuelto —de manera positiva o negativa— un total de 148 mil 650 casos.

En febrero pasado, el coordinador de la Comar, Andrés Ramírez, explicó que, inicialmente, la distinción entre casos pendientes y rezagados consistía en que los segundos eran los que excedían el término estipulado por la ley, es decir, 45 días a los que de ser necesario se suman otros 45 para un total de 90. Mientras, los pendientes eran los no resueltos pero aún dentro del plazo legal.

“Sin embargo, desde que inició la pandemia y la declaración de la jornada de sana distancia, la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado a través del cual, por el tema de las aglomeraciones y las firmas, que generaba mucho riesgo de contagio, se suspendieron los plazos, por lo que los rezagos son aquellos que hayan llegado antes de la declaración de marzo de 2020, y los pendientes son aquellos que están no solamente rezagados, sino que todavía no les damos respuesta”, dijo Ramírez.

Aunque en ese momento no se especificó la cifra, posteriormente la dependencia informó a Animal Político que se trata de un total de 117 mil 478 casos, de los cuales 103 mil 932 se clasificaron como pendientes y 13 mil 546 como rezagados.

En ambos casos, son personas que aún están a la espera de resolución de su solicitud de asilo en México. En la última actualización de sus estadísticas, al 14 de marzo, la Comar reportó que las tres principales nacionalidades solicitantes son personas de origen haitiano, hondureño y venezolano.

De acuerdo con la versión más reciente de esas cifras, donde solo se informan los casos resueltos —positivo, negativo o protección complementaria—, en los últimos 10 años (2013-2023) han sumado 148 mil 650; de ellos, 96 mil 402 han sido reconocidos como refugiados, 9 mil 121 han recibido protección complementaria y 43 mil han sido rechazados.

Las personas beneficiarias de protección complementaria son aquellas que, ante una resolución negativa, reciben una protección más amplia según lo previsto por la ley.

“No se les rechaza de forma automática, sino que puede haber un sector de estos que fueron negados que puede analizarse, examinarse, y ver si esta persona podría correr riesgo su vida en caso de que lo retornaran a su país de origen. En el caso de que este análisis concluya eso, no se le reconoce como refugiado, pero se le da el beneficio de la protección complementaria”, explicó Ramírez.

Durante la última década, los tres países que han recibido el mayor número de casos positivos son Honduras (43 mil 944), Venezuela (22 mil 758) y El Salvador (14 mil 186), mientras que Haití —con un incremento creciente en solicitudes— se ubica en el sexto puesto con solo 2 mil 931 positivos, 2 mil 030 de protección complementaria y 12 mil 700 negativos, el primer lugar en número de rechazados. Mientras Venezuela ha tenido una tasa de positividad del 96%, Honduras del 76% y El Salvador del 65%, la de Haití es de apenas 16 por ciento.

En tanto, apenas este 6 de abril el Instituto Nacional de Migración (INM) informó que entre el 17 de marzo y el 5 de abril otorgó 2 mil 320 tarjetas por razones humanitarias a migrantes extranjeros que acampaban en las inmediaciones de la Comar en la Plaza Giordano Bruno de la alcaldía Cuauhtémoc de la capital del país; 539 eran mujeres, mil 189 hombres y 592 menores de edad de Haití, Chile, Venezuela, Brasil, Ecuador, Honduras, Colombia, Cuba, Nicaragua, República Dominicana, El Salvador, Perú, Bolivia, Pakistán, Irán, India, Afganistán, Angola, República Democrática del Congo, Nigeria, Senegal, Camerún, Guinea, Mauritania y Francia.

De ellos, según el INM, mil 190 se trasladaron voluntariamente al albergue del Bosque de Tláhuac para recibir las tarjetas, mientras que el resto fueron trasladados a las ciudades de Pachuca, Cuernavaca, Querétaro, Tlaxcala y Toluca. El viernes 7 de abril, personas en situación de movilidad aún seguían arribando a la Plaza Giordano Bruno, y este lunes 10, 450 fueron llevadas al albergue de Tláhuac, con lo que la plaza quedó despejada, informaron autoridades de la Ciudad de México.

Animal Político publicó que, mientras las solicitudes de asilo han mantenido una tendencia al alza, la tasa de aceptación en contraste cayó nueve puntos, de 70 por ciento a 61 por ciento al cierre del año pasado. Por nacionalidad, la caída en la tasa de respuestas positivas fue más pronunciada entre las personas de origen haitiano. Mientras que en 2020 y 2021 el indicador fue de 22 por ciento y 23 por ciento, respectivamente, durante 2022 solo el 13 por ciento recibió una resolución positiva de admisión al país.

