Absuelven a periodista de demanda que presentó en su contra el Grupo Arhe
El Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil en Mazatlán resolvió a favor del periodista Fernando Zepeda Hurtado, al poner por encima el derecho a la Libertad de Expresión ante cualquier intento de vulnerarla en defensa de sus intereses particulares
El Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil en Mazatlán resolvió a favor del periodista Fernando Zepeda Hurtado, en la demanda que presentó en su contra por daño moral, el Grupo Arhe.
De acuerdo a un comunicado, el 14 de enero del 2022, el Grupo Arhe consideró que las publicaciones que realizaba el periodista les habían dañado “su imagen moral” y provocado que algunos de sus proveedores cambiaran su opinión hacia esa empresa causando así un daño económico.
En el expediente 24/2022 se da cuenta de la demanda que Grupo Arhe a través de Equity Holding Arhe, Sapi de Capital Variable presentó en contra del periodista Fernando Zepeda Hurtado.
Luego de una ardua lucha judicial por 20 meses, el Juzgado resolvió Absolver por completo al periodista de todo lo que ese grupo empresarial pretendía responsabilizarlo.
El abogado Aristóteles Morales, representante de Zepeda Hurtado, en este caso, demostró pormenorizadamente el derecho que como periodista asiste de divulgar, cuestionar y demandar explicaciones sobre un grupo que como Arhe es una entidad pública y que desde el 2018 buscó y obtuvo en Tribunales que el Ayuntamiento de Mazatlán le pagara 141 millones de pesos.
El caso de Nafta que todos conocen ampliamente en Mazatlán fue publicado, comentado y analizado por prácticamente todos los medios de comunicación en la región.
Y por ese motivo, Grupo Arhe presentó la demanda contra Fernando Zepeda Hurtado en un intento más que nada para acallar las críticas.
El Juzgado tras analizar lo expuesto por los demandantes y los argumentos de la defensa resolvió en sentencia ABSOLVER al periodista Fernando Zepeda Hurtado de todo lo que Grupo Arhe pretendía responsabilizarlo por sus publicaciones.
Al final, la autoridad judicial puso por encima el derecho a la Libertad de Expresión ante cualquier intento de vulnerarla en defensa de sus intereses particulares.