En 2020 no hubo ni una sola amnistía concedida; Gobierno acusa fallas en el 70% de las peticiones
"Con otros mecanismos se han liberado a poco más de tres mil personas, pero los ingresos crecen a ritmo récord y 40% de penales ya están sobrepoblados"
MÉXICO._ La Ley de Amnistía, aprobada de manera urgente por el Senado en abril para, entre otras cosas, facilitar la liberación de personas privadas de su libertad y con ello despresurizar las prisiones ante la amenaza de la pandemia sanitaria, no benefició en 2020 a ni una sola persona presa.
El pasado 28 de diciembre, la comisión que según la ley debe aprobar la concesión de estos beneficios sesionó apenas por segunda vez en seis meses con la finalidad de analizar los primeros 181 casos. Sin embargo, ninguno de ellos fue aprobado todavía, según lo confirmado por autoridades federales a Animal Político.
No solo eso: en la sesión se reveló que hay fallas y omisiones en el 70% de las solicitudes presentadas que impiden su trámite.
Mientras tanto la situación en las cárceles se agrava. La población penitenciaria del país ha crecido a niveles récord en 2020, y de acuerdo con estimaciones de las autoridades el 2020 cerró con casi 15 mil reos más de los que había en diciembre de 2019.
De acuerdo con la información oficial dada a conocer por la Secretaría de Gobernación (Segob) y que fue puesta sobre la mesa en la sesión del comité del pasado lunes, hasta ahora se han recibido formalmente mil 62 solicitudes de amnistía de parte de personas recluidas en distintos penales del país.
El problema es que, de acuerdo con el análisis de la Secretaría Técnica de la comisión, el 70% de esas solicitudes (743) carecen de la información completa que permita darles el trámite correspondiente. Según la Segob ya se ha pedido la colaboración de autoridades judiciales y penitenciarias para tratar de completar la información faltante y proceder con el trámite de las peticiones.
Lo anterior deja solo 319 solicitudes con posibilidades de ser tramitadas. De ese total en 181 casos la Secretaría Técnica ya elaboró un proyecto que fue puesto sobre la mesa en la sesión de la comisión realizada el lunes. Gobernación confirmó lo anterior a través de un comunicado, pero no informó del resultado de dicho análisis.
Funcionarios de dicha dependencia consultados directamente informaron que en la reunión no se consiguió aprobar aún ninguno de esos proyectos y que el análisis continúa, sin que haya mayores detalles. Será hasta la próxima sesión del comité -para la que no hay fecha de posible realización- donde se podrían aprobar los primeros proyectos.
Cabe señalar que la aprobación de parte del Comité de Amnistía no es el último paso para que un perdón de este tipo pueda materializarse. La ley contempla que los casos que sean resueltos favorablemente por los comisionados aún tienen que ser sometidos a consideración de jueces federales de ejecución, los cuales tienen la última definición sobre la liberación o no de una persona en prisión.
Carrera de obstáculos
La Ley de Amnistía fue una promesa de campaña del actual presidente Andrés Manuel López Obrador que estuvo acompañada de numerosas organizaciones y especialistas. El objetivo original era comenzar la construcción de una política encaminada a terminar con el encarcelamiento de personas que no deberían estar presas como, por ejemplo, mujeres acusadas de abortar, personas detenidas con pequeñas cantidades de droga, o individuos presos que tuvieron un mal asesoramiento jurídico.
La iniciativa se aprobó en diciembre de 2019 en la Cámara de Diputados, sin embargo, al ser enviada al Senado el tema se atoró y la minuta quedó congelada.
Ante el surgimiento de la pandemia sanitaria por el Covid-19 y la alerta de que los centros penitenciarios eran un foco rojo debido a la alta concentración de personas en espacios reducidos, los senadores rescataron la minuta y en una sesión exprés la aprobaron el 20 de abril.
El argumento, según los legisladores, era que con ello se ayudaría en la tarea de despresurización de las cárceles, algo que los expertos en la materia pusieron en duda debido al alcance limitado de dicha ley que solo abarca a reos del orden federal, los cuales representan menos del 15% de la población penitenciaria.
Luego de la aprobación y entrada en vigor de la ley vino la implementación, algo que se dijo se haría sin agotar los plazos legales, pero no fue así. Problemas burocráticos y hasta de presupuesto retrasaron, por ejemplo, la creación de la Comisión de Amnistía que era el paso uno para poder poner en marcha todo lo demás.
El acuerdo presidencial que dio pie a la puesta en marcha de la comisión se consiguió publicar hasta el 18 de junio, dos meses después de la aprobación urgente de la ley. El 23 de junio, dicha comisión sesionó por primera vez para poner el procedimiento que marcaba la ley.
Pero luego tuvieron que pasar dos meses más para la publicación de los lineamientos a través de los cuales podrían presentarse las solicitudes de amnistía, lo cual se llevó a cabo el 19 de agosto. Solo a partir de esa fecha es que se pudieron comenzar a recibir formalmente las solicitudes de internos que quisieran acceder a este beneficio.
En un oficio fechado el 15 de octubre, entregado a Animal Político en respuesta a una solicitud de transparencia, la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación indicó que para ese momento acumulaba más de 760 solicitudes presentadas, de las cuales 75 contaban con un proyecto de resolución.
No obstante, la dependencia dijo que ninguna de ellas había recibido luz verde debido a que las mismas debían ser aprobadas por la Comisión de Amnistía como lo establece la ley aprobada, y para ello se requería que ésta sesionara.
Finalmente, luego de seis meses de su primera reunión, la comisión presidida por la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, volvió a sesionar virtualmente el pasado lunes 21 de diciembre, para analizar 181 proyectos de resolución. No obstante, ninguno de ellos fue aprobado todavía y solo se refirió que continúan bajo análisis.
Y los penales se llenan
En el año en que se buscaban despresurizar los penales del país para disminuir los riesgos de contagio por la pandemia sanitaria, la realidad ha sido totalmente contraria: 2020 cerrará como el año con el crecimiento más acelerado de población penitenciaria de la última década.
Animal Político publicó el 15 de diciembre que, de acuerdo con datos oficiales, hasta el cierre de octubre ya había casi 14 mil personas más recluidas en las cárceles del país en comparación con la población penitenciaria con la que se había cerrado el 2019. Y de acuerdo con autoridades del gabinete de seguridad federal, se esperaba cerrar 2020 con un incremento de casi 15 mil reos.
Esto ha ocasionado que los más de 16 mil espacios a nivel nacional que estaban libres en los centros penitenciarios se hayan reducido a solo 4 mil y de mantenerse el ritmo de ingresos dichos espacios podrían agotarse este año. De hecho, la cifra de penales que ya están sobrepoblados por encima de su capacidad creció de 106 a 127, que equivalen al 40% de todas las cárceles.
Aunque la Ley de Amnistía no ha beneficiado aún a una sola persona, Gobernación explicó a este medio que a través de otros mecanismos como las preliberaciones anticipadas se ha conseguido sacar de las cárceles a poco más de tres mil personas. No obstante, esto no ha impedido que la sobrepoblación crezca.
Especialistas han acusado que es la propia administración federal actual con el apoyo del Legislativo, la que ha socavado los esfuerzos para despresurizar los penales al promover reformas como la ampliación de delitos que ameritan prisión preventiva automática, lo que facilita el ingreso de personas detenidas a prisión. De hecho, actualmente hay más de 90 mil personas presas sin sentencia.