Buscar por región: la estrategia hacia la búsqueda nacional
La celebración de la IV Reunión Regional de Colectivos de Búsqueda de la región centro-bajío, ocurrida este 3 de diciembre en Aguascalientes, es una ventana de esperanza para los colectivos de estados colindantes, que tienen un solo objetivo: articularse para buscar en conjunto. La seguridad, en el año más letal para las personas buscadoras, es una de las principales exigencias
Mónica Cerbón para a dónde van los desaparecidos*
Norma Burrón Nuñez, del colectivo Una luz en mi camino, de Guanajuato toma la palabra. Enumera las fallas de las autoridades en la investigación de los casos en el bajío mexicano, se queja de la poca coordinación entre los gobiernos, de la nula protección a las personas buscadoras, del estallido de violencia en su estado –uno de los más inseguros del país–, y lanza una exigencia: que se conforme una plataforma regional con la información de los cuerpos no identificados en los Servicios Médicos Forenses de los estados de la zona. Una plataforma abierta para la consulta de las familias. La búsqueda, dice, tiene que ser nacional, pero hay que empezar por las regiones.
La buscadora participa de la IV Reunión Regional de Colectivos del Bajío, celebrada en Aguascalientes.
“Lo que hay en las carpetas de investigación son puros exhortos de colaboraciones a diferentes estados. Yo me pregunto, con esta tecnología en las plataformas que algunos fiscales presumen, ¿no se pudiera hacer una plataforma con las galerías de los cuerpos no identificados, de su ropa, en todos los estados de la región y así poder quedarnos en nuestra ciudad para no hacer gastos innecesarios? Esa sería una primera petición, que se pudiera tener cuando menos la plataforma de los cuerpos de manera conjunta a nivel regional. Aquí está Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato; para que todas las víctimas, cuando pedimos una galería, nos puedan dar el acceso a estas fotografías de esas personas que no están identificadas y que probablemente pudieran ser nuestros familiares”.
La mujer alza la voz en medio del antiguo salón de locomotoras donde se celebra la reunión a la que asistieron más de 70 personas que viajaron desde al menos ocho entidades: Zacatecas, Jalisco, Querétaro, Colima, San Luis Potosí, Guanajuato, Nayarit y Michoacán, que forman un corredor desde el centro del país hasta el Pacífico, donde siguen desaparecidas 3 de cada 10 personas en el país, 30 mil 962, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. La mayoría en Jalisco, donde no sabe de 15 mil 40 personas, en contraste con Aguascalientes, que reporta 356.
También hay personas buscadoras de otros estados, como Hidalgo y el Estado de México, que acompañan a la distancia, conectadas en ventanas virtuales. Y de Sinaloa, que viajaron hasta Aguascalientes, a doce horas de distancia por carretera, solo para acompañar la reunión, aunque no se encuentren dentro de la región bajío.
Pese a que se trata de la cuarta reunión, esta es la segunda vez que el evento alcanza la participación de autoridades nacionales, regionales y de más de una decena de colectivos. Los acuerdos sostenidos en las primeras reuniones han sido seguir dialogando y acompañarse en las exigencias, hacer presión en la región. El evento es organizado por el Colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia, y por el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes (OVSGA).
Nuñez, que busca a su hijo y pareja desaparecidos en 2019, agrega que el crimen organizado opera regionalmente, que, por ejemplo, grupos de Jalisco han ingresado a Guanajuato y que muchas de las personas desaparecidas son obligadas a trabajar de manera forzada en entidades diferentes a las de su origen, por lo que estrechar lazos regionales entre autoridades y colectivos de búsqueda sería fundamental para agilizar la localización de personas desaparecidas.
Sin embargo, las autoridades presentes, entre ellas la Comisión Nacional de Derechos Humanos y su homóloga en Aguascalientes, la Comisión Nacional de Búsqueda y representantes de las oficinas locales en los estados de la región, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ONU-DH), y representantes del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), además de fiscalías locales, no se comprometieron a llevar a cabo ninguna de estas solicitudes.
“Esta organización significa una esperanza, porque en México hay cárteles que operan en diferentes estados y probablemente hayan enviado a nuestros familiares a otro estado. Ese contexto nos da lugar a tener este tipo de reuniones para tener un contexto más generalizado y poder trabajar un poco más entre los estados colindantes, que sabemos que operan casi las mismas personas del mismo crimen organizado, hemos encontrado muchas similitudes”, dice Norma.
En esta zona del país, la desaparición durante traslados entre estados es frecuente. Personas oriundas de Aguascalientes han desaparecido en su trayecto hacia municipios de Jalisco. Lo mismo pasa en entidades como Guanajuato y Colima.
También es una zona que configura un nuevo epicentro de las desapariciones. En Guanajuato, por ejemplo, la desaparición de personas pasó de 621 casos en 2018 a 3 mil 110 en este 2022, colocándose como uno de los delitos de mayor crecimiento durante ese periodo de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En el municipio de Abasolo de este estado, la buscadora María Carmela Vázquez fue asesinada afuera de su casa el 6 de noviembre pasado. María Carmela buscaba a su hijo, Osmar Zúñiga, desaparecido el 14 de junio de este año.
Después de Norma Burrón, buscadoras de Zacatecas y San Luis Potosí toman el micrófono y narran casi la misma historia de deficiencias y revictimización en la búsqueda de sus familiares desaparecidos.
Más tarde, a distancia, toma la palabra Óscar Muñoz Aguilar, fundador del Colectivo buscando hasta encontrarte, de Hidalgo, que denuncia la falta de trabajo de las autoridades de su estado en la búsqueda de las personas desaparecidas. Muñoz Aguilar hace un llamado y las personas presentes asientan con la cabeza:
“Pido que los colectivos se unan, que apoyen también al estado de Hidalgo, y así como ustedes nos apoyan, nosotros también podemos apoyarlos en cualquiera de sus estados para que las autoridades entiendan y tengan un poquito más de respeto hacia nosotros, que somos familiares de víctimas”.
Entre los acuerdos tomados por las familias que integran la reunión está realizar actividades de sensibilización en la región, exigir conjuntamente a las autoridades que articulen búsquedas regionales, homologar criterios de investigación, acompañarse en las búsquedas en campo, que las familias de víctimas estén presentes en la firma de convenios para la búsqueda entre autoridades porque “son los familiares quienes sabemos que autoridades trabajan y cuáles no”, dice Hilse Espinosa, integrante del Colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia.
Otro de los objetivos es que las fiscalías locales obtengan mayor recurso para contratar a más personal, que el Mecanismo Extraordinario de Investigación Forense (MEIF) firme acuerdos de trabajo con los estados de la región, y que en las caravanas de búsqueda se les permita a las familias ingresar a cárceles, Servicios Médicos Forenses, centros de rehabilitación, clínicas psiquiátricas y hospitales.
También se solicitó a las autoridades presentes, sobre todo a las comisiones locales de búsqueda, otorgar recursos para que los colectivos puedan trasladarse a las reuniones regionales. El próximo año, de acuerdo a la votación sostenida durante la reunión, el encuentro será en Jalisco.
Las autoridades presentes no se comprometieron formalmente al cumplimiento de ninguno de estos acuerdos.
“Las autoridades, quieran o no quieran, tienen que entrarle. Tenemos que fortalecer a las instituciones que ya están y tener buenos acuerdos, sobre todo trabajar en un mismo sentido, no cada quien con su rumbo. Tenemos que homologar la información, todos los registros de los estados. Lo que buscamos es articular a las entidades federativas, tanto de colectivos como de autoridades, y no solo las locales, también nacionales como la Comisión Nacional de Búsqueda y el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense”, añade Javier Espinosa, de Aguascalientes, quien busca a su hijo Javier Espinosa Almanza, desaparecido hace 15 años.
Entre la información compartida por las autoridades a manera de avance en las búsquedas, Sonja Perkic-Krempl, directora general de búsqueda de la Comisión Nacional de Búsqueda; y Jairo Vivas, representante del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), informaron a las familias sobre la próxima presentación del Programa Nacional de Búsqueda y la construcción de centros estatales de identificación forense, así como la firma de acuerdos de trabajo del MEIF con las entidades de San Luis Potosí, Tamaulipas y más recientemente en Zacatecas. Información que desde hace meses es pública y que en el caso del Programa Nacional, lleva alrededor de cuatro años de retraso en publicarse.
