Familiares de los 43 piden al Gobierno 806 documentos; Sedena solo entrega 5
La principal exigencia de los familiares está centrada en conocer, de manera completa, la conversación donde Gildardo López Astudillo, miembro del grupo criminal “Guerreros Unidos”, instruye al subdirector de la Policía Municipal de Iguala, Francisco Salgado Valladares, le haga entrega de 17 estudiantes
Los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador un total de 806 documentos, que están en poder de militares, relativos a la desaparición y posible paradero de sus hijos, pero la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sólo entregó 5 y asegura desconocer la existencia del resto.
Los documentos solicitados son folios del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CERFI) en manos de la Sedena, mismos que se encuentran con estatus de “no entregado”, ni a ellos ni a las autoridades coadyuvantes del caso, como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
“Dentro de estos documentos destacan uno que refieren que 17 de nuestros hijos están siendo llevados a un lugar para privarlos de la vida, pero el mismo es una hoja tamaño carta que da cuenta de una comunicación intervenida incompleta, por lo que es necesario que el Ejército entregue la comunicación completa a fin de que se pueda saber qué ocurrió con los 17 jóvenes”, se lee en la carta que los padres y madres de los normalistas entregaron el pasado 20 de septiembre a López Obrador.
En respuesta, el secretario de la defensa nacional, Luis Cresencio Sandoval, envió otra carta al presidente en la que señaló que la documentación que solicitan “no obra en los archivos de los organismos de esta Secretaría”.
Sin embargo, señaló que existen cinco documentos con los folios 687, 695, 1194, 1363 y 1375, que los padres refieren como “no recibidos”, pero que asegura sí fueron entregados previamente a los padres y madres de los 43.
Estos documentos hacen referencia a la revisión de un taxi, procedente del Estado de México, por la Policía Estatal o Municipal de Iguala, cuyo conductor fue identificado como oficial retirado del Ejército; a una presunta conversación entre personas desconocidas sobre “actos de inseguridad” probablemente relacionados a los hechos del 26 de septiembre de 2014 y a información sobre un grupo de “personas inconformes” que llegaron a bordo de 4 autobuses a la Plaza Tamarindos en Iguala y “realizaron actos vandálicos”.
La principal exigencia de los familiares está centrada en conocer, de manera completa, la conversación donde Gildardo López Astudillo, miembro del grupo criminal “Guerreros Unidos”, instruye al subdirector de la Policía Municipal de Iguala, Guerrero, Francisco Salgado Valladares, le haga entrega de 17 estudiantes; sin embargo, el titular de la Sedena hace la observación de que los padres deberían acudir directamente al presunto criminal para obtener más información.
“Al respecto, se considera que el propio López Astudillo puede proporcionar mayor información, en virtud de las conversaciones (Mensajes/Chats) proporcionadas por la DEA, en los cuales se advierte que López Astudillo fue uno de los orquestadores y autores materiales de la desaparición de los estudiantes”.
Sedena colocó a militar dentro de la Covaj
En la misma carta dirigida al presidente López Obrador, el secretario Cresencio Sandoval señala que la Sedena también colocó a un militar dentro de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (Covaj), para trabajar directamente en la oficina del subsecretario Alejandro Encinas.
“Dentro de las colaboraciones con la Covaj, la Sedena designó a un Oficial (teniente) para que en la Oficina del Lic. Alejandro Encinas Rodríguez, funja como asesor en aspectos logísticos y administrativos, para la planeación de las búsquedas de los estudiantes desaparecidos, así como enlace con organismos militares para hacer más expedita la colaboración interinstitucional”.
En el escrito, Sandoval reconoce que por “cuestiones administrativas”, la Sedena ordenó que dicho teniente fuera reemplazado por otro Oficial de la misma jerarquía, pero que el mismo subsecretario Encinas solicitó que no fuera relevado, por lo que hasta la fecha dicho militar continúa prestando apoyo en la CoVAJ.
Animal Político consultó al activista Abel Barrera, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, sobre la inclusión del teniente y aseguró que con ello, la Sedena da a entender que tiene la intención de fungir más como “informante” del Ejército que como “asesor”.
“No es nada normal, más bien se han colocado militares en espacios que deben ocupar civiles. Se sabía que la colaboración era en las búsquedas por el apoyo que brinda la Sedena en los traslados del personal y en el perímetro de las búsquedas. Este enlace funciona más como informante que como un colaborador efectivo”, señaló.
En su escrito al presidente, los padres y madres de los 43 incluso le recuerdan al mandatario federal que el Ejército infiltró a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, que agentes de inteligencia militar dieron seguimiento a sus hijos desde su arribo a Iguala; y que incluso tenían intervenidas comunicaciones de miembros del grupo criminal “Guerreros Unidos” y la policía de Iguala que daba cuenta del paradero de al menos 17 de los estudiantes, pero que esta información se ocultó desde el gobierno anterior.
“Por lo anterior, como madres y padres tenemos la necesidad de conocer esos documentos incompletos que hablan del paradero de nuestros hijos. No nos mueve otro interés más que saber que contienen tales documentos que pueden ayudar a saber qué pasó con nuestros hijos”, escribieron al presidente.
Sedena no ha entregado más documentos del caso desde 2021
Desde febrero de 2022, cuando el GIEI presentó su tercer informe del caso Ayotzinapa, la Secretaría de la Defensa Nacional ha sido señalada en diversas ocasiones por no dejar entrar a más autoridades a sus archivos para conocer detalles sobre el caso.
Incluso, los expertos independientes exigieron que toda la información fuera entregada también a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) y que autoridades castrenses u otras se abstuvieran de responder a dicha unidad que no se contaba con información que ya había sido entregada al GIEI.
Al respecto, al realizar una relatoría de las acciones que la Defensa Nacional ha realizado para esclarecer el caso Ayotzinapa, el secretario Sandoval González reconoció que desde 2021 la Sedena no ha entregado más información sobre el caso.
El funcionario dio a conocer que durante el año 2022, en relación con un oficio presidencial del 12 de agosto de 2022, la Sedena giró “las instrucciones correspondientes” a efecto de colaborar con la UEILCA para cumplimentar las órdenes de aprehensión de militares señalados como presuntos responsables en la desaparición de los jóvenes de la Normal de Ayotzinapa.
Entre ellos se encontraba el general José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el teniente Francisco Macías Barbosa (aunque el juez no le emitió orden de aprehensión), el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa y el soldado Eduardo Mota Esquivel.
En relación a este asunto, dijo que el 14 de septiembre de 2022, personal de la Policía Ministerial Militar ayudó a cumplimentar una orden de aprehensión en contra de un general por delincuencia organizada, así como de un oficial y uno de Tropa por delincuencia organizada y desaparición forzada, mientras que el 16 de septiembre cumplimentaron otra orden de aprehensión en contra de un oficial que presuntamente también está involucrado en los hechos ocurridos en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Finalmente, el 20 de junio de 2023, en cumplimiento a una instrucción del presidente, “se ejerció control administrativo” sobre un oficial y 7 elementos de tropa en activo, hasta que personal de la Policía Ministerial Militar y Policía Federal cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra, sin tener más actividades desde esa fecha ni registros de más información entregada a la COVAJ o la UEILCA en más de un año.