Hasta en última carta a los padres de Ayotzinapa, AMLO defendió al Ejército; cede caso a Sheinbaum
El Presidente López Obrador señaló que hubo ‘intereses políticos ajenos a la investigación’ para que se señalara la participación del Ejército en la desaparición de los normalistas, un hecho que refutó nuevamente
Hasta en la última carta que escribió el Presidente Andrés Manuel López Obrador a los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el Mandatario defendió al Ejército y reiteró que no existe prueba alguna de que hubieran participado en la desaparición de los estudiantes.
A un día de que se cumplan 10 años de la desaparición de los jóvenes, López Obrador se dirigió a los familiares para informar sobre los avances en la búsqueda de sus hijos y el castigo de los responsables, entre los cuales no identificó a las Fuerzas Armadas a pesar de los informes de peritos independientes que identifican que hubo comunicación con mandos del Ejército.
“Es importante aclarar que aun cuando no existe ninguna prueba de que el Ejército haya participado en la desaparición de los jóvenes, hemos actuado en contra de los militares que pudieron haber cometido los delitos de vinculación con la delincuencia organizada, o de omisión al no haber actuado para evitar los actos de violencia en contra de los jóvenes”, señaló el Presidente en su carta.
También destacó que en las investigaciones en torno al caso Ayotzinapa ha contado con el apoyo de las Fuerzas Armadas, lo que ha resultado en la detención de 151 personas, entre las que se encuentran 16 militares, incluidos dos generales y un elemento de la Marina.
“Asimismo se encuentra pendiente de ejecutar tres órdenes de aprehensión más en contra de militares”, agregó en la misiva.
López Obrador se comprometió a buscar a los normalistas hasta el último día de su Gobierno, a la par que deseó a Claudia Sheinbaum, próxima presidenta, éxito en el esclarecimiento de los hechos.
AMLO arremete contra GIEI y abogados de padres y madres
López Obrador igualmente señaló que intervinieron “intereses políticos ajenos a la investigación, tanto del país como del extranjero”, de tal manera que los defensores —en referencia al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEl)— señalaron como responsables de la desaparición de los 43 estudiantes al Ejército.
“También resulta necesario recordar, en este punto, qué extrañamente los encargados de la Fiscalía Especial, ministerios públicos y los integrantes del GIEI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en vez de celebrar la decisión que tomamos de solicitar órdenes de aprehensión contra el procurador y miembros del Ejército, se opusieron rotundamente a dicha medida, hasta el punto que el Fiscal Especial renunció y la mayoría de los miembros de la Comisión de la OEA se retiraron”, expuso López Obrador.
Inclusive, dijo que organizaciones de defensa de derechos humanos actuaron “con el beneplácito de los abogados supuestamente defensores de la causa y representantes de las madres y los padres de los jóvenes desaparecidos” para promover un amparo por la detención de presuntos implicados que habían sido víctimas de tortura.
“[Esto] posibilitó la liberación de 65 de ellos; aunque algunos de los excarcelados habían efectivamente sido víctimas de tortura, otros no, y la mayoría había participado en la desaparición de los jóvenes”, sumó.
Avances se detuvieron por falta de cooperación de testigo
Con respecto al motivo por el cual se frenaron los avances en las investigaciones, explicó López Obrador, fue debido a la falta de cooperación de Gildardo López Astudillo, miembro del grupo delictivo Guerreros Unidos.
“No ha mostrado voluntad para seguir cooperando, aun cuando él tiene la comunicación y el contacto con otros integrantes de la organización Guerreros Unidos, policías municipales de Iguala, Cocula y autoridades locales que saben de lo ocurrido o participaron en la desaparición de los jóvenes”, añadió el Presidente en la carta.
Por esa razón, no se han presentado mayores logros en la búsqueda de los estudiantes desaparecidos, expuso.
El Mandatario destacó que el número de detenciones con relación al caso pasó de 59 a 120 personas durante su sexenio, ofreció recompensas a los involucrados a cambio de información sobre el paradero de los normalistas; y se exploraron 858 sitios “con la participación de 270 personas de las distintas instituciones y con el equipo tecnológico más apropiado”.