Diputados aprueban prohibición de vapeadores y fentanilo
El dictamen establece que se prohibe la profesión, industria, comercio interior o exterior, trabajo o cualquiera otra de las actividades relacionadas con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos
Con 410 votos a favor y 24 sufragios en contra, el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aprobó, en lo general, las reformas a los artículos 4 y 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para prohibir los cigarrillos electrónicos y vapeadores, así como los precursores químicos y el uso ilícito del fentanilo.
El proyecto en materia de protección a la salud preveía sancionar “toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos que señale la ley, así como la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos, el uso ilícito del fentanilo y demás drogas sintéticas no autorizadas”.
“Queda prohibida la profesión, industria, comercio interior o exterior, trabajo o cualquiera otra de las actividades que refiere el párrafo quinto del artículo 4 anterior”, establece el dictamen aprobado por los integrantes de los grupos parlamentarios de los partidos Morena, Verde Ecologista Mexicano (PVEM), del Trabajo (PT), Acción Nacional (PAN), y del Revolucionario Institucional (PRI). Mientras que los sufragios en contra fueron emitidos por los diputados de Movimiento Ciudadano (MC).
Al fijar la posición del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano contra la reforma, la diputada Irais Virginia Reyes de la Torre sacó un vapeador e hizo uso de él en la tribuna del Salón de Plenos de San Lázaro.
“Voy a vapear antes de que Morena y el oficialismo prohíba el ejercicio de nuestras libertades, porque su política pública en materia de salud no les da para más. Prohibir, prohibir, prohibir. ¿Qué no se supone que Morena y sus aliados son un movimiento de izquierda, que más bien debiera proteger derechos y libertades? ¡Falso!, ¡mienten!”, acusó la legisladora de MC.
El dictamen señala que a partir de que entrara en vigor, se derogarían todas las disposiciones que se opusieran a esta reforma. También se estableció un lapso de 180 días para armonizar el marco jurídico de las leyes, en las materias contenidas en el decreto, mientras que los congresos locales tendrían un año de plazo para hacerlo.