Haitianos enfrentan violaciones a derechos

Pierre Mailleky, Sherly Mertil y su hijo llegaron a Tapachula, México, en 2019. Ahí se enfrentaron a una detención en la estación migratoria Siglo XXI. El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova les dio acompañamiento para iniciar todos los procesos para acceder a la solicitud de asilo y ser reconocidos como refugiados.

Después de recibir un oficio de salida de la estación migratoria —ya iniciado su procedimiento—, en 2020, cuando estaban a punto de cumplir seis meses en México, fueron detenidos nuevamente, llevados a la misma estación y posteriormente trasladados a la de Acayucan, Veracruz, ante la sobrepoblación de la primera. Una vez ahí, el INM no se percató o no consultó en su sistema que ya existía un proceso iniciado ante la Comar, por lo que —sin proveerles un intérprete— les deportó inmediatamente.

El caso fue llevado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que en su recomendación 80/2021 determinó que los derechos a la seguridad jurídica, a la legalidad, al principio de no devolución y al interés superior de la niñez habían sido violados a las tres personas en contexto de migración. Después de casi cuatro años, hace unos días la familia recién regresó a México para reivindicar su derecho al asilo.

“Lo que me pasó es algo que no puedo terminar de explicar, porque dejé mi país en unas circunstancias bien determinadas, porque mi vida estaba amenazada en Haití y estaba obligado a dejar Haití y llegar a República Dominicana. Cuando llegué ahí, mi vida seguía con amenazas; entonces, mi esposa me ayudó a llegar a Chile”, relató Pierre en su regreso a México.

“Una vez ahí, estaba obligado a invitar a mi esposa e hijos porque la vida no estaba fácil para ellos. Cuando llegaron, la situación estaba muy complicada; entonces, agarramos el camino para llegar a México. Pasé como 12 días caminando, sin comer, nada más tomaba agua porque no tenía suficiente fuerza, y cuando me sacaron (de la estación migratoria), me comentaron que tenía que ir a firmar cada lunes y jueves”.

Pierre recordó cómo en 2020 solo le faltaba una cita para obtener su residencia. Un 4 de febrero, mientras estaba en un parque buscándose la vida, vio a agentes de Migración y le comentaron que le podían ayudar a obtener sus papeles. En cambio, lo encerraron.

“Después de nueve días, me pasaron a otra estación, otra prisión; me informaron que estaba ahí para que me deportaran. Tenía todos los papeles de la Comar, todas las firmas, y me dijeron que tenía que arreglar mis papeles, me amenazaban con pegarme y a las 3:00 de la mañana me pusieron en un avión para deportarme a Haití”, narró.

Brenda Ochoa, directora del Fray Matías, señaló en el reciente regreso de la familia que lo sucedido es muestra de miles de personas que enfrentan lo mismo y que no han tenido la oportunidad de hacer todo lo necesario para quedarse en el país. La experiencia de la familia de Pierre, dijo, es muestra de las violencias sistemáticas tanto en las estaciones migratorias como en el sistema de asilo en México, que no hace efectivo el derecho de las familias.

Ahora, la organización llama a que se cumplan las medidas de restitución de derechos señaladas en la recomendación 80/2021 de la CNDH, no solo para restituir los derechos de la familia, sino para que se establezca un precedente para todas las personas que están en la misma situación y otras que han sido deportadas a Haití en las mismas condiciones y bajo los mismos supuestos antes y después de 2019.

Ante la evidencia de la llegada de más familias haitianas a México, destacó la organización, así como su detención y exposición al escrutinio de señalar que no tienen las condiciones para solicitar asilo o la obstaculización para acceder a ese derecho, se vuelve aún más importante cumplir con todas las medidas en el caso de la familia de Pierre. Del mismo modo, recordó que muchas de las personas detenidas en estaciones migratorias requieren protección internacional y es obligación del INM detectar esos casos y remitirlos a la Comar.

“Hay muchísimas personas también que están esperando una resolución. Hacemos un llamado a que se puedan implementar procedimientos acelerados para aquellas personas que es evidente que requieren protección internacional, para que puedan acceder lo más pronto posible a este estatus de refugiado, y también que se garanticen todos sus derechos: que puedan tener acceso a la documentación, a un trabajo, vivienda digna y educación”, reclamó Ochoa.