Trump escoge a Michael Waltz como asesor de Seguridad Nacional de EU
El congresista propuso que Ejército EU combata a cárteles de México
Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, eligió al congresista republicano por Florida, Michael Waltz, como Consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, para su eventual Gobierno, que comenzaría el 20 de enero de 2025.
Así lo han publicado diversos medios estadounidenses, sin que todavía, hasta la redacción de la presente nota, existiera la confirmación oficial por parte del magnate neoyorquino, ni del supuesto designado, quien apoyó los intentos del entonces presidente de EU, de revertir el resultado de las elecciones de noviembre de 2020, en las cuales ganó el candidato demócrata Joe Biden.
Waltz forma parte del Grupo de Trabajo sobre China de la Cámara de Representantes, a través del cual pidió que Estados Unidos boicoteara los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022, que se llevaron a cabo en Pekín, lo cual no sucedió.
Asimismo, el congresista republicano por Florida también ha sido muy crítico con La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y con la ayuda que EU le brindaba a Ucrania, tras la invasión rusa.
Waltz, de 50 años de edad, es un veterano de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos, conocidas coloquialmente como Boinas Verdes, que prestó sus servicios en Afganistán, Medio Oriente y África.
Además, el actual legislador desempeñó papeles de asesor en la Casa Blanca, así como en el Pentágono, como director de Política de Defensa, durante la gestión de Donald Rumsfeld y Robert Gates. También asesoró a la Administración de George W. Bush.
Como congresista, el republicano ha sido presidente del Subcomité de preparación de los Servicios Armados de la Cámara de Representantes y también miembro de su Comité de Asuntos Exteriores, así como del Comité Permanente Selecto de Inteligencia.
El Consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, un cargo que no requiere la confirmación del Senado estadounidense -desempeñado en la actualidad por Jake Sullivan-, es un interlocutor cualificado del presidente de Estados Unidos con otros líderes internacionales.
El 12 de enero de 2023, los representantes republicanos Dan Crenshaw, de Texas, y Michael Waltz, de Florida, presentaron una propuesta en la que advirtieron de la crisis causada por el fentanilo y que debido a que los cárteles mexicanos “intimidan, asaltan, secuestran, torturan y matan regularmente” a elementos de las Fuerzas Armadas mexicanas, se debería autorizar la participación del Ejército estadounidense en el combate contra los grupos del crimen organizado en México.
La ‘Resolución sobre la Autorización del Uso de la Fuerza Militar para Combatir, Atacar, Resistir, Apuntar, Eliminar y Limitar la Influencia’, o Resolución AUMF (por sus siglas en inglés), autorizaría al Gobierno de Estados Unidos a recurrir a las Fuerzas Armadas de EU a actuar “contra los responsables de traficar fentanilo o una sustancia relacionada con el fentanilo a Estados Unidos” y también contra quienes llevaran “a cabo otras actividades relacionadas que causaran desestabilización regional en el Hemisferio Occidental”.
La iniciativa nombraba específicamente a varios cárteles mexicanos contra los que apuntaría, por estar relacionados con el tráfico de fentanilo: Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel del Golfo, Cártel de Los Zetas, Cártel del Noreste, Cártel de Juárez, Cártel de Tijuana, Cártel de los Beltrán-Levya, así como La Familia Michoacana, también conocida como el Cártel de los Caballeros Templarios.
La iniciativa de Crenshaw y Waltz subrayó que el fentanilo “y las sustancias relacionadas con el fentanilo matan aproximadamente a 80 mil estadounidenses cada año” y que el consumo de fentanilo “es la principal causa de muerte entre los hombres estadounidenses de entre 18 y 45 años”.
La propuesta de los congresistas republicanos señaló, además, que el Cártel de Sinaloa, así como Los Zetas, “participan constantemente en actos de violencia entre ellos y contra otros cárteles, creando inestabilidad a escasos kilómetros de la frontera de Estados Unidos”.
Por lo anterior, la iniciativa autorizaría al presidente de Estados Unidos a “utilizar toda la fuerza necesaria y apropiada contra aquellas naciones extranjeras, organizaciones extranjeras o personas extranjeras afiliadas a organizaciones extranjeras que el Presidente determine” que violaron la sección 401 de la Ley de Sustancias Controladas, o han intentado o conspirado para violar dicha sección, “con respecto al tráfico a Estados Unidos de fentanilo o una sustancia relacionada con el fentanilo”.
También podría utilizarse en los casos en que dichas organizaciones extranjeras “hayan traficado con fentanilo o una sustancia relacionada con el fentanilo fuera de Estados Unidos con la intención de que dicho fentanilo o sustancia relacionada con el fentanilo sea traficada a Estados Unidos”.
Un tercer caso en que se autorizaría la acción de las FF. AA. de EU sería cuando los cárteles “hayan producido o traficado con una sustancia que sea un precursor del fentanilo o una sustancia relacionada con el fentanilo con la intención de que dicho precursor, fentanilo o sustancia relacionada con el fentanilo sea objeto de tráfico en Estados Unidos”.
O bien cuando “hayan participado en acciones cinéticas contra personal de las fuerzas de seguridad federales, estatales, locales, tribales o territoriales de Estados Unidos que operen en el territorio de Estados Unidos o en el extranjero”.
O que “hayan participado en acciones cinéticas contra personal policial, militar u otro personal gubernamental de un país que tenga frontera común con Estados Unidos o con cualquier otro país del hemisferio occidental” o “hayan hecho uso de la violencia y la intimidación con el fin de establecer y controlar un territorio para utilizarlo con fines ilícitos”.
Los cárteles mencionados serían catalogados “organizaciones extranjeras”, porque según los congresistas republicanos, cumplían con los criterios para autorizar el uso de la acción de las fuerzas militares estadounidenses. Sin embargo, la iniciativa fue sometida a debate en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja de EU.