Juez echa abajo acusación contra Rosario Robles sin analizar desvíos desde dependencias
La defensa de la extitular de Sedesol y Sedatu logró que un juez federal determinara que la acusación en su contra era administrativa, no penal. No se analizaron los desvíos desde dependencias ni la posible responsabilidad de la exfuncionaria, pues el proceso no llegó a la etapa de juicio
Luego de tres años de proceso judicial, Rosario Robles, extitular de la Sedesol y la Sedatu, quedó libre de la acusación de ejercicio indebido de la función pública, después de que el juez Omar Paredes resolvió que los argumentos que sustentaban el caso eran administrativos y no penales, como lo fincó Fiscalía General de la República (FGR) en 2019.
Sin embargo, esta resolución no significa que se haya determinado la inocencia de la exsecretaria, puesto que el caso ni siquiera llegó a juicio para deslindar responsabilidades.
Se trata de la única acusación que la FGR había hecho en contra de una exsecretaria de Estado implicada en La Estafa Maestra, el esquema de corrupción mediante el que 11 dependencias de gobierno hicieron convenios con ocho universidades públicas para desviar dinero público a 128 empresas fantasma, argumentando la supuesta realización de servicios.
Hasta el momento, sigue pendiente la investigación de los desvíos, que sumaron 7 mil 670 millones de pesos de 11 dependencias, entre ellas, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en la que ‘se perdieron’ 2 mil 224 millones durante la gestión de Robles. Luego, cuando dirigió la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el esquema se repitió, y la suma desviada fue de mil 747 millones de pesos, según determinó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El fiscal Alejandro Gertz Manero aseguró, al inicio de su gestión en 2019, que La Estafa Maestra sería investigada como delincuencia organizada, lo cual habría significado realizar pesquisas para encontrar el destino final del dinero y determinar la responsabilidad de funcionarios de todos niveles implicados en el caso.
Sin embargo, tres años después, no hubo investigación contra los 10 extitulares de las dependencias involucradas ni contra su jefe directo, el expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Mientras tanto, el caso contra Robles, iniciado en agosto de 2019, terminó en la absolución del delito de ejercicio indebido de la función pública, mismo que la FGR fincaba en “omisiones” por parte de Robles durante su gestión.
Según la FGR, Robles debió haber avisado del desvío al entonces presidente Peña, su superior jerárquico, e impedir que las dependencias que encabezaba firmaran los convenios con universidades. Esta acusación limitó la investigación a faltas administrativas desde un inicio, sin seguir la ruta del dinero para encontrar a los beneficiarios finales del esquema de corrupción.
Aunque en 2020 la FGR abrió una investigación por delincuencia organizada en la que se encuentra Robles, y por la cual obtuvo una orden de aprehensión ese año, la fiscalía no hizo ninguna acción para cumplimentarla. En cambio, la exfuncionaria logró en 2022 una suspensión definitiva para evitar la captura. El resto de los acusados en dicha investigación son exfuncionarios que ocuparon cargos menores en Sedesol y Sedatu y prestanombres de empresas fantasma.
Los argumentos para la absolución
Luego de acudir a una audiencia el 12 de agosto de 2019, Robles fue recluida en el penal de Santa Martha Acatitla como medida cautelar por riesgo de fuga, pese a que el delito de ejercicio indebido de la función pública no ameritaba prisión preventiva.
En los años siguientes, su defensa —encabezada por el abogado Epigmenio Mendieta— interpuso una serie de recursos judiciales que derivaron en la resolución al recurso de revisión 260/2022 en el Noveno Tribunal Colegiado Penal del Primer Circuito, en la que los magistrados ordenaron la realización de una nueva audiencia para determinar si la acusación debía seguir la vía penal o administrativa desde un análisis pro persona, es decir, en mayor beneficio de la acusada.
Este viernes 24 de febrero se acató dicha resolución y el juez Omar Paredes encabezó la audiencia. Paredes se involucró en el caso por primera vez, luego del cambio que hubo con su colega Ganter Villar, quien había presidido las audiencias previas en las que negó beneficios a la exfuncionaria y siempre dio la razón a la FGR. Villar fue enviado a Apizaco, Tlaxcala, mientras Paredes fue asignado al juzgado del Reclusorio Sur de la Ciudad de México.
