Determinan no vincular a proceso a ex subsecretario ligado a La Estafa Maestra
Un juez consideró clave el peritaje presentado por la defensa del ex funcionario Enrique González Tiburcio, según el cual las supuestas firmas plasmadas en convenios con universidades fueron falsificadas
Un juez de control determinó la no vinculación a proceso en contra de Enrique González Tiburcio, ex subsecretario de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), relacionado con el caso conocido como La Estafa Maestra, y contra quien la Fiscalía General de la República (FGR) buscaba la medida de prisión preventiva por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.
Durante la audiencia inicial, celebrada hoy desde el Reclusorio Sur, la FGR señaló a González Tiburcio por supuestos malos manejos relacionados con un convenio general de colaboración firmado con la Universidad Indigenista de México del Estado de Sinaloa, así como por un convenio específico suscrito por Aída Marina Arvizu Rivas, entonces directora general adjunta para la Igualdad de Género.
Sin embargo, el elemento que consideró el juez Juan José Hernández Leyva como fundamental para dictar la no vinculación a proceso fue un peritaje presentado por la defensa del exfuncionario, que determinaba que las supuestas firmas de González Tiburcio en estos convenios eran falsificadas.
Así, González Tiburcio libró el quinto intento de la FGR por abrir un proceso penal en su contra por este caso, aunque la fiscalía todavía podría hacer su propio peritaje para seguir con su intención de procesarlo.
Los otros cuatro procesos contra González Tiburcio
Desde el 9 de junio de 2017, González Tiburcio —todavía siendo subsecretario— presentó una denuncia de hechos ante el Órgano Interno de Control de la Sedatu, señalando que desconocía la firma plasmada en un convenio general de colaboración con la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, en Hidalgo.
Pero poco tiempo después, la fiscalía modificó su calidad de denunciante a probable responsable, luego de que determinó con un peritaje que su firma en el convenio sí era verídica, por lo que le fincó el delito de falsedad de declaraciones.
Esto, a pesar de que otro peritaje realizado por la defensa del exfuncionario determinó que las firmas sí habían sido falsificadas.
De esta forma, el primer proceso penal abierto en su contra inició el 29 de enero de 2019, cuando fue vinculado a proceso dentro de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0001929/2017.
El segundo procedimiento inició el 18 de diciembre de 2021, cuando fue vinculado a proceso por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades —cuya penalidad podría ir de los seis meses a los 12 años de prisión—, ahora sí por la supuesta firma del convenio con la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.
Este segundo procedimiento inició en julio de 2021. La FGR tomó como prueba central la acusación en su contra que hizo el ex oficial mayor Emilio Zebadúa, el 19 de octubre de 2020, en la declaración ministerial para ser considerado testigo colaborador y conseguir el perdón legal.
De acuerdo con la FGR, este convenio general firmado en enero de 2016 derivó, a su vez, en otro convenio específico por el que se habrían desviado 185 millones de pesos a empresas fantasma o irregulares mediante una violación a la Ley de Adquisiciones.
La fiscalía denuncia que el ex funcionario suscribió el acuerdo con la universidad sin realizar ningún estudio de mercado, lo que habría afectado al Estado, pues las empresas que subcontrató la casa de estudios hidalguense con el dinero de la Sedatu serían fantasma o de papel.
En su testimonio, Zebadúa aseguró que La Estafa Maestra fue una trama de corrupción orquestada presuntamente por el ex secretario de Hacienda Luis Videgaray, para el financiamiento de campañas políticas, compra de votos y promoción del gobierno de Enrique Peña Nieto y el PRI.
Como parte de esa trama para el desvío de miles de millones de pesos a empresas fantasma a través de universidades públicas, Zebadúa señaló en su declaración a González Tiburcio como uno de los funcionarios implicados en la firma de convenios que permitieron los desvíos. González Tiburcio, en cambio, ha sostenido que fue el área de Zebadúa la responsable de la falsificación de firmas.
Las otras dos causas penales en su contra, también por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, fueron abiertas por otros dos convenios generales de colaboración presuntamente firmados por él con el Instituto de Estudios Superiores de Comalcalco, Tabasco.
En ambos casos, aún está pendiente por señalar la fecha de formulación de imputación dentro de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0001134/2019. Sobre este caso, el 6 de junio de 2019, nuevamente González Tiburcio presentó una denuncia por la presunta falsedad de firmas y rúbricas en los dos convenios.
Hasta el momento, Zebadúa ha evadido los procesos judiciales en su contra a través de amparos y, como último recurso, realizó esa declaración ministerial para conseguir ser testigo colaborador, pese a que la Unidad de Inteligencia Financiera comprobó que él y sus hermanos gastaron 190 millones de pesos sin que sus ingresos pudieran justificarlo.
Por ello, desde 2019, la unidad interpuso una denuncia ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la FGR, por probable lavado de dinero presuntamente cometido por Zebadúa y sus hermanos José Ramón Zebadúa y Lourdes Zebadúa.