AMLO descarta responder a preocupaciones de la ONU sobre la reforma judicial
López Obrador sostiene que México tiene el derecho a hacer reformas conforme a lo que establece la Constitución
El Presidente Andrés Manuel López Obrador descartó responder a las inquietudes planteadas por Margaret Satterthwaite, Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de la Organización de las Naciones Unidas, quien, un día antes, le envió una carta de 12 cuartillas, en la cual expresó su preocupación por la reforma judicial propuesta por el Gobierno de México.
López Obrador argumentó que las preocupaciones de la ONU respecto a la reforma judicial no deberían tomarse en serio, ya que, según él, México era un País soberano y tenía el derecho de hacer reformas conforme a su Constitución.
También cuestionó los intereses de aquellos que criticaban las reformas, sugiriendo que podrían estar influenciados por oligarquías globales, que buscaban controlar organismos internacionales.
No obstante, a pesar de las críticas de la ONU, reafirmó que la reforma judicial era una cuestión interna y que el Poder Legislativo, en cumplimiento con los procedimientos legales, determinaría su validez.
Asimismo, criticó la actuación de la ONU, alegando que muchos conflictos internacionales surgían, según él, porque estos organismos no abordaban los problemas de manera efectiva.
“Hay demasiada diplomacia improductiva en la ONU y en todos sus organismos, mucho turismo diplomático”, afirmó López Obrador, quien también enfatizó que la Constitución mexicana otorgaba al Poder Ejecutivo la facultad de presentar iniciativas de ley para reformar la Constitución, y que el Congreso de la Unión era el encargado de aprobar o rechazar tales reformas.
“La Constitución establece que el pueblo tiene el derecho de cambiar la forma de su gobierno. El Ejecutivo y el Legislativo tienen roles definidos en este proceso”, explicó.
En su misiva firmada desde Génova, Suiza, la funcionaria de la ONU advirtió que esto podría politizar la justicia, debido a que, según ella, los juzgadores podrían intentar complacer a votantes o patrocinadores de campañas, en lugar de tomar decisiones basadas en la ley.