Indígenas pagan 40 pesos al mes en su red celular. Al IFT ya no le gustó: exige 1 millón, o les cierra
"La notificación se efectuó luego de que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones le negara la solicitud de exención del pago de derechos"
Ciudad de México, 18 de diciembre (SinEmbargo).– Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias, la primera y única red de telefonía móvil en México que ofrece llamadas celulares y mensajes de texto a bajo costo en comunidades de cinco estados, está en riesgo de desaparecer debido a una resolución que los obliga a pagar por uso de espectro como concesionario, pese a que su operación no tiene un fin comercial de lucro.
El 5 de julio del año pasado el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) otorgó a esta asociación civil un título de concesión para instalar una red de telefonía celular móvil en diversas comunidades de Chiapas, Veracruz, Guerrero, Puebla y Oaxaca, estado donde actualmente brinda el servicio a 18 comunidades de la entidad en beneficio de unas tres mil personas.
Al recibir la concesión, la cual establecía el pago de derechos, la asociación pidió una exención de ese pago al IFT bajo el argumento de que no tienen fines de lucro y no hay explotación comercial del espectro, pero el instituto se los negó basándose en la Ley Federal de Derechos.
La Ley Federal de Derechos establece un pago anual por la explotación de las bandas de frecuencia del espectro por cada región operada y por cada kilohert, con una cuota diferenciada atendiendo a la cobertura respectiva.
Por ello, esta ley como la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) no establecieron un régimen de excepción para el cobro anual de derechos por el uso del espectro de uso social.
Los usuarios de esta red de 2.5G pagan alrededor de 40 pesos mensuales con llamadas y mensajes de texto ilimitados dentro de la comunidad donde está la red. De esos 40 pesos, 25 se quedan en la comunidad y los 15 restantes se destinan a la asociación, que se vuelven a invertir para mantener en operación la red.
Sin embargo, este servicio podría desaparecer debido a que la asociación fue notificada por el IFT de la obligación de efectuar el pago de alrededor de un millón de pesos por el uso de espectro como concesionario.
La notificación se efectuó luego de que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones le negara la solicitud de exención del pago de derechos.
“Nosotros tenemos un título de concesión de uso social indígena para usar ciertas bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico. El título lo otorgaron en septiembre de 2016 y nos están cobrando la parte correspondiente a 2016 y 2017, que eso suma como 900 mil pesos, más lo que se siga acumulando en los años”, explicó a SinEmbargo Rodrigo Huerta Reyna, coordinador del área Jurídica de Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias A.C.
La resolución del amparo indirecto, que actualmente está bajo impugnación, niega la solicitud de exención del pago de derechos que solicitó la asociación.
“Nosotros consideramos que tenemos los argumentos legales para ganar el amparo. Damos servicio a comunidades que no son viables económicamente, obviamente un cobro de estos es impagable, además de que no tenemos el ánimo de lucro que los operadores comerciales”, dijo Huerta Reyna.
Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias es el único servicio de telecomunicaciones que tienen 18 comunidades indígenas de Oaxaca para comunicarse. La asociación planea llegar a 100 en 2018, no sólo en ese estado, también en Guerrero, Chiapas, Puebla y Veracruz.
“Esta concesión beneficia a 3 mil personas más las potenciales en cuanto se empiece a prestar servicios en otras localidades. Si la concesión se pone en riesgo sería un grave prejuicio para que estas comunidades ejerzan sus derechos a la comunicación”, alertó Rodrigo Huerta.
EL ESFUERZO DE UNA COMUNIDAD A PUNTO DE PERDERSE
De acuerdo con la asociación Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad, A.C., el antecedente directo de este esfuerzo por brindar conectividad a comunidades indígenas a costos accesibles se encuentra en la red de Telefonía Celular Comunitaria, adquirida, administrada y operada, desde 2013, por la comunidad de Villa Talea de Castro en la sierra norte de Oaxaca.
Previo a 2013 los habitantes de Villa Talea de Castro sólo contaban con casetas de telefonía fija de alto costo.
Ante la reiterada negativa de las grandes compañías de telefonía celular de prestarles el servicio, la comunidad se organizó y con la asistencia técnica y legal de la ONG Rhizomatica, lograron instalar su red local-celular para brindar a la comunidad “llamadas locales y mensajes locales ilimitados, llamadas de larga distancia a México y el mundo a un costo hasta 98 por ciento menor al ofrecido por otros servicios de telefonía“.
Una vez que la red celular entró en funcionamiento, la estación de radio comunitaria del pueblo (“Dizha Kieru” o “Nuestra Voz” en lengua zapoteca) en conjunto con Rhizomatica comenzaron a explorar nuevas formas para promover el periodismo ciudadano y la comunicación comunitaria. Dicho proyecto fue apoyado con una minibeca de Rising Voices en 2013, de acuerdo con el anuncio de los ganadores de ese año.
Esta primera red local-celular funcionó como proyecto piloto que después se replicó en otras comunidades.
Las 16 comunidades rurales e indígenas que hasta entonces formaban parte de las redes de telefonía comunitaria, en conjunto con Rhizomatica, se agruparon como cooperativa y constituyeron Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias, A.C. para dar el siguiente paso y solicitar al IFT las concesiones para operar una red de telecomunicaciones de uso social indígena que fue autorizada en julio del año pasado.
“Nosotros consideramos que tenemos los argumentos legales para ganar el amparo y nos permitan la exención del pago. Este es el único servicio de telecomunicaciones que esas comunidades tienen, históricamente no han sido atendidas, no cuentan con servicios, las redes no llegan a ellos, consideramos que debería estar en la ley una exención clara para este tipo de operadores”, consideró Huerta Reyna.