A 4 años de Iguala, Peña queda como el gran encubridor: papás de los 43
"Los familiares de los estudiantes y organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales coinciden en que Peña Nieto se aferró a una 'verdad histórica'"
"Antes de 2014 todo era felicidad, todo era alegría, porque puede uno padecer pobreza, pero que le desaparezcan a un hijo no se lo deseo a nadie. Es un tormento no tener respuesta", dijo Clemente Rodríguez Moreno, padre de Cristian Alfonso Rodríguez, uno de los 43 normalistas de Ayotizinapa desparecidos hace cuatro años en Iguala, Guerrero.
Cristian Alfonso quería ser Ingeniero Agrónomo, pero no hubo recursos para que estudiara esa carrera. Entonces decidió inscribirse en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, que estaba a 15 minutos de Tixtla, donde él vivía. Su sueño era sacar de trabajar a su mamá que aún hace tortillas en la hornilla para vender y a su padre, que se dedicaba a vender agua embotellada y a quien quería ayudarle a arrancar con el negocio de una purificadora.
"Estamos golpeados por dentro, no somos los mismos; no soy el Clemente alegre de antes. Ahorita lo que tenemos es el coraje, la impotencia de que no se hace nada, que nos han engañado y se han entorpecido las investigaciones. Nos han golpeado psicológicamente, emocionalmente, estamos de alguna manera en esa parte dañados, ahorita ya son cuatro años que hemos y hemos aprendido muchas cosas", afirmó Clemente Rodríguez.
El dolor y la impotencia que siente Clemente es porque a cuatro años de la desaparición de los 43 normalistas, tres asesinados y uno gravemente herido -hechos que cimbraron al Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto- y a 66 días de que concluya la administración actual, el Jefe del Ejecutivo federal no ha cumplido con su palabra de llegar a la verdad sobre lo que sucedió en Iguala, Guerrero aquella noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Los familiares de los estudiantes y organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales coinciden en que Peña Nieto se aferró a una "verdad histórica" para ocultar quizás la responsabilidad de funcionarios de alto nivel de su administración, e incluso la suya propia, y esperan que la administración que arranca el 1 de diciembre con Andrés Manuel López Obrador en la Presidencia de la República les dé la certeza de lo que pasó con los muchachos.
"Peña Nieto, cuando nos acercamos a él, nos prometió muchas cosas: dar con la verdad y no hizo nada. Hoy en día pues ya se va, como si ya hubiera resuelto todo; ustedes lo saben, hace poco sacó un comunicado donde dice que los estudiantes fueron quemados, cuando esa mentira histórica ya quedó sepultada. Ahorita lo que viene con el nuevo Gobierno es una poco de confianza, aunque a las palabras se la lleva el viento", dijo el padre de Cristian.
Clemente se refirió al spot que lanzó Peña Nieto el pasado 29 de agosto por motivo de su Sexto Informe de Gobierno en donde defendió a la "verdad histórica" de Jesús Murillo Karam y la Procuraduría General de la República (PGR), que concluyó entre noviembre de 2014 y enero de 2015, que los estudiantes fueron asesinados e incinerados por el crimen organizado en el basurero de Cocula, Guerrero.
"En lo personal, y con el dolor que causa, y con lo que significa la pena para los padres de familia, yo estoy en la convicción que lamentablemente pasó justamente lo que la investigación arrojó", dijo Peña Nieto.
En un spot de no más de dos minutos de duración el Presidente afirmó que "evidentemente ante la negativa y el rechazo de los padres de familia por aceptar los alcances de la investigación realizada por la PGR, en donde había evidencias claras y contundentes de que muy lamentablemente los 43 jóvenes habían sido incinerados por un grupo delincuencial que operaba en el estado de Guerrero, fue necesario incluso abrir la investigación a una Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que integrantes de esta Comisión pudieran conocer la investigación que había realizado la Procuraduría".
