Intentos de AMLO de debilitar al Poder Judicial amenazan economía de Norteamérica y democracia en México: WP

El diario The Washington Post señala que las consecuencias de ese impacto lo va a sufrir el Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo

“Los intentos del presidente mexicano de debilitar el Poder Judicial amenazan la economía de América del Norte, así como la democracia de México”, advirtió el diario estadounidense The Washington Post, en una editorial firmada por su Consejo Editorial, cuyos miembros son Editor de Opinión, David Shipley; Editor Adjunto de Opinión, Charles Lane; y, el Editor Adjunto de Opinión, Stephen Stromberg; así como los escritores Mary Duenwald, Shadi Hamid, David E. Hoffman, James Hohmann, Heather Long, Mili Mitra, Eduardo Porter, Keith B. Richburg y Molly Roberts.

Bajo el título “El Estado de derecho en México está en peligro. Estados Unidos tiene razón al intervenir”, indicó que si se acabara la independencia judicial en México por la reforma que quería instrumentar el Presidente Andrés Manuel López Obrador, las consecuencias políticas las pagaría el próximo Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo.

“Este enfrentamiento era necesario desde hacía tiempo. El jueves pasado, el Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, publicó una declaración en la que lamentaba el plan del Presidente Andrés Manuel López Obrador de debilitar el Poder Judicial mexicano mediante la aprobación forzosa de una legislación de ‘reforma’ antes de que termine su mandato el 30 de septiembre. Salazar calificó el plan como ‘un riesgo importante para el funcionamiento de la democracia mexicana’”, recordó.

“AMLO, como se le conoce al Presidente mexicano, respondió de inmediato. En una conferencia de prensa el viernes, denunció la ‘desafortunada e imprudente declaración’ de Salazar, que equivalía a ‘una falta de respeto a nuestra soberanía’”.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores mexicano envió una carta en la que reprendía a Estados Unidos por inmiscuirse en temas ‘que son estrictamente asuntos internos del Estado mexicano’”, indicó.

“Pero no es así. Lo que está en juego es la independencia judicial y el Estado de Derecho en un País que ha sabido muy poco de ambos durante su larga historia. El plan de López Obrador también podría frenar la integración económica de América del Norte. A través de su frontera compartida y su asociación en el marco del Acuerdo Comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, México y Estados Unidos tienen intereses mutuos en cuestiones que abarcan el comercio, la migración, el crimen organizado y la seguridad nacional”, abundó.

“Justifican la preocupación de Salazar de que la ‘reforma’ de López Obrador carece de las ‘salvaguardias que aseguren que el poder judicial se fortalezca y no esté sujeto a la corrupción de la política’ y ‘amenazará la relación comercial histórica que hemos construido, que se basa en la confianza de los inversionistas en el marco legal de México’. Estados Unidos tenía todo el derecho de intervenir, al igual que Canadá, a través de su Embajador, Graeme Clark, quien señaló que los inversionistas canadienses están ‘preocupados’ (López Obrador, como era de esperar, dijo que México también enviaría una carta de protesta a los canadienses)”, explicó.

“El plan de López Obrador incluye una aterradora ampliación de la lista de delitos por los cuales el Gobierno puede imponer prisión preventiva obligatoria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha argumentado anteriormente que la práctica viola los derechos humanos y exigió a México que ponga fin a esta práctica, que ya representa aproximadamente la mitad de los encarcelados en México. El plan también desmantelaría varios organismos independientes establecidos tras el advenimiento de la democracia multipartidista en 2000 para limitar el poder de la presidencia”, enfatizó.

“El capítulo que más preocupa a Salazar y Clark sería destituir a todos los miembros actuales del Poder Judicial federal de México, incluidos todos los magistrados de la Corte Suprema, y luego reemplazarlos mediante elecciones masivas en 2025 y 2027. Lo más probable es que el gobierno de López Obrador El partido Morena ganaría la mayor parte de los puestos”, dijo.

“Sin embargo, es probable que López Obrador se salga con la suya porque su partido obtuvo abrumadoras mayorías en el Congreso en las elecciones de junio. Está a tres (probablemente negociables) votos del Senado del número necesario para enmendar la Constitución. Su ungida sucesora como Presidenta, Claudia Sheinbaum, que ganó la Presidencia por abrumadora mayoría, hasta ahora apoya el plan”, explicó.

