Expertos llaman a México a abordar sus retos de seguridad con medidas que se ajusten a los derechos humanos
Un grupo de relatores especiales muestra preocupación por la propuesta de reforma constitucional que ampliaría el papel de las fuerzas armadas en la seguridad pública aprobada ya por los diputados y por votarse en el Senado. La medida aumentaría el riesgo de abusos de las garantías fundamentales, advierten los especialistas
La Cámara de Diputados de México aprobó la semana pasada la propuesta presidencial de colocar a la Guardia Nacional bajo control de la Secretaría de la Defensa Nacional, una medida que ha suscitado preocupación entre varios expertos de la ONU en derechos humanos, que consideran que aumentaría el riesgo de atropellos de esos derechos. El texto se someterá a votación en el Senado esta semana.
En un comunicado conjunto publicado este martes, dos Grupos de Trabajo y tres relatores especiales* mencionaron la tortura, las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales entre los abusos que se podrían cometer.
“Nos alarma que, de aprobarse la propuesta de reforma constitucional, ésta asignaría de forma permanente funciones de seguridad pública a las fuerzas armadas. El potencial impacto de esta modificación en el aumento de las desapariciones forzadas y la impunidad es extremadamente preocupante”, dijeron los expertos.
La Guardia Nacional participaría en investigaciones criminales
Explicaron que la propuesta de reforma constitucional sometería a los miembros de la Guardia Nacional a la jurisdicción militar y elevaría a rango constitucional su facultad para participar en actividades de investigación criminal, además de que ampliaría las funciones de las fuerzas armadas del país más allá de las relacionadas con la disciplina militar.
Los expertos reconocen los retos de México en la esfera de la seguridad y han observado cómo desde hace varios años se ha incrementado gradualmente el papel de las fuerzas armadas mediante políticas públicas e iniciativas de reforma legislativa y constitucional.
Por este motivo, llamaron a las autoridades mexicanas a enfrentar los desafíos con provisiones que se ajusten a las obligaciones internacionales del país con los derechos humanos.
En este sentido, alertaron que, de aprobarse el proyecto de reforma, México contravendría numerosas recomendaciones formuladas por órganos de tratados y procedimientos especiales de Naciones Unidas que, desde 1999, han señalado la necesidad de asegurar que las labores de seguridad pública sean realizadas por fuerzas de seguridad civiles, garantizando que la participación de las fuerzas armadas en esas tareas sea estrictamente extraordinaria, complementaria, subordinada a la autoridad civil y supervisada.
Violaciones de derechos humanos por funcionarios militares
Los expertos también se manifestaron alarmados por las presuntas violaciones de las garantías fundamentales perpetradas en el pasado por algunos funcionarios de las Fuerzas Armadas. “Estas alegaciones deben ser investigadas y los responsables deben comparecer ante la justicia”, enfatizaron.
Según los relatores, la Guardia Nacional debe seguir dependiendo de las instituciones civiles, fortalecer sus capacidades desde un enfoque de seguridad ciudadana, y reforzar los mecanismos de rendición de cuentas para garantizar su eficacia.
Del mismo modo, agregaron, se deben generar las condiciones para un diálogo que analice y discuta las acciones a seguir para avanzar en un plan de retiro paulatino de las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública.
Los expertos se mantienen en contacto con las autoridades mexicanas y les han manifestado su disposición de brindar cooperación y asistencia técnica para garantizar el respeto de los derechos humanos y la rendición de cuentas, de conformidad con las leyes internacionales.
Firmantes del comunicado: Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; Morris Tidball-Binz, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Gina Romero, relatora especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica; Mary Lawlor, relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; y Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria