Auditoría presenta 2 nuevas denuncias por Odebrecht: acusa desvío de 183 millones con Lozoya
Ya suman 14 las denuncias promovidas por diversas autoridades en contra de Lozoya y de funcionarios de su administración en la empresa estatal. Hasta ahora no se ha conseguido reparar el daño en ninguno de los casos
MÉXICO._ La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó dos nuevas denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el posible desvío de poco más de 183 millones de pesos del erario como resultado de los malos manejos en torno a los contratos que Pemex firmó con la constructora Odebrecht para la rehabilitación de una refinería en Tula, Hidalgo.
Los presuntos responsables de dichas anomalías, de acuerdo con los dictámenes técnicos elaborados por los auditores y entregados al Ministerio Público como parte de las denuncias, son funcionarios y ex funcionarios de la empresa estatal encabezados por Emilio Lozoya –en ese entonces director de la compañía– que no supervisaron adecuadamente la asignación y cumplimiento de los servicios pactados.
Las nuevas denuncias presentadas el pasado 29 de octubre ante la Fiscalía Especializada en combate a la Corrupción de la FGR, se suman a otras dos que ya había presentado la ASF también relacionadas con la contratación de Odebrecht para los trabajos en Tula, Hidalgo.
Se prevé que el caso se siga agravando, ya que en torno a estos procedimientos hay más de mil 191 millones de pesos que hasta el día de hoy no aparecen.
De acuerdo con el informe de la auditoría de cumplimiento en inversiones físicas 479-DE que ha dado paso a las denuncias, todas las anomalías se desprenden de los contratos que la filial Pemex Transformación Industrial (PTI) firmó en 2014 y 2015 con la constructora Norberto Odebrecht para el tratamiento de aguas residuales y diversos trabajos de mantenimiento en la Refinería Miguel Hidalgo de Tula, Hidalgo.
Uno de los contratos, el número PXR-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-4-14, se entregó por la vía de adjudicación directa y sin licitación. Los auditores identificaron severas anomalías en el proceso de contratación que permiten presumir que estuvo dirigido por Pemex, desde un inicio, en favor de Odebrecht. El monto original del contrato era de mil 400 millones de pesos, pero a la postre, se autorizaron ampliaciones que lo elevaron hasta los 2 mil 300 millones de pesos.
El otro contrato, con el número DCPA-OP-GCP-DGTRI-A-3- 15, también se adjudicó por la vía de la contratación directa en favor de Odebrecht por un monto de 1 mil 811 millones de pesos.
Al revisar la ejecución de estos servicios la ASF identificó nueve anomalías graves durante su ejecución, cada una de las cuales ocasionó daños por cientos de millones de pesos que hasta la fecha siguen sin poderse recuperar.
Una de estas anomalías, que dio paso a una de las dos nuevas denuncias que se acaban de presentar, tiene relación con pagos injustificados por 139 millones de pesos que Pemex PTI le pagó a Odebrecht luego de que se llevó a cabo la ampliación de uno de los contratos. Se trata de dinero público que prácticamente la empresa mexicana le regaló a la constructora brasileña debido a que no hay registro de mano de obra, materiales o servicios que justifiquen la entrega del dinero.
La otra denuncia es resultado de un quebranto de 49 millones de pesos que los auditores detectaron luego de que se realizaron ajustes a los trabajos relacionados con el manejo de agua en la refinería, los cuales, teóricamente, significaron un ahorro por el monto referido. Sin embargo, dicho dinero nunca fue devuelto.
Estas dos anomalías suman 183 millones de pesos que salieron de las cuentas de Pemex de forma injustificada, bajo el contexto de los referidos contratos. Pese a que se dio un plazo de casi tres años a las autoridades para tratar de justificar los movimientos o reponer el dinero ello no ha ocurrido, por lo que la ASF determinó presentar la denuncia penal por los delitos que resulten.
Autoridades de la Auditoría indicaron que la revisión en torno a los contratos que se dieron durante el sexenio pasado a Odebrecht no ha finalizado, por lo que podrían presentarse más denuncias incluso antes de que acabe el presente año.
14 denuncias y miles de millones perdidos
Conforme han avanzado las investigaciones de distintas autoridades federales relacionados con el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, el monto relacionado con los presuntos fraudes y daños vinculados por sus acciones antes y durante su administración ha ido en ascenso.
Animal Político publicó el pasado 12 de octubre que hasta ese momento sumaban 12 las denuncias penales presentadas por Pemex, la ASF y la Unidad de Inteligencia Financiera en contra del ex funcionario federal. A esas querellas se suman ahora las dos denuncias nuevas presentadas por la Auditoría.
Aunque no hay un monto exacto del daño patrimonial causado al Estado por los diversos fraudes (dado que en muchos casos las afectaciones siguen creciendo), las autoridades ya cifran en casi 21 mil millones de pesos las pérdidas vinculadas con estos hechos irregulares.
Entre los casos denunciados destaca la adquisición de los complejos de fertilizantes de la empresa Grupo Fertinal S.A. de C.V. con lo que supuestamente se ayudaría a potencializar la producción nacional de fertilizantes en el país, que era uno de los compromisos pactados dentro del llamado “Pacto por México”.
Lo que ocurrió fue todo lo contrario: de acuerdo con las denuncias la planta fue adquirida con notable sobreprecio y con equipos que tenían, en algunos casos, más de tres décadas de antigüedad. Para rehabilitarlos Petróleos Mexicanos tuvo que invertir fuertes sumas de dinero. Las pérdidas estimadas ascienden a 565 millones de dólares (poco más de 11 mil millones de pesos).
En el proceso de adquisición de Fertinal están implicados, según la denuncia presentada por Pemex, tanto los altos funcionarios que formaron parte de los consejos de administración de Petróleos Mexicanos, así como diversas instituciones financieras entre ellas Banco Azteca.
La política de supuesta producción de fertilizantes fue aprovechada, según las indagatorias, para justificar gastos excesivos o inversiones injustificables. En ese contexto también se llevó a cabo la adquisición del complejo Agronitrogenados en Pajaritos, Veracruz. Antes de ser vendida a Pemex dicha instalación pertenecía a la empresa Altos Hornos de México la cual, presuntamente, pagó a Lozoya casi 3 millones y medio de dólares en sobornos.
Un análisis de la ASF concluyó que el complejo adquirido estaba en severo deterioro y con equipos, en algunos casos, inservibles. Los costos de inversión y rehabilitación dejaron pérdidas para el Estado superiores a los mil 250 millones de pesos.
La Unidad de Inteligencia Financiera, por su parte, ha presentado varias denuncias relacionadas con presuntas operaciones de lavado de dinero con recursos que salieron de Petróleos Mexicanos al amparo de contratos con Odebrecht, y que terminaron en redes de empresas fantasma. Se calcula que al menos 3 mil millones de pesos fueron blanqueados de esta forma.
¿Y la reparación del daño?
Hasta ahora los presuntos desvíos denunciados por las autoridades permanecen impunes. Aunque algunas de las carpetas de investigación ya han sido judicializadas, ningún caso ha llegado a la fase de juicio y por lo tanto tampoco se han dictado sentencias condenatorias ni reparaciones del daño.
El caso que registra mayores avances es el de Agronitrogenados, donde el presidente de Altos Hornos, Alonso Ancira, firmó un acuerdo reparatorio con Pemex en el que se comprometió a pagar en un lapso de tres años poco más de 216 millones 644 mil dólares. Dicho arreglo trajo consigo la suspensión del proceso penal en contra del empresario y que pudiera recuperar su libertad.
Emilio Lozoya, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva, ha propuesto a Pemex entregar una residencia valuada en 3.8 millones de dólares como pago de reparación del daño por el caso Agronitrogenados, y con ello que se dé por finiquitado dicho proceso sin la necesidad de un juicio. Por lo que respecta a Odebrecht, el ex funcionario ofrece la entrega de dos inmuebles, así como el pago en efectivo de una cantidad por definir en un plazo de tres años.
Para que dichas propuestas sean procedentes se requerirá, en ambos casos, el aval de Petróleos Mexicanos.