EPN y Videgaray planearon la Estafa Maestra para enriquecerse: Lozoya
"Como parte de la declaración ante la FGR, Lozoya señaló que con este esquema buscaban desviar recursos públicos y obtener ganancias endeudando a la Nación"
Emilio Lozoya admitió en su declaración ante la Fiscalía General de la República, que La Estafa Maestra se trató de una “asociación de corte delictiva” para desviar recursos públicos y enriquecerse configurada por el entonces Presidente Enrique Peña Nieto y su secretario de Hacienda, Luis Videgaray.
El objetivo era “enriquecerse no sólo del erario público, sino a través de la extorsión a personas físicas y jurídicas, el fraude y el engaño, como el caso de la denominada Estafa Maestra”.
La Estafa Maestra –investigación periodística realizada por Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad– reveló un sistema de corrupción en el que 11 dependencias del Gobierno Federal hicieron convenios con ocho universidades públicas para contratar supuestos servicios por 7 mil 670 millones de pesos.
Sin embargo, las universidades subcontrataron a su vez a 186 empresas que resultaron ser fantasma, y, por lo tanto, los servicios no se hicieron y el dinero público simplemente desapareció.
Si bien la investigación periodística se concentró sólo en los años 2013 y 2014, se trató de un modus operandi que ocurrió durante todo el sexenio, y del que la Auditoría Superior de la Federación alertó desde 2014 sobre posibles desvíos desde las universidades públicas contratadas por dependencias para hacer servicios ajenos a su naturaleza educativa o de investigación.
En ese esquema, Pemex, dirigida entonces por Lozoya, hizo 36 convenios por 3 mil 576 millones de pesos –que la ubica como la institución con el mayor monto entre las 11 dependencias– para supuestas asesorías y trabajos para las plataformas petroleras con la Universidad Popular de la Chontalpa o el Instituto Superior de Comalcalco, entre otras universidades.
Otros servicios, como el reparto de medio millón de despensas para el programa de la Cruzada Nacional contra el Hambre en los municipios más pobres del país o la verificación de beneficiarios de programas sociales, entre otros, fueron convenidos por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y la del Estado de México, por un total de 2 mil 224 millones de pesos.
Un ejemplo más: Banobras, entonces dirigido por el actual gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, hizo 3 convenios por 491 millones de pesos para supuestos servicios de tecnología como red LAN y telefonía en el edificio central del Banco, pero que utilizaron a empresas que carecían de antecedente registral y eran señaladas entonces como “presunta” fantasma por el SAT.
En la declaración de 63 páginas presentada ante la FGR, Lozoya acusó a Peña Nieto y Videgaray de “contraer deuda o cargo del erario público y aprovecharse económicamente de ésta en perjuicio de la Nación. Todo ello abusando de la autoridad que les concedían los cargos que ocupaban, ejerciendo indebidamente las responsabilidades que el pueblo de México les concedió”.
Además, “traicionaron” a México mediante el “tráfico de influencias que ejercían sobre el resto de miembros del régimen”, dice Lozoya en su declaración dirigida al fiscal, Alejandro Gertz Manero, el 11 de agosto.
Si bien, en la declaración, Lozoya se enfoca a los actos de corrupción como los sobornos recibidos por parte de Marcelo Odebrecht durante la campaña de Peña Nieto para obtener beneficios al asumir la presidencia y la compra de la empresa chatarra de Agronitrogenados, la referencia a La Estafa Maestra pone en evidencia el presunto modus operandi del sexenio anterior.
Aunque en La Estafa Maestra involucró a más de una centena de ex funcionarios, pasando por los 11 titulares e incluso los responsables de la liberación de los recursos públicos desde la Tesorería de la Federación, solo Rosario Robles, ex titular de Sedesol se encuentra en prisión oficiosa.
Sin embargo, a un año de su encarcelamiento, no se ha dictado sentencia y, en realidad, no se le acusa de desvío de dinero sino de omisiones, es decir, de no haber impedido la firma de los convenios con las universidades que derivarían en el desvío.