CNDH presenta informe sobre Fuerzas Armadas; dice que bajaron quejas y que no hay militarización
El organismo, encabezado por Rosario Piedra Ibarra, rechaza que en México haya militarización y destaca una disminución notable en el número de quejas interpuestas contra las Fuerzas Armadas respecto a administraciones pasadas
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó un informe especial sobre la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en el que rechaza que haya militarización en México.
Además, el organismo destaca que hay una disminución notable en el número de quejas interpuestas ante el organismo contra las Fuerzas Armadas respecto a administraciones pasadas.
En el “Informe Especial sobre la Incursión de la Fuerza Armada Permanente en tareas de Seguridad Pública, Prevención y Cultura de la Paz” se acusa a los medios de comunicación de alentar el discurso de la militarización y establecer la percepción de una intromisión militar en todos los ámbitos de la vida pública y privada del país y de que se vulnerarían los derechos humanos de manera sistemática.
“El manejo arbitrario de la idea de militarización en México está descontextualizado de la realidad nacional y constituye una crítica sin fundamento a la política integral de seguridad pública y pacificación del país, implementada desde hace seis años”, al inicio del gobierno del expresidente Andrés Manual López Obrador.
“Por el contrario, y con base en el análisis, es evidente que la estrategia ha sido una ruptura con la manera como se condujo la estrategia de seguridad de los gobiernos anteriores, que sólo expuso a la población a excesos y a las propias Fuerzas Armadas a verse involucradas en eventos desafortunados. La estrategia actual ha mostrado, en todo caso, resultados positivos en la contención e incluso la reducción de fenómenos que previamente estaban desborrados y fuera de control”, señala.
El organismo encabezado por Rosario Piedra Ibarra, impuesta por Morena para estar al frente de la CNDH por cinco años más, pese a ser la peor evaluada de las aspirantes, llegó a la conclusión que “no hay elementos que sustenten la afirmación de una militarización de la seguridad pública”.
Por el contrario, añade, “se observa un sistema renovado que coordina esfuerzos entre las autoridades, dentro de sus respectivas competencias, para fortalecer la paz, la convivencia democrática y la promoción de una cultura de la legalidad y respeto a los derechos humanos”.
Asimismo, considera que el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es una acción innovadora en materia estratégica para la seguridad del Estado ya que responde a la necesidad de consolidar las capacidades operativas, logísticas y territoriales mediante el respaldo del Ejército.
Y concluye: “No se considera que exista tal militarización ya que la participación de las Fuerza Armadas está regulada por el marco normativo, y su intervención, al ser extraordinaria, se encuentra sujeta a fiscalización, subordinación y control por parte del poder civil (...) La Guardia Nacional como institución policial federal sigue siendo de carácter civil”.
Sin embargo, el jefe de la Guardia Nacional es un general y no puede ser un civil y sus integrantes son militares formados por la Sedena. Aún así, el expresidente López Obrador, la actual mandataria Claudia Sheinbaum -y otros candidatos y dirigentes en Morena- sostienen que México no es un país militarizado e incluso han dicho que los integrantes de la Guardia Nacional tienen formación en seguridad pública y no en la guerra.
Sus dichos se enmarcan en una estrategia gubernamental que le ha entregado decenas de actividades de índole civil a militares, como la administración de aeropuertos, aduanas e incluso construcción de obras.
En México, las Fuerzas Armadas (Sedena, Semar, Guardia Nacional) reciben cada vez más presupuesto y funciones civiles para llevar a cabo labores para las que no están facultadas; su poder se amplía con acuerdos y decretos, de acuerdo con el Inventario Nacional de lo Militarizado.
Quejas contra las Fuerzas Armadas
De acuerdo con el informe, del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012, la Sedena tuvo 7 mil 868 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos, principalmente por detención arbitraria, trato cruel e inhumano o degradante. En la actual administración se presentaron 2 mil 184, una reducción del 72 %.
En tanto, la Secretaría de Marina tuvo su pico más alto entre noviembre de 2012 y noviembre de 2018 con mil 808 quejas, pero en el sexenio de AMLO tuvo una disminución del 58 %.
Número de quejas por dependencia del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012, según los datos de la CNDH
-Sedena: 7 mil 868
-Policía Federal: 2 mil 32
-Semar: 1,170
-Secretaría de Seguridad Pública: 638
-PFP de la Segob: 521
-Comisión Nacional de Seguridad: 23
Asimismo, destaca que entre los presuntos hechos violatorios contra las Fuerzas Armadas durante la administración de AMLO ya no figuraron entre las principales quejas las detenciones arbitrarias, la tortura, y los tratos crueles inhumanos y degradantes.
Por el contrario, destacan casos como el incumplimiento de principios de legalidad; honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones; empleos, cargos o comisiones; la falta de cumplimiento de las formalidades en la emisión de órdenes de cateo o durante su ejecución, así como en las visitas domiciliarias; y la prestación indebida del servicio público.
“Se observa una marcada disminución de las conductas que atentan contra los derechos inderogables de las personas, como la vida, la integridad personal, la dignidad y la libertad, que corresponden a violaciones graves de derechos humanos”, destaca.
De las recomendaciones emitidas por violaciones graves a derechos humanos, del 2018 al 2024, el 70 % corresponden a hechos ocurridos previo a la gestión de AMLO y “únicamente el 30 % de las recomendaciones corresponden a la gestión actual”.
Finalmente, el organismo hace algunas recomendaciones como incorporar contenidos de derechos humanos en sus planes de estudios y capacitar en derechos humanos a todo el cuerpo docente dedicado a la formación de la Guardia Nacional en sus diferentes niveles.
Así como garantizar salarios que les permitan una vida digna y generar el entrenamiento y conocimiento necesario en el uso adecuado y proporcional de la fuerza, con base en los principios del derecho humanitario universal sobre el uso de la fuerza y armas de fuego, entre otros.