Impugna ‘El Z-42’ fallo que negó amparo por caso de masacre de Allende

Juez le niega amparo contra la orden de aprehensión vigente en su contra, por su presunta responsabilidad en la masacre de Allende, Coahuila, ocurrida en marzo de 2011

Óscar Omar Treviño Morales, alias “El Z-42”, ex líder del Cártel de Los Zetas, impugnó este miércoles el fallo de Abigail Ocampo Álvarez, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien le negó un amparo contra la orden de aprehensión vigente en su contra, por su presunta responsabilidad en la masacre de Allende, Coahuila, ocurrida en marzo de 2011.

El capo, originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas, alegó presuntas violaciones al debido proceso de la Fiscalía General de la República (FGR) en dicha causa penal, por lo que su defensa tramitó un recurso de revisión, mismo que fue turnado al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, que decidirá sobre el asunto.

El ex líder de Los Zetas pidió la protección de la justicia bajo el argumento de que la autoridad de Coahuila violó su derecho de audiencia y debido proceso, porque no fue citado en la indagatoria y se le privó de ofrecer pruebas y designar un defensor, además de que existen declaraciones de “autoincriminación”.

“Se tuvo por interpuesto el recurso de revisión hecho valer por la parte quejosa. En consecuencia, remítase el escrito de expresión de agravios extraído del expediente electrónico, así como el juicio de amparo en que se actúa, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en Turno, para la sustanciación del medio de impugnación hecho valer por la parte quejosa”, señala el acuerdo de la juez.

Ocampo Álvarez declaró infundados los alegatos del quejoso y consideró que la orden de captura que fue librada por el juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Río Grande, en Coahuila, era una autoridad competente. “Hechos que a su consideración encuadran en el ilícito de secuestro agravado”, detalla la sentencia.

La juzgadora también aclaró que la FGR no ejerció su facultad de atracción para continuar con la investigación del mencionado delito. Además de que existía una denuncia de hechos presentada por diversas personas, quienes acudieron ante la autoridad correspondiente, para informar de los hechos sobre los que tuvieron conocimiento, así como la desaparición de sus familiares.

Ocampo Álvarez puntualizó que existen medios de prueba que, resultan idóneos para acreditar la agravante en estudio, “pues de estos se puede apreciar la forma de actuar de los investigados una vez que se logró la privación de la libertad de las víctimas; ya que de dichos testimonios se aprecia que una vez que las víctimas fueron privadas de su libertad, fueron ingresados en una bodega en donde se les privó de la vida y posteriormente se les incineró con combustible”.

“Aquí es importante señalar que, si bien no se corroboró la existencia material de un cadáver, existen indicios de la violencia ejercida, pues los declarantes manifestaron que se privó de la libertad a las víctimas, que se les ingresó a una bodega, que eran maltratados físicamente y, que posteriormente se les incineró, de tal forma que resulta indudable el resultado”, dijo la jueza.

Por su parte, el titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Río Grande, en Coahuila, analizó las versiones de los testigos, en relación con el material probatorio que obra en la averiguación previa, por lo que determinó que estaba acreditada la existencia del delito y la probable responsabilidad de “El Z-42”.

“Consistente en que como jefe de la organización denominada Los Zetas, conminó a varios de sus sicarios “y otros no identificados”, a privar de la libertad a personas integrantes de las familias [...], por haber traicionado a la organización criminal, lo cual se llevó a cabo los días 18, 19 y 20 de marzo de 2011, ya que con lujo de violencia procedieron a impedir la deambulación física de [...] para posteriormente privarlos de la vida e incinerar los cuerpos”.

Según investigaciones de la FGR, los días 18, 19 y 20 de marzo de 2011, Oscar Omar Treviño Morales, alias “El Z-42”, y su hermano, Miguel Ángel Treviño Morales, “El Z-40”, ordenaron a sus sicarios tomar el municipio de Allende, en Coahuila, en busca de cuatro de sus integrantes quienes supuestamente los traicionaron, y les robaron cinco millones de dólares.

Los líderes del Cártel de Los Zetas ordenaron masacrar a sus familiares, quemándolos y derritiéndolos en ácido. De las 300 víctimas que documentaron medios estadounidenses y Raúl Vera López, entonces obispo de Saltillo, el expediente de la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila sólo reconocía a 26, basado en 61 testimonios y no en pruebas periciales, según reveló un informe del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México (COLMEX), publicado en octubre de 2016.

En noviembre de 2011, un Tribunal Federal otorgó un amparo a “El Z-42”, sentencia que ordenó reponer el proceso iniciado en su contra por los hechos ocurridos en Allende. Sin embargo, la FGR señala que Treviño Morales también está detrás del incendio en el Casino Royale en Monterrey, Nuevo León -ocurrido el 25 de agosto de 2011 y donde fallecieron 52 personas-, así como a masacre de San Fernando, Tamaulipas, en la que 72 migrantes fueron asesinados, en agosto de 2010, entre otros delitos.

Junto con su hermano Miguel Treviño Morales, también conocido como “El Z-40”, Óscar Omar era considerado como uno de los principales generadores de violencia en Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, sin embargo, fue detenido el 4 de marzo del 2015.

Elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) aprehendieron a “El Z-42” en una residencia ubicada en la colonia Fuentes del Valle, del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, y desde entonces fue internado en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1 “El Altiplano”, ubicado en Villa de Almoloya de Juárez, Estado de México, donde le iniciaron cuatro procesos penales.

En julio de 2019, Treviño Morales fue sentenciado en un juicio a 18 años de prisión, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares por el capo, conocido por su perfil extremadamente violento.

EE.UU. busca la extradición de “El Z-42”, con base en una orden de captura librada el 15 de mayo de 2009 por la Corte Federal del Distrito de Columbia, con sede en Washington, por cargos de exportación y distribución de cocaína y mariguana.

“El 42” es uno de los 19 mandos de Los Zetas contra quienes se ordenó la captura en dicha Corte Federal estadounidense, entre ellos su hermano Miguel Treviño Morales, “El Z-40”; así como Jesús Enrique Rejón Aguilar, “El Mamito”, y Jaime González Durán, “El Hummer”.

Según la Agencia Antidrogas de EE.UU (DEA, por sus siglas en inglés), el presunto líder criminal coordinaba el tráfico de grandes cantidades de cocaína y mariguana en la frontera de Coahuila, además de que recibía dinero en efectivo de las ganancias en territorio estadounidense.

Con la captura de Omar Treviño Morales, quien a su vez fue sucesor del “Z-40”, la organización de Los Zetas se dividió en dos facciones: una liderada por Omar Lormendez Pitalua, alias “Z-10”, y la otra por Juan Francisco Treviño Morales, otro de los hermanos, y cuya célula fue renombrada como Cartel del Noreste (CDN).