Demandarán por muerte de gatos en el faro de Mazatlán
"Provocar muerte de animales no es una falta al Reglamento de Protección Animal, es un delito, señala Lourdes San Juan, directora de Ecología Municipal"
MAZATLÁN._ Ciudadanos que protegen a los gatos que viven en la escollera y el Cerro del Crestón, que conduce hasta el faro de Mazatlán, presentarán una demanda, apoyados por la Dirección de Ecología, en contra de quienes resulten responsables de envenenar a dos ejemplares.
Verónica Armenta Gámez, una de las tres personas que fueron autorizadas para subir al faro y alimentar a los gatos que ahí habitan, indicó que el jueves por la tarde subió a hacer su tarea habitual y encontró que dos ejemplares estaban tirados.
“No tenían señales de haber sido atropellados ni golpeados, tenían espuma en la boca, signo de envenenamiento”, explicó, “le tomamos fotografías de evidencia a los gatos y los llevamos al veterinario para que determinara la causa de la muerte, que fue envenenamiento, por tal motivo se va a presentar la denuncia”.
Armenta Gámez indicó que ella, Karla Millán y Joe González fueron autorizados para subir al faro durante la contingencia sanitaria por SARS-CoV-2, por lo que están atentos a lo que les pasa.
Aclaró que no señalan a nadie como responsable del hecho, pero pretenden que se haga una investigación a fondo y sea el Ministerio Público quien encuentre al culpable.
“Sabemos que algunos miembros del Patronato del Faro están en contra de la permanencia de los gatos en este lugar, incluso pidieron asesoría para exterminarlos, como se hace en Australia y otros países, pero aquí no está permitido, lo que debemos hacer, y nosotros lo estamos haciendo, es controlar que ya no crezca la población”, manifestó.
Comentó que han estado esterilizando a gatas, mayormente, y gatos y poniendo en adopción a los que aún pueden ser domesticados, como una forma de controlar la población, aunque si ésta crece no es porque nazcan ahí, sino porque la gente trae aquí para tirar.
“Había unos 80 gatos en la zona, nosotros tenemos 10 años trabajando aquí y podemos afirmar que solo el 10 por ciento de todos los felinos, el resto eran mascotas de una casa y cuando se enfadaron de ellos o cuando nacieron más, vinieron y los abandonaron”, señaló.
Lourdes San Juan Gallardo, directora de Ecología Municipal, dijo que están asesorando a las personas que pretenden demandar por la muerte de los gatos del faro.
Porque, dijo, matar a un animal ya no es una falta al Reglamento de Protección Animal, sino un delito penal, pero la demanda la tiene que interponer el ciudadano y en Ecología solo se les brinda asesoría para que la demanda vaya bien sustentada.
Lamentó lo que pasó en el faro, pero dijo que no es el único lugar en el que hay una gran población de gatos.
“Hemos detectado 40 puntos en la ciudad donde hay una gran concentración de gatos, entre ellos las colonias Montuosa, Villa Galaxia, Rincón de las Plazas, Paraíso San Francisco; y en la salida a El Habal hay un tiradero de perros, eso genera problemas de salud por el hacinamiento y es algo que deben atender los propietarios de los animales, esterilizándolos para que no se propaguen, y del Estado porque cuando son animales ferales le corresponde a esa instancia la esterilización”, manifestó.
San Juan Gallardo llamó a todos a hacerse responsables de sus mascotas, a esterilizarlas para controlar la población y la salud de ellas y de los propios humanos.
En abril de 2016, el Congreso de Sinaloa aprobó por unanimidad reformar el Código Penal estatal para sancionar a las personas que dolosamente cometan actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier animal doméstico y les causen lesiones.
A los infractores a la ley se les impondrán de tres meses a un año de prisión y de 50 a 100 días de multa, de acuerdo con el dictamen aprobado que adiciona la Sección Quinta, denominada “De los delitos contra la vida, integridad y dignidad de los animales”.
En caso de que las lesiones pongan en peligro la vida del animal se aumentará en una mitad la pena; pero si las lesiones causan la muerte del animal se impondrán de seis meses a dos años de prisión y de 100 a 200 días multa.