Asegura Norma Piña que fue ‘amiga’ de Arturo Zaldívar hasta que aprobó investigar denuncia en su contra
La actual Presidenta de la SCJN señala que la denuncia contra su predecesor fue tratada con seriedad y niega que haya sido un proceso malintencionado
La Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, aseguró que fue amiga de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ex Presidente del máximo tribunal constitucional, hasta que aprobó la investigación de una denuncia en su contra por una supuesta red formada por miembros del Poder Judicial de la Federación, cercanos al ex Ministro, para presuntamente presionar a jueces y magistrados.
“Sí éramos amigos [...] pero yo creo que todo fue parte de una mala comunicación. El respeto entre amigos es fundamental. El respeto entre compañeros ministros también es fundamental. Hubo malos entendidos. Falta de comunicación. Y eso propició que se rompiera la amistad”, explicó Piña Hernández durante una entrevista con la periodista Adela Micha, transmitida en su canal La Saga.
“Te voy a decir una cosa, cuando él regresó de Ministro, de Ministro Presidente a Ministro, nos seguíamos llevando bien. Digo, no éramos los amigos de siempre. Después de que salió de Ministro, no he tenido ninguna comunicación, ninguna relación”, expuso la también presidenta del Consejo de la Judicatura Federal.
“Yo atribuyo que se presentó la famosa denuncia y yo tuve que darle trámite. Era lo que se tenía que hacer, una denuncia. Ni modo que yo la guardara en un cajón. Entonces se le dio trámite. Está en investigación y se verá lo que se tenga que ver. No se hizo con mala leche. Se le tenía que dar el trámite”, dijo.
“Fíjate que no, para nada. Me sorprendí cuando llegó la denuncia y eso de que lo hicimos en un día no es cierto, qué te voy a decir, los jueces acordamos en 24 porque así lo establece la ley y así lo hacemos, pero no fue tan rápido, y se le tenía que dar trámite”, reiteró cuando la periodista le preguntó si dio trámite a la denuncia contra Zaldívar con “mala leche”.
La Ministra dijo que se trató de un proceso que se encontraba dentro de sus atribuciones, ya que incluso con ella también se habían abierto ese tipo de trámites.
Adela Micha le contó a Piña Hernández que en su momento entrevistó a dos jueces que reconocieron haber sido presionados “por la gente de Zaldívar”, a lo que la Presidenta de la SCJN señaló que se investigaba si se trataba de un “modus operandi” de su predecesor y de su equipo de trabajo.
“Como en toda familia feliz, sí había rumores pero tampoco uno puede estar dándole credibilidad a lo que oye. Se está investigando”, agregó.
Según lo relató N+Focus, unidad de investigación de Noticieros Televisa, el pasado 7 de mayo, el Consejo de la Judicatura Federal recibió el 9 de abril una denuncia contra Zaldívar Lelo de Larrea y otros funcionarios judiciales, acusándolos de presionar a jueces y magistrados, para cambiar el sentido de sus resoluciones en los casos que llevaban.
El magistrado Alberto Roldán Olvera, actual magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México, relató a dicho medio cómo, al igual que varios de sus homólogos, fue presionado entre 2020 y 2021 por Carlos Antonio Alpízar Salazar, entonces secretario general de la Presidencia del CJF, y el magistrado Constancio Carrasco Daza, entonces titular de la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal del Consejo de la Judicatura Federal, para emitir una resolución en un amparo que, según aseguraron ambos, era una prioridad institucional para el Ministro Zaldívar Lelo de Larrea.
En la actualidad, Alpízar Salazar es el titular de la Unidad de Desarrollo Democrático de la Secretaría de Gobernación. El 11 de marzo de 2013, el Congreso del Estado de México lo nombró magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Mientras que Carrasco Daza se desempeñó como magistrado de la Sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desde 2006 y como presidente de esa misma institución, entre el 13 de abril de 2015 y 4 de agosto de 2016.
Según lo informó el diario Reforma, el 8 de mayo pasado, el Consejo de la Judicatura Federal giró los primeros citatorios a impartidores de justicia para que declararan respecto a las presuntas amenazas que habrían recibido de parte de operadores de Zaldívar Lelo de Larrea.
El CJF también requirió copias de algunos expedientes de amparo a órganos jurisdiccionales, cuyos titulares presumiblemente fueron coaccionados para que dictaran fallos conforme se los indicaban desde la Presidencia de dicho organismo.
La Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del CJF envió los primeros citatorios por correos electrónicos oficiales a jueces de distrito y magistrados de circuito, para que comparecieran en el expediente J/108/2024, según confirmaron funcionarios del Poder Judicial de la Federación (PJF) al citado rotativo.
“Reforma confirmó que los primeros jueces ya comparecieron el pasado lunes en las oficinas de la Judicatura Federal, en Insurgentes Sur, y para ello se les facilitó con anticipación los permisos para ausentarse de sus centros de trabajo”, indicó el diario.
El CJF y la SCJN informaron, el 17 de abril, que el órgano encargado de la administración, vigilancia, disciplina y de la carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, sí contaba con facultades para investigar denuncias anónimas, aun si estas no iban acompañadas de pruebas, debido a que existía una reforma publicada desde 2020, cuando el ahora ex Ministro Zaldívar Lelo de Larrea era su Presidente.
Asimismo, a través de un comunicado, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal aclararon que el CJF únicamente no tenía facultades para investigar a un ex Ministro de la SCJN, por lo que la denuncia anónima que mencionaba a Zaldívar Lelo de Larrea fue turnada al máximo tribunal constitucional, para que resolviera sobre la misma.
La SCJN y el CJF indicaron que conforme a la normativa que regía la actuación del Consejo de la Judicatura Federal era competencia de la Presidencia, en este caso de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, pronunciarse respecto a la admisibilidad de las quejas relacionadas con responsabilidades administrativas de servidores públicos.
“De conformidad con el artículo 132 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de responsabilidades administrativas, situación patrimonial, control y rendición de cuentas, toda queja por responsabilidad administrativa -incluyendo las anónimas- por regla general, debe acompañarse de elementos probatorios para determinar, tanto la existencia de la falta administrativa, como la presunta responsabilidad de los servidores públicos involucrados”, señalaron el CJF y la SCJN.
“Sin embargo, a partir de la reforma a dicho artículo publicada en 2020, se prevé que si en las denuncias se señalan las circunstancias de tiempo, modo y lugar que permiten advertir indicios de conductas probablemente constitutivas de responsabilidad administrativa, se podrá ordenar la práctica de investigaciones; esto es, aun si a la queja o denuncia no se acompañan pruebas, pero del contenido se advierten indicios circunstanciales de modo, tiempo y lugar, procede ordenar la investigación correspondiente”, explicaron.
“Bajo este último supuesto, desde el 2018, se han iniciado investigaciones a partir de 362 denuncias anónimas. Esta regulación del CJF responde a lo dispuesto en los artículos 91, segundo párrafo, y 93, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que, para la admisión de la denuncia anónima, no exigen que se acompañen pruebas”.