Tiene Mazatlán un Registro Público de la Propiedad obsoleto e incapaz: Colegio de Notarios
Aunque en 2020 se anunció una inversión para digitalizar los registros, hasta ahora no se tienen mejoras, dice Fernando García Sais
El Registro Público de la Propiedad de Mazatlán se encuentra en una situación crítica, según denunció el Colegio de Notarios de Mazatlán a través de su presidente, el Notario Público 210 Fernando García Sais.
A pesar de una inversión significativa en su digitalización en el año 2020, la institución sigue funcionando de manera deficiente, poniendo en riesgo la seguridad jurídica de la propiedad en la región.
En 2020, se anunció un recurso de cerca de 12 millones de pesos para culminar el proceso de digitalización del Registro Público; sin embargo, los resultados de esta inversión no se reflejan en mejoras tangibles, dijo.
La ineficiencia de la institución ha generado preocupación en el gremio de notarios, quienes no han recibido información clara sobre el destino de esos fondos y cuestionan la falta de resultados concretos.
”En primer lugar nosotros como gremio, no tenemos información respecto de cuánto dinero se dio y si efectivamente se dio ese dinero, digamos es importante conocer y que sea una investigación, sería lo apropiado, que pasó con ese dinero, porque con 12 millones de pesos no contrastan con lo que hay en las oficinas del Registro Público”, señaló.
García Sais subrayó que el Registro Público es esencial para garantizar la seguridad jurídica en las transacciones inmobiliarias, no obstante, el servicio ha venido decayendo notablemente, al punto de afectar seriamente el desarrollo y la inversión en el municipio.
Lo que antes podía resolverse en un par de días, como la obtención de un Certificado de Libertad de Gravámenes, ahora puede tardar hasta 45 días, un retraso que pocos inversores están dispuestos a tolerar.
”No hay operación inmobiliaria, ni desarrollo inmobiliario, que resista un Registro Público tan deficiente. Parecería que el Registro Público de Mazatlán se está convirtiendo en una especie de ‘sartén de teflón’ de las inversiones”, advirtió.
La situación es aún más grave si se considera que, a pesar de los esfuerzos por modernizar el sistema, la digitalización no solo está incompleta, sino que en muchos casos ha sido mal ejecutada, esto ha resultado en un doble sistema registral, donde se convive con un método obsoleto basado en libros y un sistema digital inconsistente.
”Con la famosa digitalización que nunca ha terminado de darse, resulta que el registro público de la propiedad no ha terminado de digitalizar, pero no solamente no terminó de digitalizar, resulta que mucho de lo que sea digitalizado, está mal digitalizado”, sentenció.
”Esto nos lleva a otro tercer escenario desastroso, tenemos dos sistemas registrales: el medieval del libro, que ya ninguna ciudad civilizada de México, lo hace ;y el sistema digital. Estamos en el peor de los escenarios, no hay uno que funcione, el del libro es obsoleto y el digital es inconsistente”, añadió.
Mazatlán, que se promociona como un destino atractivo para inversiones inmobiliarias tanto a nivel nacional como internacional, se enfrenta ahora a un grave obstáculo: un Registro Público que no está a la altura de las necesidades de un mercado inmobiliario como el que la ciudad demanda actualmente.
El Colegio de Notarios ha tratado de abordar esta problemática directamente con las autoridades, comentó el presidente del Colegio de Notarios, pues hace unos meses, una comisión del gremio viajó a Culiacán para reunirse con el gobernador y exponerle la crítica situación del Registro Público de Mazatlán, a pesar de estos esfuerzos, las condiciones en las oficinas de la institución no han mejorado, y la falta de capacitación del personal agrava aún más el problema.
El Registro Público de la Propiedad de Mazatlán no sólo enfrenta un colapso en términos de infraestructura y eficiencia, sino que también pone en riesgo la seguridad del patrimonio de los ciudadanos.
Ante esta situación, el Colegio de Notarios demandó una revisión exhaustiva del uso de los fondos destinados a la digitalización y una acción inmediata por parte de las autoridades estatales para rescatar una institución clave para el desarrollo económico y la seguridad jurídica de Mazatlán.