Luis Tapia Olivares, coordinador del área de defensa del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), dijo en entrevista que el Gobierno de Peña Nieto se va sin atender la demanda de verdad y justicia de las familias de los estudiantes desaparecidos en Iguala y con la versión de la "verdad histórica" como lo que ocurrió aquella noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre.
"Si alguna duda quedaba de la falta de compromiso del régimen saliente en esclarecer la verdad sobre el paradero de los estudiantes, la duda quedó disipada cuando en sus spots el Presidente de la República actual dijo que la única verdad era la 'verdad histórica'. Eso aclaró por qué no se pudo saber la verdad. La respuesta es que había una versión que fue comprada, que no tiene base científica, que fue refutada en repetidas ocasiones por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes [GIEI], el equipo Argentino de Antropología Forense en una y otra ocasión, por el mismo perito José Torero. Frente a esa realidad se explica por qué no se conoce hasta hoy, a cuatro años, dónde están y no se conocen todas la responsabilidad de quienes participaron en la desaparición de manera activa y por omisión", explicó Tapia Olivares, miembro del Centro de Derechos Humanos que ha acompañado a los padres de los normalistas desde que inició la búsqueda de la verdad.
La verdad histórica de Murillo Karam
En Real del Monte, Hidalgo, el pueblo que vio nacer un 2 de marzo al ex Procurador de la República Jesús Murillo Karam -el hombre que bautizó a la versión de la PGR sobre lo sucedido a los normalistas como la "verdad histórica"-, el mercado y la Casa de la Cultura llevan su nombre.
El pequeño pueblo de calles estrechas, empedradas y adoquinadas, es considerado Pueblo Mágico y, de legado minero, le rinde reconocimiento a Murillo Karam no sólo con la Casa de la Cultura y un mercado, sino con una placa en la plaza principal.
Y fue él, Murillo Karam, quien en noviembre de 2014 anunció que Patricio Reyes Landa, "El Pato"; Jonathan Osorio Gómez, "El Jona", y Agustín García Reyes, "El Chereje", fueron los autores materiales del crimen cometido en contra de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
"Los detenidos señalan que en ese lugar privaron de la vida a los sobrevivientes y posteriormente los arrojaron a la parte baja del basurero, donde quemaron los cuerpos e hicieron guardias y relevos para asegurarse de que el fuego durara horas, arrojándole diesel, gasolina, llantas, leña, plástico, entre otros elementos que se encontraron en el paraje", declaró ante los medios de comunicación el entonces Procurador.
Murillo Karam sentenció frente a los medios de comunicación y ante los familiares de las víctimas una verdad lacerante.
"Sin lugar a dudas (las investigaciones llevan) a concluir que los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan. En ese orden. Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente", afirmó.
Al día siguiente de que la PGR considerara la hipótesis del basurero como "una verdad histórica", Murillo Karam y el abogado de los padres de los normalistas, Vidulfo Rosales, debatieron en distintos medios de comunicación sobre la presencia del Ejército en la noche de la desaparición de los normalistas, el pasado 26 de septiembre, ya que los familiares no abandonan la exigencia de que los militares debían ser investigados sobre su rol en la noche de la tragedia.
"No hay nadie que los acuse [a los militares] de nada", dijo Murillo Karam en esos días de noviembre, apenas dos meses después de lo sucedido en Iguala.
Pero los familiares de los normalistas y sus abogados no se conformaron. Solicitaron ayuda internacional y en marzo de 2015 llegaron a México cinco expertos interdisciplinarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar los hechos en coadyuvancia con las autoridades mexicanas.
El GIEI presentó una serie de informes y uno final en septiembre de 2015 en donde llegó a la conclusión de la incineración de los jóvenes definitivamente no ocurrió y que la investigación de la PGR contenía varias inconsistencias y deficiencias.
