Juez niega prisión domiciliaria a Murillo Karam por motivos de salud
El juez expuso que el ex titular de la PGR está recibiendo atención médica en el sistema penitenciario
Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, negó este viernes a Jesús Murillo Karam -ex Procurador General de la República- concederle el beneficio de la prisión domiciliaria por su estado de salud.
El juzgador rechazó modificar la medida cautelar argumentando que la salud del ex funcionario federal no fue una de las razones que él consideró imponerle la prisión preventiva justificada.
Fuerte Tapia también resolvió que permanecerá en la Torre Médica del Centro Femenil de Reinserción Social “Tepepan”, en la Ciudad de México, para recibir tratamientos médicos especializados, hasta que su condición clínica se restablezca por completo.
“Lo objetivo es que el señor justiciable requiere de atención y observación médica y que ésta se le está dando y que para ello no es el mejor sitio su domicilio”, dijo Fuerte Tapia.
El juez agregó que en cuanto Murillo Karam se recupere, tanto los médicos tratantes, como la Fiscalía General de la República deberán entregar sus respectivos informes, para establecer si debe continuar internado en un nosocomio o regresar a su celda del Reclusorio Preventivo Varonil Norte.
Fuerte Tapia amplió por tres meses el plazo de la investigación complementaria del proceso contra el ex titular de la PGR, motivo por el que la defensa y la Fiscalía General de la República tendrán hasta el 24 de febrero de 2023, para recabar sus respectivos datos de prueba.
El juez dijo que cuando le impuso la prisión preventiva justificada a Murillo Karam, el 20 de agosto de 2022, lo hizo con base en la trascendencia de la investigación en la que está implicado y en el perfil del imputado, no en su estado de salud.
Según Fuerte Tapia, loss dos aspectos que tomó en cuenta incluyen los múltiples cargos de primer nivel que desempeñó como servidor público, una red de apoyo, sus varios domicilios -uno de ellos había estado oculto-, sus ingresos y tener el pasaporte vigente.
También, la gravedad y las características de violencia de los delitos, el riesgo de que pudiera influir en peritos y agentes que fueron sus subordinados en la PGR, trastocando la investigación e impidiendo el conocimiento de la verdad de los hechos.
Fuerte Tapia refirió, además, que para modificar la medida cautelar, antes debía demostrarse que dichas condiciones enumeradas habían cambiado.
“Como yo no sostuve en momento alguno que la prisión preventiva justificada iba a descansar en la cuestión de la salud, las condiciones no han cambiado. No estoy reiterando la medida cautelar, esas son las condiciones que debieran haber cambiado”, insistió el juez.
“Las enfermedades ya se conocían desde la audiencia inicial. Otro tema objetivo es que le han dado tratamiento al justiciable, que hubo una operación quirúrgica y fue exitosa [...] No es procedente que lo interne en un centro hospitalario, porque ya lo está”, agregó.
Asimismo, desestimó el argumento del bloqueo de las cuentas, porque no es definitivo y pueden descongelarse mediante demandas judiciales.
Los resolutivos de Fuerte Tapia fueron dictados durante una audiencia que inició a las 19:34 horas del 2 de diciembre. Murillo Karam compareció por videoconferencia desde la Torre Médica del Centro Femenil de Reinserción Social “Tepepan”, donde se encuentra recluido desde el 29 de noviembre, para continuar con sus tratamientos clínicos.
El ex funcionario apareció con una chamarra color caqui y una sonda de oxígeno en la nariz. Sólo habló una vez, cuando el juez le preguntó si tenía inconveniente en que se le mencionara por su nombre o por sus iniciales “JMK”.
La defensa, encabezada por Elvia Marina Vázquez Mendoza y Javier López García, pidieron la libertad provisional con brazalete electrónico y la entrega del pasaporte, como medidas sustitutivas de la prisión preventiva justificada para su cliente.
Los litigantes puntualizaron que, en caso de no ser aceptada su pretensión, le permitieran llevar su proceso en prisión domiciliaria, porque tendría todas las atenciones médicas.
Los abogados detallaron que el estado de salud de Murillo Karam hacía inviable cualquier posibilidad de fuga y que la Unidad de Inteligencia Financiera había bloqueado sus cuentas bancarias, lo que restringía aún más su movilidad.
Los litigantes acompañaron su solicitud con varios oficios, dictámenes periciales y notas médicas de diversos hospitales, así como los servicios médicos penitenciarios.
Los documentos indican que en 11 ocasiones fue atendido en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, una de ellas por una crisis hipertensiva. Asimismo, que seis veces fue excarcelado para trasladarlo a una clínica y que en una de esas fue operado de las carótidas. También, que su edad biológica es de más de 80 años de edad, aunque tiene 74.
Sin embargo, la FGR presentó 7 documentos, algunos de ellos peritajes y opiniones de una forense de la propia Fiscalía General dela República, que concluyen que la cirugía que le practicaron al ex funcionario federal era innecesaria, aunque reconoció que la operación fue un éxito y que mejoró significativamente su estado de salud, que ahora es “estable sin sintomatologías”.
“El estado de salud es mejor que el que tenía el 24 de agosto, cuando se le impuso la prisión preventiva justificada Alguien que dice: ‘que me evalúe un urólogo’, ¡claro que está consciente y en pleno dominio! Quiere la libertad con peritajes a modo y uno de ellos de oídas”, dijo la fiscal Lidia Bustamante Vargas, en relación a que una de las valoraciones médicas del imputado se hizo sobre sus documentos clínicos y no por una exploración directa.
Mientras que otro fiscal, también reviró a la defensa y dijo que las acciones de la UIF, lejos de favorecer a la causa de Murillo Karam, afectan a la Fiscalía General de la República.
El fiscal recordó que la tarjeta informativa que difundió la UIF a la prensa, el 15 de noviembre, se menciona que Murillo Karam recibió 2.8 millones de dólares, por concepto de un retorno de inversión del extranjero e hizo transferencias fuera de México por 26.5 millones de pesos, lo que confirma la suposición de que tiene recursos en el exterior que podrían financiar su fuga.