Buscar con el riesgo de morir
Durante la reunión, las personas buscadoras que toman el micrófono coinciden en la mayoría de sus exigencias, pero también en una preocupación: la falta de seguridad en las búsquedas en campo. Como ejemplo, nombran lo sucedido recientemente en la Brigada Nacional de Búsqueda, donde las familias –abandonadas por las autoridades– fueron intimidadas y tuvieron que abandonar una búsqueda al escuchar detonaciones de arma de fuego en el municipio de Huitzilac, en el estado de Morelos.
“Hoy estamos aquí, mañana no sabemos”, dice una mujer de un colectivo de Guanajuato. “Integrantes de nuestro colectivo, Voz y Dignidad, sufrieron un ataque armado en el municipio de Río Verde, por lo tanto consideramos que urge reforzar y fortalecer nuestra seguridad”, añade Rosa Laura Martínez Guerrero, de San Luis Potosí.
Mercedes Ruiz, del Colectivo familiares caminando por justicia, en Michoacán, cuenta en entrevista que frente al peligro que se vive en aquél estado las autoridades han dejado solas a las familias en las búsquedas, pero enfatiza: “No vamos a quitar el dedo del renglón, vamos a seguir buscando”.
“¿Cuántas defensoras, cuántas compañeras buscadoras han sido asesinadas en la búsqueda? No se nos brindan las garantías de seguridad, es una actividad en donde arriesgamos la vida, pero hay la necesidad de buscar. En Michoacán hay bastantes desaparecidos y puntos que tenemos información de que hay presuntamente cuerpos ahí, pero a veces no podemos entrar. No es una acción que grupos delincuenciales puedan realizar de manera independiente, son redes de macrocriminalidad en la que necesariamente están coludidos con los gobiernos”, añade.
Otra mujer de Zacatecas, cuyo nombre se resguardará por seguridad, afirma que en aquél estado las autoridades han dejado solas a las familias durante las búsquedas de campo, o desprotegidas.
“Los de la Comisión Local de Búsqueda se presentan a las búsquedas con chalecos antibalas, y a nosotras no nos dan nada, estamos desprotegidas...teníamos un oficio de que Karla Quintana (comisionada nacional de búsqueda) nos acompañaría en una o dos ocasiones pero nunca llegó, nos dejan solas”, dice.
2022 ha sido el año más letal para las personas buscadoras, agrega Alan García, de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ONU-DH).
El funcionario de Naciones Unidas también urge al Estado Mexicano a considerar como defensoras de derechos humanos a las personas buscadoras, y de esa forma darles acceso a mecanismos de protección “que atiendan objetivamente los riesgos que enfrentan y mitiguen las condiciones de vulnerabilidad con las que desarrollan esa labor loable, admirable y esperanzadora que son las búsquedas”. Y agrega que, otra vez, los colectivos van un paso adelante que las autoridades.
“La búsqueda tiene que ser protegida, en donde las víctimas no deban reemplazar al Estado en el cumplimiento de sus obligaciones, pero también una búsqueda que cuente con las garantías suficientes de seguridad y protección, los asesinatos constituyen la parte más visible y más dolorosa, sin embargo detrás hay una multiplicidad de riesgos cotidianos que enfrentan, de amenazas, las y los perpetradores (de la violencia) apuestan a la parálisis. (...) Las familias en espacios como este, de articulación, están de nueva cuenta dándole el ejemplo al Estado, si las familias han sido capaces de articularse, la pregunta es: ¿por qué las autoridades no son capaces de articularse?”.
Aunque hay el compromiso de trabajar sobre las solicitudes de las personas buscadoras, las autoridades presentes que escucharon las exigencias y peticiones de los Colectivos no se comprometieron a actividades específicas, ni ofrecieron información que no fuera ya conocida por muchas y muchos de los presentes.
*Mónica Cerbón es periodista independiente. Reportera de investigación en temas de derechos humanos, defensa del territorio, casos de corrupción regional y violencia de género. Es colaboradora de la Revista Proceso, e integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública (Poplab) y el Proyecto A dónde van los desaparecidos.