La campaña para llevar a juicio a los expresidentes ya empezó, hoy

Faltan menos de dos meses para que se realice la consulta popular con la que se pretende recabar si los electores desean indagar a los exmandatarios del “periodo neoliberal”: Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Ciudad de México, junio (SinEmbargo).- Ciudadanos y organizaciones relanzaron este día la campaña para promover la consulta popular que determinará si los expresidentes mexicanos son juzgados o no, la cual se llevará a cabo el próximo 1 de agosto.

“Este evento lo convocamos para relanzar la campaña ‘Juicio Sí, Impunidad No’, que lanzamos el 1 de marzo de este año y que forma parte de una iniciativa que diversos ciudadanos y ciudadanas comenzamos en septiembre del año pasado con la recaudación de firmas a nivel nacional”, dijo Omar García, activista y sobreviviente del ataque a normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014.

“Tenemos que hacer un esfuerzo en un ambiente difícil y complejo. La derecha saldrá a votar. Tratarán de impedir que la consulta transcienda”, dijo el productor.

“Se van a lanzar contra la consulta los opinadores, los columnistas, los presentadores de radio y televisión. Después, cuando vean que la consulta es imbatible, van a salir a votar por el no. Nosotros tenemos que promover el sí, por la razón, por la moral y por la verdad. Cada hora cuenta”, añadió.

En septiembre del año pasado, el Presidente no esperó a que los ciudadanos presentaran sus 1.8 millones de firmas recolectadas y él mismo envió un documento que preparó junto con su Consejería Jurídica para solicitar la consulta popular a los expresidentes.

Aunque en el documento insiste en que está en contra de la acción, enlistó las piedras que cargan los expresidentes de lo que él llama “periodo neoliberal” y que abarca los años 1988-2018, cuyos gobiernos fueron emanados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN).

Los nombres de los hombres que gobernaron México en esos años sin duda causan agrura a más de uno; son referente de sufrimiento y coraje por la manera en cómo manejaron el poder y se llevaron en el ruedo a millones de personas, de familias completas.

El 1 de octubre de 2020, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio seis votos a favor de la iniciativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador para realizar una consulta popular para decidir si se enjuicia o no a cinco expresidentes de México.

Esta semana, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) de México rechazó el reclamo del Instituto Nacional Electoral (INE), que exigía más recursos para hacer la consulta pública sobre investigaciones a exmandatarios que propuso el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

La Corte declaró infundada la controversia constitucional que interpuso el INE, por lo que el organismo deberá organizar con sus recursos actuales la votación del 1 de agosto en la que los ciudadanos decidirán si quieren abrir investigaciones contra acciones de los expresidentes.

La Primera Sala de la SCJN informó que no existe una obligación del Congreso para establecer “los recursos económicos con los que el INE deberá llevar a cabo la organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la consulta popular”.

El fallo ocurre a menos de dos meses de que sea la consulta popular con la que López Obrador pretende recabar si los electores desean indagar a los exmandatarios del “periodo neoliberal”: Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

“¿Estás de acuerdo en que se lleven a cabo acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos y garantizar la justicia y derechos de las posibles víctimas?”, es la pregunta que avaló la Suprema Corte.

Pero el INE ha denunciado que la Secretaría de Hacienda le recortó de 870 millones de pesos (43.5 millones de dólares) a su presupuesto, pese a que este mismo año debía organizar las elecciones intermedias del 6 de junio, las más grandes en la historia del país, y esta consulta.

Por ello, el organismo electoral impugnó la realización de la consulta popular “tras estimar que con su aprobación y expedición el Congreso de la Unión violó su autonomía constitucional y presupuestaria”, según el informe de la SCJN.

El costo y la validez de la consulta de López Obrador ha recibido críticas de los opositores, quienes la tachan de un “capricho” del Presidente.

En octubre de 2020, según estimaciones del propio INE, realizar la consulta supondría un gasto de mil 500 millones de pesos (unos 75 millones de dólares) aunque ahora, con ajustes, sería de 890 millones de pesos (unos 44.5 millones de dólares).

El 6 de abril, el INE propuso a la Secretaría de Hacienda mexicana la instalación de unas 91 mil casillas para realizar la consulta, casi 70 mil menos que las 163 mil instaladas en en las elecciones del domingo pasado.

El presidente del INE, Lorenzo Córdova, había argumentado que no podría realizar la consulta sin el presupuesto especial.

“No se puede autorizar la utilización de recursos que este Instituto hoy no tiene”, sostuvo en abril.

-Con información de EFE.