Gobernador de Sinaloa estigmatiza y criminaliza a periodistas y medios, acusa Artículo 19
La organización advirtió que desde 2019, se ha abusado de los espacios públicos para estigmatizar el trabajo de la prensa
La organización no gubernamental internacional Artículo 19 para México y Centroamérica, acusó que el Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya “estigmatizó” y “criminalizó”, el día 14 de octubre, durante su conferencia de prensa semanal, a los periodistas Azucena Uresti y Luis Chaparro, entre otros, así como a medios de comunicación.
“Artículo 19 rechaza este tipo de discursos en contra de la prensa por parte de un funcionario público, pues contraviene estándares internacionales sobre libertad de expresión. Rocha Moya señaló que la información presentada por Uresti y [Luis] Chaparro acerca de un supuesto viaje realizado por el gobernador el mismo día de la detención de [Ismael Mario Zambada García] ‘El Mayo’. Las notas se publican en el marco de un elevado contexto de violencia que se vive en la entidad en las últimas semanas”, recordó la ONG.
La organización señaló que Rocha Moya comenzó catalogando las notas periodísticas como “parte de una campaña orquestada” por parte de “los medios de comunicación”.
Haciendo uso del espacio publicado en canales oficiales en redes sociales, apuntó, el Mandatario estatal refirió que se le quiere “perjudicar”, realizando declaraciones de manera arbitraria.
El funcionario público, añadió, responsabilizó a periodistas de querer inducir a que un grupo delincuencial atente en su contra, como resultado de su labor periodística.
“Artículo 19 ha expresado su preocupación desde el 2019, por el abuso de los espacios públicos que estigmatizan desde la tribuna a la prensa. El discurso de Rubén Rocha Moya se suma a un efecto cascada en donde autoridades mexicanas en distintos niveles, y partidos políticos utilizan un discurso que descalifica a la prensa tras recibir cuestionamientos de ésta. A su vez, es preciso reiterar que la labor periodística no constituye un ataque a personas funcionarias públicas, sino que es parte del ámbito democrático de rendición de cuentas del Estado a la ciudadanía”, enfatizó.
Para el 2023, en acorde a la documentación de Artículo 19, expuso, Sinaloa se encuentra en el octavo lugar de los estados con más agresiones contra la prensa, registrando un total de 23 casos.
Indicó que esta situación en un contexto de violencia recrudecido en la entidad, sitúa en un riesgo latente a periodistas y medios de comunicación.
La persistencia de la hostilidad verbal de funcionarios públicos, dijo, genera un efecto inhibitorio que obstaculiza el flujo informativo y sitúa a periodistas y medios en una condición de vulnerabilidad; además de exponerles a ser víctimas de otro tipo de agresiones.
“Ejemplo de esto y de acuerdo al testimonio del periodista Luis Chaparro, comenzó a recibir amenazas de muerte en sus redes sociales posterior a los dichos del gobernador”, aseveró.
Esta organización recuerda que las informaciones y opiniones “atinentes a asuntos del Estado y sus instituciones”, añadió, gozan de mayor protección bajo la Convención Americana de Derechos Humanos.
Dijo que la protección de la prensa debe de conllevar una política preventiva, y esto implica, en acorde a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la cual ‘[...] el Estado debe abstenerse con mayor rigor de establecer limitaciones a estas formas de expresión, y que las entidades y funcionarios que conforman el Estado, así como quienes aspiran a ocupar cargos públicos, en razón de la naturaleza pública de las funciones que cumplen, deben tener un mayor umbral de tolerancia ante la crítica”.
“Si bien, aunque Artículo 19 reconoce el derecho de réplica, éste está tutelado bajo el reglamento que norma el artículo 6 constitucional en dónde se señala la vía formal en la que debe ejercerse el mismo en México. Por lo que los discursos de este tipo de conferencias no corresponden a un uso aplicado de este derecho. Además de que las autoridades deben cuidar que éste no sea utilizado como un mecanismo de censura por parte de funcionarios contra quienes publican información de interés público”, apuntó.
En vista de lo anterior, agregó, Artículo 19 exige al Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya de abstenerse de discursos y acciones que estigmatizan y criminalizan la labor de las y los periodistas.
Además, debe generar en conjunto con su equipo de trabajo una política pública de prevención en donde se adopte un discurso de reconocimiento de la importancia social de la labor periodística.
Y pidió al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación realizar las acciones necesarias para proteger y salvaguardar la vida e integridad de las personas periodistas quienes lo soliciten.