“Ambos afirman que el objetivo es extirpar la corrupción del poder judicial. Esto es una cortina de humo. El poder judicial de México a menudo se atrevió a resistir las políticas más caprichosas de López Obrador y las de su partido. Quiere derrotarlo de una vez por todas”, continúo el citado diario.

“Jueces, magistrados y empleados de tribunales federales en México se han declarado en huelga para oponerse a la propuesta. Los jueces fuera de México también están horrorizados. La Federación Latinoamericana de Magistrados solicitó una audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para discutir ‘el crítico estado de la independencia judicial en la región’. La reforma de López Obrador, argumentaba la solicitud, ‘aspira a someter a los jueces, infringiendo la independencia del Poder Judicial’”, dijo el WP.

“Sin duda, el sistema de justicia de México es disfuncional y corrupto. Pero los jueces son el blanco equivocado. Como argumentó Human Rights Watch, López Obrador y Sheinbaum ‘deberían abandonar su cruzada contra los jueces y comprometerse a mejorar el eslabón más débil del sistema de justicia de México: las fiscalías’. Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, señaló que politizar el poder judicial de México aumenta el riesgo de corrupción”, señaló.

“Sheinbaum todavía parece firmemente respaldar a su jefe y publica sobre la elección de algunos jueces en los estados de Estados Unidos. Sin embargo, eso no ofrece mucho apoyo a la causa de López Obrador. Votar para jueces federales es extremadamente raro en todo el mundo, precisamente porque socava la independencia judicial”, enunció el WP.

“La renuencia de Sheinbaum a discrepar con López Obrador es tal vez comprensible, dado el control que éste tiene sobre el aparato político del que dependerá su futura presidencia. Sin embargo, es una actitud miope. Si el intento de su patrón de poner en su lugar al poder judicial sale adelante, sus primeros meses (o años) en el cargo se verán eclipsados por una lucha por la independencia judicial y amenazará su estrategia económica declarada, que depende de la integración con la economía norteamericana”, argumentó.

“En ese sentido, Salazar y Clark ayudaron a su causa, pero ella debería encontrar una manera de expresar su desacuerdo con este plan con sus propias palabras. Sería una pena que la independencia judicial en México muriera porque Sheinbaum carece de independencia política respecto de López Obrador”, finalizó.

El domingo 25 de agosto, miles de trabajadores del Poder Judicial de la Federación, barras y colegios de abogados, así como organizaciones de la sociedad civil participaron en la “Marcha Nacional por la Independencia Judicial”, en varias ciudades del País, como parte de las manifestaciones de protesta contra la iniciativa de reforma judicial presentada, el 5 de febrero del mismo año, por el Presidente López Obrador, respaldada por Morena y sus partidos aliados, el Verde Ecologista Mexicano y el del Trabajo.

La movilización nacional ocurrió luego de que trabajadores de PJF, incluidos jueces y magistrados, declararon un paro de labores indefinido en un intento de detener la reforma impulsada por el político tabasqueño, que contemplaba como elemento fundamental el voto popular para elegir jueces, magistrados y ministros, con un proceso de preselección que incluye la tómbola.

En la Ciudad de México cientos de trabajadores se concentraron en Monumento a la Revolución para marchar rumbo al Zócalo capitalino, para denunciar que dicha reforma, que según los manifestantes, atentaba contra los derechos de los trabajadores, además de que lo que se pretende es eliminar la independencia del Poder Judicial de la Federación.

Entre las pancartas que portaban los manifestantes se leían frases como “La vida es una tómbola, la Justicia no”, “Poder Judicial contra la Arbitrariedad”, entre otras, que iban acompañados de consignas como la de “Si el pueblo se informa, no pasa la reforma”.

Portando banderas de México y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los manifestantes recorrieron las calles del centro de la capital de la República, gritando arengas como la de “No somos oposición, servimos a la Nación”.

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, presidida por Juan Ramiro Robledo Ruiz, se reuniría al mediodía del 26 de agosto de 2024, en el que sería el primero de dos días de discusión, para reformar el PJF.

El predictamen considera la elección directa de Jueces, Magistrados y Ministros, así como la reducción de 11 a 9 ministros de la SCJN y de 15 a 12 años sus períodos en el cargo. También contempla la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial, en sustitución del Consejo de la Judicatura Federal, con capacidad para sancionar a jueces, magistrados y ministros.

La intención de Morena y sus partidos aliados es que la nueva Legislatura del Congreso de la Unión, que se integrará el 1 de septiembre de 2024 y donde tendrían mayoría calificada en San Lázaro, aprobara el proyecto en sus primeras horas de funciones.