En 30 días, iniciaría lotificación de la primera colonia para personas desplazadas en Mazatlán
"A punto de firmar la compra del terreno de 3.5 hectáreas para dotar de vivienda a los desterrados por la violencia, anuncia Salvador Reynosa"
MAZATLÁN._ Después de más de dos años de lucha social, se espera que en un plazo de 30 días sea posible comenzar el trazo arquitectónico del primer asentamiento para familias desplazadas por la violencia, en Mazatlán.
La compra del terreno está “en la cancha” de la Comisión Estatal de Vivienda del Estado de Sinaloa (antes Invies). Ya se hizo la transferencia de 9 millones de pesos para comprar el predio de 3.5 hectáreas, en donde se planea construir al menos 250 casas para personas que no tienen dónde vivir luego de haber sido expulsadas de sus comunidades por la acción de grupos armados ilegales, principalmente en la sierra del sur de Sinaloa. Esto sería una primera etapa, ya que el padrón de desplazados en esta ciudad es de 418 familias.
Quien hizo el anuncio fue el director de esta dependencia, Salvador Reynosa Garzón, al dar a conocer que es cuestión de días para que se dé la firma de la compra-venta, luego de que los trámites notariales se encuentran listos y se llegó a un arreglo final con el dueño. Enseguida, se deber presentar un proyecto de lotificación que cumpla la normatividad del municipio en materia de desarrollo urbano, para lo cual cada lote debe medir un mínimo de 96 (metros cuadrados).
Ante unas 300 personas reunidas en el local del Movimiento Amplio Social Sinaloense (MASS), la mayoría mujeres, el funcionario recordó que para este proyecto hay 15 millones de pesos asignados por Congreso del Estado a finales del año pasado. Sin embargo, justificó, el proceso legal y técnico lleva su tiempo.
“Había 15 millones, hay que decirlo, pero no se puede ir a sacarlos como si fuera un banco o un cajero, es un convenio que tuvimos que hacer entre la Secretaría de Desarrollo y la Comisión de Vivienda, que a su vez tuvo que ser inscrito en la Secretaría de Administración y Finanzas...”, explicó entre una serie de requisitos burocráticos.
De esta forma, Salvador Reynosa pidió paciencia a las familias desterradas con el compromiso de cumplir todos los requerimientos jurídicos en la adquisición del predio, a fin de evitar cualquier problema en el futuro con la certeza de la propiedad.
Durante su exposición, aseguró que también se revisaron las condiciones del terreno, la factibilidad de los servicios públicos, la ubicación, entre otros detalles, concluyendo que es una alternativa viable para que los desplazados puedan contar con una vivienda digna.
El paso siguiente es el proyecto de lotificación y la preparación del terreno, que abarca los estudios de suelo y de hidrología para prevenir hundimientos o cuarteaduras de las casas en los años venideros.
“Ojalá sea pronto”, claman desplazados
Mientras el proyecto se entrampa en condicionantes técnicas y jurídicas, muchos de los desplazados viven con desesperación en invasiones y en hacinamiento.
Como María Castro, quien desde hace tres años habita en la invasión Canaco en una casa con techo de lámina, donde además de la suya viven otras dos familias, unas 10 personas.
“Ojalá sea pronto porque ya no aguantamos, es mucho lo que hemos batallado y es muy difícil vivir así luego de estar acostumbrados a vivir cada quien en su casa y con un clima fresco como el de la sierra”, relató la mujer, oriunda de La Guayanera, una de las decenas de comunidades afectadas por los éxodos violentos.
En 2016, Rosa N salió con su hija de los altos de Concordia para protegerse de la violencia, luego de que uno de sus tíos fue asesinado.
Además de la tragedia familiar, están los costos económicos de haberse trasladado a la ciudad: renta, colegiaturas, agua, luz, transporte...
“Entre más pronto mejor, eso de estar pagando renta, agua y todo, pues no, quisiéramos que fuera más rápido porque habemos muchas familias que tenemos hijos y estamos viviendo como podemos”, expresó la mujer que aparentaba unos 50 años de edad.
Para finalizar la reunión Miguel Ángel Gutiérrez Sánchez, representante del MASS, adelantó que esta semana se llevará a cabo la mesa intersecretarial en la que participan organismos de derechos humanos y parte del gabinete de Gobierno del Estado, donde se expondrán las necesidades de los desplazados para el presupuesto de 2020, entre ellas la segunda etapa de la dotación de vivienda en el sur de Sinaloa.