INE cierra caso de financiamiento ilegal de Odebrecht en campaña de EPN y Del Mazo

El INE argumentó que entre 2017 y 2020 se entregaron ocho solicitudes a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, de la FGR, y en todos ellos se negó a entregar información de sus expedientes relacionados con el tema

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró infundadas las denuncias por el supuesto financiamiento ilegal de la constructora brasileña Odebrecht, para las campañas electorales de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República y de Alfredo del Mazo Maza a la gubernatura del Estado de México, así como contra los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y el Verde Ecologista Mexicano (PVEM).

Ello por la omisión reiterada de la Fiscalía General de la República (FGR) para proporcionar pruebas del caso, para que la autoridad electoral pudiera maximizar el ejercicio de las facultades de investigación para probar los hechos denunciados.

El INE argumentó que entre 2017 y 2020 se entregaron ocho solicitudes a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), de la FGR, y en todos ellos se negó a entregar información de sus expedientes relacionados con el tema.

“En todos se ha negado la información bajo el mismo argumento: No proporciona la información, en virtud de que no se es parte dentro del procedimiento penal, por lo que aplica la prohibición que establece el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales”, argumentó la Unidad Técnica de Fiscalización del INE.

Durante su última sesión al frente del Instituto, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, acusó que estaban ante un caso de encubrimiento, opacidad y falta de colaboración con el órgano constitucional autónomo.

“Nos vemos obligados que cerrar este caso esperando, a ver si es cierto que los partidos o que los actores que descalifican a la autoridad, impugnan ante el Tribunal [Electoral del Poder Judicial de la Federación], para que abra la posibilidad de continuar con las indagatorias”, apuntó el consejero presidente del INE.

Durante la investigación, el PRI negó que de manera directa o a través de Emilio Ricardo Lozoya Austin, aportara recursos a las precampañas y campañas de Peña Nieto o de Del Mazo Maza. En tanto, la empresa Odebrecht Servicios Integrales de México, S. de R.L. de C.V, señaló que no aportó recursos de forma directa o a través de un intermediario al Revolucionario Institucional o al PVEM, ni a los entonces candidatos.

Asimismo, el Consejo General del INE detalló que Lozoya Austin se reservó el derecho a proporcionar información, toda vez que le asistía el derecho humano del principio de no autoincriminación. Mientras que Luis Videgaray Caso, ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), negó haber ordenado transferencias de recursos a supuestos consultores en la campaña de Peña Nieto, cuando fue candidato a la Presidencia de la República, en el 2012.

Al respecto, el consejero Ciro Murayama Rendón subrayó que el INE no había podido acceder a las carpetas de investigación de la FGR, a pesar de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), determinó que el secreto ministerial no era oponible al órgano constitucional autónomo.

“La verdad es que hemos enfrentado una actitud de muy poca colaboración, de opacidad, por parte de la Fiscalía General de la República. Yo espero que se pueda conocer el fondo del caso Odebrecht sin obstáculos políticos de la Fiscalía”, sostuvo Murayama Rendón.

La Unidad Técnica de Fiscalización del INE aseguró que, ante la negativa de la FGR, a finales del 2021 y en el 2022 el Instituto presentó diversos juicios electorales ante el TEPJF para presionar en la entrega de la información, y la Sala Superior del Tribunal determinó que el secreto ministerial no era oponible a la facultad fiscalizadora del órgano constitucional autónomo, por lo que le ordenó entregar la información.

Ante la omisión, el INE interpuso incidentes de incumplimiento, y los magistrados del TEPJF le dieron la razón, por lo que nuevamente acudió a la FGR, sin que atendiera su petición. En octubre del 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó una controversia de la Fiscalía General de la República para no entregar información a otras autoridades, pero los ministros la desecharon y dejaron vigente la sentencia del Tribunal.

El 3 de junio de 2019, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FISEL), de la FGR) resolvió que ya estaban prescritos los delitos relacionados con el supuesto financiamiento de Odebrecht a la campaña de Peña Nieto en el 2012, por lo que no ejercería la acción penal en cuanto a los hechos de dicho periodo.

Sin embargo, la FISEL estableció que estaban vigentes los ilícitos relacionados con el dinero que en 2014 Odebrecht transfirió a Lozoya Austin y que presumiblemente habría sido destinado al financiamiento del PRI en las campañas intermedias del 2015. Además de que tenía abiertos expedientes por presunto financiamiento ilícito en la campaña de Del Mazo Maza, en el 2017.

Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX) desde finales 2012 hasta febrero de 2016, habría recibido sobornos de hasta 10 millones de dólares de parte de la constructora brasileña Odebrecht, a cambio de beneficios indebidos por parte de la empresa petrolera, según una declaración de Hilberto Mascarenhas, responsable de Operaciones Estructuradas de la compañía.

Según el ex directivo de la constructora brasileña, el soborno lo habría sido solicitado Lozoya Austin durante una reunión realizada en noviembre de 2014 por Luis Weyll, director de Odebrecht México, y con la autorización de Luiz Mameri, director de Odebrecht en América Latina.