Diputados declaran constitucional extinción de siete órganos autónomos, entre ellos INAI
La reforma fue aprobada por 21 congresos estatales después de la aprobación en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores
Sergio Carlos Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, declaró el 10 de noviembre la validez constitucional de las reformas en materia de simplificación orgánica, para extinguir siete organismos autónomos.
Tras el cómputo de los votos aprobatorios de 21 legislaturas locales, el legislador del grupo parlamentario de Morena turnó el proyecto a la titular del Poder Ejecutivo Federal, para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y su posterior entrada en vigor.
“El Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y previa aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, declara reformadas, adicionadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política en materia de simplificación orgánica”, leyó Gutiérrez Luna.
Los poderes legislativos locales que aprobaron el dictamen fueron los de Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México.
Dos horas después de haber sido avalada en la Cámara de Senadores, la reforma constitucional obtuvo el voto favorable de cinco poderes legislativos locales, entre ellos el de Ciudad de México, Nayarit, Oaxaca, Tabasco y Zacatecas. Solo el de Baja California lo rechazó, pero después lo aprobó.
Las reformas y adiciones a 14 artículos de la Constitución, aprobadas en el Congreso de la Unión, extinguieron el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; la Comisión Federal de Competencia Económica; el Instituto Federal de Telecomunicaciones; el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social; la Comisión Reguladora de Energía; la Comisión Nacional de Hidrocarburos; y, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de Educación.
Las funciones del INAI serían trasladadas a la Secretaría de la Función Pública, cuya titular es Raquel Buenrostro Sánchez, institución que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo propuso transformar en Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
La COFECE sería integrada a la Secretaría de Economía. El Instituto Federal de Telecomunicaciones a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Mientras que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, pasaría al Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Además, la reforma planteaba la extinción de la CNH y la CRE, cuyas funciones serían transferidas a la Secretaría de Energía, así como el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que pasaría a la Secretaría de Educación Pública.