Cámara de Diputados aprueba reforma para que SSPC investigue delitos

Carlos Álvarez
21 noviembre 2024

La reforma también refuerza las atribuciones de la institución para coordinar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública

De forma unánime, por 441 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen para reformar el artículo 21 constitucional, con el objetivo de reforzar la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y darle la responsabilidad de encabezar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Desde el 1 de octubre, dicha institución está bajo el mando de Omar García Harfuch.

El 11 de noviembre, el Pleno del Senado también aprobó de forma unánime, en lo general y en lo particular, con 121 votos a favor y 0 sufragios en contra, el dictamen para reformar el artículo 21 constitucional.

Tras la aprobación en ambas cámaras del Congreso de la Unión, y por tratarse de una reforma de carácter constitucional, el proyecto sería enviado a los poderes legislativos locales para su discusión y declaratoria de constitucionalidad, en al menos 17 entidades.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió al Senado el 1 de noviembre la iniciativa de reforma para que la SSPC federal pudiera coordinar trabajos de seguridad del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, con fuerzas locales y fiscalías de los estados, así como que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público de la Federación, a la secretaría del ramo de seguridad pública del Poder Ejecutivo Federal, a la GN y a las policías locales.

“Lo anterior, se logrará integrando a la Secretaría, en la investigación de los delitos, dotándola de la capacidad para generar investigaciones que le permitan coadyuvar con la Fiscalía General de la República (FGR) en la investigación de delitos y cumplimiento de órdenes de aprehensión, actuando bajo la conducción y mando del Ministerio Público Federal”, se detalló en la iniciativa.

Según la propuesta de reforma enviada por Sheinbaum Pardo, la SSPC Federal también formularía, coordinaría y dirigiría la Estrategia de Seguridad Pública, al darle la coordinación del sistema nacional de inteligencia en materia de seguridad pública, además de que podría coordinar acciones de los tres órdenes de gobierno, así como solicitar información a instituciones y dependencias del Estado.

La iniciativa propuso que “los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines. Estos fondos serán auditados y su debido ejercicio vigilado por el Sistema a través de su Secretariado Ejecutivo”.

El Sistema contaraía con un Secretariado Ejecutivo, el cual podría ampliar las bases, emitir acuerdos y lineamientos, así como realizar las acciones necesarias para lograr la homologación de estándares y criterios, así como una coordinación eficiente, transparente y responsable, en el ejercicio de las atribuciones concurrentes de los tres órdenes; en todo momento en atención a los fines del Sistema y los objetivos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

El proyecto también indicaba que la Secretaría del ramo de seguridad pública formularía, coordinaría y dirigiría la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, así como los programas, las políticas y acciones respectivas.También auxiliaría a la persona presidenta de la República, en el ejercicio de las funciones en materia de seguridad nacional.

Asimismo, según la propuesta, a la SSPC Federal le correspondería la coordinación del sistema nacional de inteligencia en materia de seguridad pública, en los términos que señale la ley, y podría coordinar acciones de los tres niveles de gobierno, a través de las instituciones de seguridad pública.

Los cuales, además, deberían de proporcionar la información de que dispusieran en la materia, conforme a la ley. Asimismo, podría solicitar información a las instituciones y dependencias del Estado, para la identificación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delitos.