Francisco Cox, miembro del GIEI, explicó que con base en un peritaje sobre la dinámica del fuego, realizado por el peruano José Torero, las declaraciones de los inculpados que sostienen la "verdad histórica" eran imposibles científicamente.
Para quemar a los 43 normalistas e incinerarlos se hubieran requerido 30 mil 100 kilogramos de madera, 13 mil 330 kilos de neumático y arder por 60 horas, es decir, por dos días y medio.
"Por toda la evidencia, el GIEI se ha formado la convicción de que los muchachos no fueron incinerados en el basurero de Cocula", dijo Cox.
En entrevista, el perito dijo que la PGR ponía en duda el peritaje independiente que él realizó por petición de los expertos del GIEI y volcaba la atención sobre un tema que debió ya ser descartado, en lugar de investigar asuntos como el quinto autobús omitido en el expediente y otras revelaciones del informe.
"Esta investigación se hizo como una investigación independiente. Lo que yo entendí es que en un principio la PGR y el Gobierno iban aceptar esa investigación y en función a eso seguir trabajando para resolver este problema. Lo que han hecho es objetar la investigación y en el momento que lo hacen, se genera un debate enorme acerca de la posibilidad de haber existido o no la incineración en el basurero de Cocula", dijo.
El perito fue contundente: no existe la posibilidad de que otros peritajes serios avalen la "verdad histórica" del ex Procurador Jesús Murillo Karam: que los 43 fueron quemados e incinerados en el basurero de Cocula. Eso nunca ocurrió, afirmó. Torero encontró evidencia de pequeños fuegos o fogatas encendidas en ese basurero, de hasta tres a cinco años atrás.
El informe de septiembre de 2015 del GIEI reveló también que la PGR pasó por alto y omitió en el expediente la existencia de un quinto autobús en el caso Ayotzinapa: un Estrella Roja con 14 normalistas, que fue vaciado a punta de balazos por elementos de la Policía Federal a la altura del Palacio de Justicia, en la salida Iguala-Chilpancingo.
Lo omitió bajo el pretexto de que ese camión fue abandonado por los normalistas inmediatamente después de sacarlo de la Central de Camiones de Iguala, porque se pusieron nerviosos y pensaron que no servía, de acuerdo con la declaración del chofer.
Esa declaración bastó para que la PGR desechara ese quinto autobús como evidencia y no consignara el hecho ni considerara ese autobús como escena del crimen, reveló el informe.
El quinto autobús que desapareció de la escena, que nunca investigó la PGR, ni consignó en su expediente, pudo ser el detonante de la agresión a los estudiantes, al ser un vehículo posiblemente cargado con droga o con dinero, dijeron los expertos.
El experto Francisco Cox explicó que fuentes de Estados Unidos se refieren al menos a una investigación en curso, una declaración jurada de un agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), en donde se ordenaron escuchas a miembros del grupo de Guerreros Unidos, que coinciden con la desaparición de los normalistas.
Los fiscales de la DEA indicaron a los expertos que no hay antecedentes que apunten a los jóvenes, pero sí sobre la utilización de autobuses para movilizar droga según una causa iniciada en Atlanta.
Ante la insistencia de los padres de los normalistas y la presión internacional, los expertos del GIEI continuaron en México durante seis meses más y en abril de 2016 dieron un último informe antes de salir del país.
En ese nuevo informe los expertos del GIEI sostuvieron que la verdad que defiende Peña Nieto y que se basa en 80 tomos en el expediente de la desaparición de los normalistas en Iguala, no es creíble y carece de sustento.
El GIEI exhibió inconsistencias graves en la investigación que arrojó la "verdad histórica", entre ellas que al menos 17 de las personas detenidas, relacionadas con el caso, sufrieron algún tipo de maltrato físico o tortura, entre ellos, los cinco presuntos integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos cuyas declaraciones son la base de la teoría sobre el homicidio y quema de los 43 estudiantes en el basurero de Cocula.
También, que un día antes de que la PGR anunciara el hallazgo de una bolsa con restos en el río San Juan, peritos de la misma dependencia realizaron un recorrido en la zona que, si bien quedó registrado en video por reporteros locales, nunca fue reportado en el expediente oficial del caso.
El GIEI encontró que las evidencias sobre actividades de narcotráfico en esa parte de Guerrero no han sido investigadas como parte del contexto que rodeó el crimen cometido contra los estudiantes; como tampoco se profundizó en la existencia de un quinto camión utilizado por los normalistas y que tampoco fue reportado originalmente por la PGR.
"Esta hipótesis es la posibilidad de que dicho autobús podría haber sido un medio de transporte de la heroína que se produce en la zona, lo que podría explicar el nivel del operativo dirigido a no dejar salir los autobuses, al cerco en la carretera que se muestra en este estudio y la agresión creciente contra ellos, con la desaparición forzada de los normalistas y el ataque masivo contra el autobús de Los Avispones [un equipo de futbol local]", detalló el GIEI.
Los expertos se encontraron con la fragmentación de la investigación en más de 25 averiguaciones previas, la dilación de meses en la realización de interrogatorios o diligencias, además de la imposibilidad de que elementos del Ejército Mexicano asignados al 27 Batallón ubicado en la zona respondieran a sus preguntas.
James Cavallaro, relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para México, afirmó ese día que la investigación preponderó las pruebas testimoniales y no la búsqueda de los autores intelectuales.
Luego de su salida de México, los familiares de los normalistas no han dejado de exigir el regreso de los expertos al país. De acuerdo con declaraciones realizadas el pasado 20 de septiembre por Mario Patrón, director del Centro Prodh, que el próximo Gobierno de Andrés Manuel López Obrador solicitará el regreso de los expertos del GIEI que investigaron lo sucedido con los jóvenes estudiantes.
Ocultar la verdad a toda costa
El lunes los familiares de los 43 normalistas protestaron frente al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa ubicado en la Ciudad de México, para exigir que se reabra la investigación en contra del ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio.
Los padres de los estudiantes mantienen un amparo ante la decisión de la PGR de exonerar a Zerón de Lucio de cualquier responsabilidad sobre la investigación del paradero de los jóvenes.
"Este amparo tiene dos años tramitándose y no ha tenido resolución", dijo Vidulfo Rosales.
Zerón de Lucio fue acusado por el GIEI de alterar pruebas en una escena del crimen durante su visita a las inmediaciones del Río San Juan de Cocula el 28 de octubre de 2014. Él negó a la PGR que fuera un acto ilegal. Desde esa revelación, los familiares exigieron su renuncia. Dejó el cargo, pero tiempo después fue nombrado Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional, puesto en el que se mantiene hasta ahora.
A inicios de este año se reveló que cuando fungió como director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Zerón de Lucio, firmó el contrato de adquisición del software Pegasus en octubre de 2014. El software fue usado para espiar a activistas, periodistas y miembros del GIEI.
De acuerdo con una investigación de la periodista Linaloe R. Flores, Zerón de Lucio asumió su nuevo puesto con un sueldo de 203 mil 875 pesos brutos al mes.
La periodista dio a conocer en septiembre de 2016, que, según datos del Portal de Obligaciones y Transparencia, Tomás Zerón le costó al erario siete millones nueve mil 500 pesos mientras estuvo al frente de la Agencia de Investigación Criminal, con un sueldo de 194 mil 708 pesos con 34 centavos al mes.
El lunes pasado también la organización Amnistía Internacional afirmó que el Gobierno de Peña Nieto se ha empeñado en "encubrir los hechos" de Iguala.
"Después de cuatro años de tratar de encubrir los hechos, es poco probable que la actual Administración tome los pasos necesarios para resolver el caso. El Gobierno entrante tiene entonces el gran reto de tomar todas las medidas necesarias para cambiar el rumbo y asegurar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas", dijo Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.
Amnistía Internacional recordó que en mayo, un tribunal federal con sede en Tamaulipas ordenó la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del caso Ayotzinapa y reponer la investigación del caso, pero el Gobierno ha hecho esfuerzos coordinados para presentar cerca de 200 recursos legales que buscan a toda costa evitar que se concrete la creación de la comisión.
De acuerdo con un comunicado de prensa emitido el 20 de septiembre pasado, cuando el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito con sede en Tamaulipas confirmó por unanimidad que las autoridades deben cumplir la sentencia al no existir la supuesta imposibilidad que alegó la PGR ni invadirse facultades del Ministerio Público, las organizaciones de derechos humanos que acompañan a los familiares aseguraron que 10 instancias federales fueron las que interpusieron los recursos "especialmente contra la creación de la Comisión Investigadora".
El Tribunal con sede en Tamaulipas ordenó en mayo que además se tienen que investigar las alegaciones de tortura de las personas imputadas, y que la Comisión debe estar compuesta por las familias y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con asistencia de organismos internacionales.
Luis Tapia Olivares, del Centro Prodh, explicó en entrevista que hay dos razones por las que la actual administración no quiere que se cree la Comisión Investigadora y para aferrarse a la "verdad histórica".
La primera, dijo, tiene que ver con el no querer reconocer su responsabilidad sobre los hechos evitando que la investigación se reencauce hacia otras líneas de investigación.
"La otra razón es que conocer la verdad implicaría que habría responsabilidades en contra de quienes fabricaron la 'verdad histórica'. Hay acusaciones graves de tortura contra detenidos, esa es otra parte que el Gobierno actual no quiere soltar, porque lo ponen entre las familias y la verdad sobre los hechos", argumentó.
Felipe de la Cruz, vocero de los familiares de los normalistas desaparecidos, dijo que Peña Nieto "se va con una losa tan grande sobre su espalda", por ocultar la verdad e insistir en proteger a los responsables del crimen.
"Esperamos que el nuevo Gobierno cumpla con su obligación constitucional de darnos verdad y justicia a las víctimas. Él [López Obrador] tiene un compromiso con los padres y madres de familia que contrajo en Iguala en su campaña. Queremos recordarle el compromiso de verdad y justicia, y que todos los involucrados sean investigados", afirmó.
El vocero aseguró que esperan que la nueva administración investigue a todos los que participaron en "el teatro de la verdad histórica que nos llevó cuatro años simulando algo que no hacían. Merecen castigo, por todo lo que hemos vivido por el dolor, creo que no se puede pagar con nada, pero que al menos sean castigados conforme a la ley, por su complicidad en este crimen".
Para Mario César González, padre del normalista desparecido César Manuel González, el actual Presidente de la República "se va con la cara sucia y con mucha impunidad".
"Lo más difícil es enfrentarse a un Estado sin corazón, que prefiere que lo estemos evidenciando a decir la verdad", dijo.
Sobre López Obrador, quien ha insistido ante las víctimas de la violencia generada por la lucha contra el narcotráfico de las últimas administraciones en "olvido no, perdón sí", el padre del normalista afirmó que "no puede haber perdón, hasta que no se sepa el paradero de los muchachos".
"Tenemos una gran esperanza con el Gobierno entrante, pero la confianza se la tiene que ir ganando", añadió.
Tapia Olivares coincidió con Mario César y agregó que López Obrador ha dado buenos signos con el nombramiento de Alejandro Encinas Rodríguez como Subsecretario de Derechos Humanos, pero que los familiares no le darán un "cheque en blanco" al Presidente electo.
"Los papás y las mamás no le van a dar un cheque en blanco. Ellos lo que dicen es frente a las buenas señales, lo que tiene que materializarse son acciones a partir del 1 de diciembre; lo que significa explorar alternativas como las que ya ha habido, que es la supervisión internacional", dijo.