La audiencia inició poco después de las 10:00 de la mañana y, después de dar el contexto del caso, el juez Paredes estableció un receso que se alargó por dos horas para analizar el caso.
Al regresar a la sala de audiencias, a las 14:08 horas, comenzó a enlistar los criterios jurídicos que tomó en cuenta y que parecían apuntar contra la acusada, sobre todo cuando se refirió a que la acusación señalaba un “delito continuado”, pues las omisiones para impedir el desvío ocurrieron entre 2012 y 2015, cuando encabezó la Sedesol, y entre 2015 y 2018, cuando dirigió la Sedatu.
De hecho, al escuchar esto, tanto la defensa como Robles y sus acompañantes en la sala tenían el rostro serio y en momentos desencajado, previendo que la resolución no sería a su favor.
Sin embargo, al avanzar en su razonamiento jurídico, el juez explicó que el principio pro persona es relevante para el caso y para el país, toda vez que “México no es una isla” y debe cumplir con los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que es parte.
Por ejemplo, dijo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establece que el principio pro persona es que “la interpretación de una norma debe hacerse de la manera más favorable al ser humano” y bajo ese parámetro es que tomaba su decisión, y con esa visión resolvería.
Aclaró que para su resolución solo tomaría en cuenta los elementos contenidos en la acusación contra Robles y, con base en ello, determinar la naturaleza penal o administrativa de la misma, es decir, solo consideraba los argumentos para sostener la acusación por omisiones que había hecho la FGR en los más de tres años de proceso.
Explicó que el ejercicio indebido de la función pública que derivara en perjuicio de la hacienda pública estaba contemplado en el Código Penal Federal, pero también en la Ley de Responsabilidad Hacendaria.
A las 14:56 horas, Paredes dio su resolución: “En términos de los principios pro persona, interpretación conforme y control difuso de constitucionalidad, la conducta de la justiciable podrá ser sancionada conforme a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”. Es decir, descartó el proceso penal.
Robles, vestida con un saco rojo brillante y con un rosario del mismo color en el cuello, acudió a la audiencia y en cuanto escuchó la resolución de Paredes, lloró, igual que su hija, Mariana Moguel, quien se encontraba a su espalda.
Con ello, quedaron canceladas las medidas precautorias que seguía después de que fue liberada, por lo que ya no será necesario que acuda a firmar cada 15 días al penal de Santa Martha Acatitla y le será devuelto su pasaporte, por lo que no tendrá impedimento para viajar fuera del país.
El juez recordó que la FGR tiene la facultad de impugnar su decisión, pues “es lo bello de los tribunales”, y que en ese escenario habría una instancia superior para corregir si fuera el caso.
“No consideré patear el balón”, dijo, y señaló que “no hubo combate de la FGR” para determinar si la acusación era penal o administrativa.
Más tarde, la FGR informó que procederá penalmente contra el juez Paredes por esta resolución: “En el caso de la determinación tomada este día por el juez federal Roberto Omar Paredes Gorostieta y Femat del Reclusorio Sur, de sobreseer la causa a favor de Rosario ‘R’, con la misma se está actuando en contra de la ley y en contra de las constancias de autos; razón por la cual se inicia no solo la queja administrativa, sino el procedimiento penal correspondiente”.
Al salir de la audiencia, el abogado Mendieta explicó que esta resolución “significa que nos dan la razón que planteamos hace tres años, y de conformidad con los principios de control de constitucionalidad y pro persona, aquello que se tendría que llevar a cabo es un proceso administrativo, no un proceso penal; el tiempo que estuvo injustamente detenida Rosario Robles fue consecuencia de una arbitrariedad”.
En tanto, Robles afirmó que “al fin se hizo justicia”. “Yo no huí, yo no me fui, después de tres años, a mí no me han encontrado un solo peso que no haya obtenido fruto de mi trabajo, cumplí con todas las disposiciones. Hoy hay una retribución”, dijo.