García Luna obtuvo contratos gubernamentales por 745.9 millones de dólares: UIF
Los recursos intentaron ocultarse a través de paraísos fiscales y por eso hay denuncias para recuperar esos activos financieros, señala Pablo Álvarez Gómez
Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera -dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aseveró que Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública-, creó una red de corrupción que le permitió obtener 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, por un monto de 745.9 millones de dólares.
Durante la conferencia de prensa matutina presidencial, detalló que esto derivó en un juicio de carácter civil en el estado de Florida, Estados Unidos, en contra de García Luna, así como de una serie de personas y empresas que formaron parte de la supuesta red de corrupción.
“Durante el tiempo en que García Luna ejerció su cargo como Secretario de Seguridad, tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos”, indicó Gómez Álvarez.
Señaló, además, que bajo el auspicio del ex titular de la SSP Federal, “un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.8 millones de dólares, y sigue el examen de otras operaciones, no hemos terminado”, expuso.
“Estos beneficios fueron transferidos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro a través de la utilización de paraísos fiscales y aplicados a la adquisición de bienes muebles e inmuebles, así como otros activos en el estado de Florida. El Gobierno de México, por medio de la UIF, identificó la red de corrupción, su forma de operación, los montos y la ruta que siguieron los recursos”, subrayó.
Ante ello, el titular de la UIF informó que por estos hechos se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República el 24 de diciembre de 2019, por hechos de corrupción, delincuencia organizada y lavado de dinero.
También se interpuso una demanda de carácter civil en un tribunal del estado de Florida, el 21 de septiembre de 2021, del cual se esperaba se resolviera un recurso judicial para iniciar el juicio.
“Estos beneficios fueron transferidos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro a través de la utilización de paraísos fiscales y aplicados a la adquisición de bienes muebles e inmuebles, así como otros activos en el estado de Florida [...] Se hará todo el esfuerzo con el propósito de recuperar el dinero de lo que se nos despojó como país y como pueblo”, indicó.
Según Gómez Álvarez, además de García Luna, también están señalados un total de 44 empresas y las siguiente personas: Linda Cristina Pereyra de García Luna, Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Sylvia Donna Pinto de Weinberg, Natan Wancier Taub, José Francisco Niembro González, Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro.