Gobierno de Mazatlán debe pagar, a la de ya, $400 millones por juicios perdidos

"Se trata del 20% del presupuesto anual de la administración pública municipal; endeudarse sería una opción, según el Secretario del Ayuntamiento"

El Gobierno de Mazatlán enfrenta emergencia financiera por demandas perdidas, todas por reclamos de empresarios, civiles y ex trabajadores que vencieron a la autoridad en los tribunales.

Esto ha puesto en aprietos al Ayuntamiento porque debe pagar unos 400 millones de pesos, de inmediato en algunos casos, pero no tiene dinero.

Entre los casos cerrados con sentencia de pago se encuentran unos 12 expedientes, entre ellos Nafta Lubricantes, a quien le aduedan cerca de 300 millones de pesos ya con recargos, se trata de una demanda que ganó por la cancelación para la construcción de una gasolinera en el Fraccionamiento Palos Prietos, aunque el origen es un permiso irregular dado por el Gobierno de Alejandro Higuera Osuna en 2012.

Comuna cedería a Nafta Lubricantes cobro de cartera vencida tras demanda multimillonaria

A la lista se agrega una nueva sentencia por 36 millones de pesos a pagar por un terreno que se ocupó para la construcción de una escuela, pero no se expropió, el dueño demandó y le ganó a la Comuna.

El Secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura, responsable de la Dirección de Gobierno y Asuntos Jurídicos, consideró que los casos se perdieron por dos circunstancias: omisión de anteriores funcionarios o débil trabajo jurídico en pasadas administraciones. No hay otra explicación.

Hoy las demandas perdidas exigen al Ayuntamiento pagos por unos 400 millones de pesos, equivalente al 20 por ciento de su presupuesto anual, más de lo que costó la remodelación del Centro Histórico.

Pero Flores Segura precisó que esta cantidad podría aumentar.

“Cada día se está actualizando, porque si no se paga, se actualiza y caes en una multa, pero sí son alrededor de 400 millones de pesos y falta resolver lo de Jumapam y Cultura hay juicios laborales”, comentó.

Estas últimas demandas se iniciaron hace unos meses, son casos de supuestos despidos injustificado a partir de que el Alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres, ordenó limpia de personal.

La realidad es que perder demandas se ha convertido en una práctica sistemática, en algunos casos el origen son irregularidades de la autoridad, esto ha implicado cantidades incalculables de recurso público. Y en cada administración más de 10 abogados se integran al área Jurídica como servidores públicos.

Sólo en agosto de 2017 vecinos cercanos al Paseo del Centenario cobraron 1.2 millones de pesos a la Comuna por un litigio ganado, pero iniciado en 2013. Los ciudadanos demostraron un permiso irregular para una obra cercana a su domicilio.

¿Desde cuando existen los adeudos y qué harán desde Jurídico para defender los casos?

Con el director Luis Antonio Aguilar Colado estamos trabajando de la mano para que se resuelva lo que la acción u omisión tuviera qué ver, pero esto data desde 2003-2005, tienen más de una década los asuntos que día con día se están actualizando.

El Secretario del Ayuntamiento aseguró que los procesos por demandas perdidas están en investigación.

“Se perdieron, pero es tema del Órgano Interno de Control y la Síndica Procuradora los que van a determinar si fueron técnicamente bien atendidos a través de los procedimientos que marca la teoría general del proceso, los cánones, ahí se va a determinar si se acreditaron los elementos de la pretensión... de esos asuntos ya se tomaron cartas y van a ver despidos de dos personas que dejaron perder el asunto de Jurídico en la administración pasada, ya no están ahí, están en otra área, pero van a ser revocados”, sostuvo.

¿Están obligados ya a pagar en estos casos o todavía hay tiempo?

Muchos asuntos ya hay que pagar, si no vienen las multas y los requisiciones, no se puede esperar al próximo año, la única manera de poder salvar esto es solicitar un recurso, un préstamo, ¿no sé quien va a salir al quite?, porque eso no espera hasta diciembre, tenemos vencimientos desde la semana pasada a dar cumplimientos.

¿De los expedientes que ha revisado qué considera que falló o no se defendieron?

La reglamentación no está actualizada, no tenemos elementos para poder garantizar un debido proceso, pero a lo que corresponde a su servidor es eso, en otros es la falta de voluntad que, claramente, está el dolo en el ánimo de dejar la tesis italiana: deja pasar, dejar ser.

¿Presumiría omisión? ¿Se hicieron de la vista gorda?

Por supuesto, dejaron ser, la cuestión es que no me corresponde a mí como autoridad señalar eso, le corresponde al Órgano Interno de Control a través de la Síndica Procuradora realizar estos señalamientos, yo sólo me percato que así sea.

¿Van ustedes por una área jurídica más eficiente en esta administración?

Yo hago una conminación al cuerpo colegiado del municipio, que son los regidores, que se facilite y nos permita a la Secretaría del Ayuntamiento, a través de la Secretaría de Gobierno y Asuntos Jurídicos, que somos los que estamos facultados para realizar las políticas y las medidas, de poder tener un Bando de Policía y Buen Gobierno y una reglamentación actualizada a 2019 para tener con qué defendernos.

Otra alternativa, plantea, es que haya reformas de fondo desde el Congreso local.

“También estamos procurando la creación de un juez cívico, que el Tribunal de Barandilla y de Conciliación sea un sólo ente para que funcione como primera instancia y pudiéramos aplicar la Ley Federal de Mediación, atrayendo al concepto local para despresurizar todo el sistema administrativo del Estado, es decir, primero se resolvería aquí como primera instancia, luego en segunda instancia pudiera ser el Tribunal Administrativo, con eso tendríamos muchas facultades para defendernos”.

En ese contexto, Flores Segura tiene a cuestas la responsabilidad de exigir una área jurídica de resultados y defender el recurso público.