Desplazados de la sierra del sur de Sinaloa exigen vivienda y que Gobierno del Estado cumpla sus promesas

Sibely Cañedo
31 marzo 2019

"De no haber respuesta, harán una manifestación pacífica en los hoteles del gobernador Quirino Ordaz el próximo Domingo de Ramos"

MAZATLÁN._ Por las promesas incumplidas de Gobierno del Estado y lo que consideran indiferencia del Gobierno municipal, los desplazados de la sierra que viven en Mazatlán exigieron dar inicio de una vez por todas al plan de vivienda que ha sido postergado desde hace un año ocho meses, cuando cientos de personas fueron expulsadas de sus comunidades en el municipio de Concordia por culpa de grupos armados, que nunca fueron detenidos por las autoridades.

Agrupados en el Movimiento Amplio Social Sinaloense (MASS), más de 300 personas marcharon de manera pacífica en un corto tramo de la avenida Ejército Mexicano de esta ciudad, desde el cruce con calle Lola Beltrán hasta las instalaciones del periódico Noroeste.

Allí advirtieron que, de no tener una pronta respuesta, el próximo Domingo de Ramos harán una manifestación pacífica afuera de los hoteles del gobernador Quirino Ordaz Coppel (Luna Palace y Ocean Palace), situados en la Zona Dorada de este puerto, dado que el gobierno estatal no ha cumplido sus compromisos, como entrega de apoyos para proyectos productivos, electrodomésticos y, lo más urgente, la vivienda.

Sumarán gobiernos esfuerzos por los desplazados

Miguel Ángel Gutiérrez Sánchez, coordinador del Movimiento, expuso que nisiquiera han comenzado el padrón de desplazados que anunció el secretario de Desarrollo Social, Álvaro Ruelas Echave, y del cual supuestamente habría resultados en febrero.

 

Piden aplicar presupuesto para desplazados

El líder social recordó que el pasado mes de enero el Congreso del Estado aprobó un presupuesto de 30 millones de pesos para atención de personas afectadas por esta problemática.

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De esta cantidad, se acordó destinar 15 millones al municipio de Mazatlán, donde se tienen censadas 418 familias en situación de desplazamiento forzado, viviendo en invasiones, rentando una casa entre varias familias o “de arrimadas” con familiares al no poder retornar a sus pueblos, porque prevalece la inseguridad.

“Se designó que Mazatlán tendría derecho a 15 millones de pesos para lo que se ofrezca de los desplazados, pero se está hablando de que los gobiernos municipales deben de poner los servicios o los terrenos, en conjunto con Gobierno del Estado, pero además se ha pedido que los desplazados tengan un subsidio de hasta el 90 por ciento”, declaró Gutiérrez.

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Sobre el tema de la vivienda, entregaron un documento en el que exigen que los tres niveles de gobierno se aboquen a buscar soluciones, pues aunque en el Gobierno municipal les han dicho que no hay reservas territoriales, el MASS ha detectado que en el terreno denominado La Raqueta, donde se ha construido el fraccionamiento Los Acantos, hay 800 lotes disponibles.

De igual forma, piden al alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, voltear a ver a los desplazados y evitar la confrontación política con el MASS.

“Parece que el Químico anda prejuiciado y no queremos que se prejuicie, queremos que reconozca el movimiento y se ponga a trabajar conjuntamente con nosotros para poder sacar soluciones”, expresó Miguel Ángel Gutiérrez.

 

“Es un caos el no tener dónde vivir”

Yadira Rodríguez, una de las mujeres desplazadas parte del movimiento, expresó que ya no aguantan más el no tener dónde vivir.

“Ya queremos respuesta, nos dicen y nos vuelven a decir, es mucho el caos que vivimos arrimadas, es mucho al gasto; quisiéramos regresarnos al rancho pero no se puede porque la violencia sigue”, advirtió.

Armando Rodríguez, de la comunidad de El Coco, recordó que la gente no está ahí por su gusto, sino porque el gobierno no pudo contener la violencia. Y por eso perdieron casas, ganados, tierras y hasta la tranquilidad.

Aunque la mayoría de los desplazados provienen de comunidades de la sierra de Concordia y Rosario, como Santa Lucía, Chirimoyos, La Petaca, Pánuco, Potrerillos, La Rastra y otra más, se han sumado personas que huyeron de sus pueblos en 2012, cuando arreció la pugna entre grupos delincuenciales en la zona serrana de Mazatlán.