Presunto culpable: La guerra de Bukele contra las pandillas

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, emprendió una guerra en contra de las pandillas salvadoreñas con un costo inimaginable. Este es el testimonio gráfico de la guerra

Texto: Fred Ramos*

La vida del señor M no fue la misma desde el momento en que entró caminando a la prisión, luego de que lo arrestaran en El Salvador. Seis meses después, cuando lo liberaron, sus dos piernas habían sido amputadas. En su casa lo esperaba un nuevo miembro de su familia, un hijo de cuatro meses.

Afuera de esa prisión, El Salvador también había cambiado. La guerra del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, contra las poderosas pandillas produjo una caída histórica del número de homicidios, pero a un costo muy alto, como el que sufrió el Señor M. Tras un año del régimen de excepción en este país centroamericano hay 62 mil personas en prisión, muchas de ellas arrestadas en condiciones irregulares. Muchas de ellas pobres e inocentes, como el Sr. M.

Durante tres décadas, las guerras entre pandillas convirtieron a El Salvador en uno de los países más violentos del mundo. Sin embargo, en marzo de 2022, la guerra de pandillas alcanzó un nivel de violencia que no se había vivido desde los tiempos de la guerra civil: miembros de la pandilla MS-13 asesinaron indiscriminadamente a 87 personas en tres días, incluido un vendedor de frutas, un trabajador doméstico y un empleado del gobierno. El presidente Nayib Bukele, quien estaba por cumplir tres años en el poder, respondió a esta escalada de violencia declarando un régimen de excepción que suspendió cuatro garantías constitucionales fundamentales: libertad de asociación (Art. 7); derecho a ser informado(a) de las razones para la detención, prohibición de obligar a una persona a declarar y derecho a la defensa (Art. 12 inciso 2); duración máxima de la detención administrativa (Art, 13 inc. 2) e inviolabilidad de la correspondencia y las telecomunicaciones (Art. 24).

Adicionalmente, el régimen de excepción otorgó a las autoridades amplios poderes para realizar arrestos. Incluso cuando las pruebas fueran débiles o inexistentes. También lo facultó a interceptar comunicaciones sin orden judicial e ignorar las garantías del debido proceso. Durante el último año, la población carcelaria, que antes ya era de 4 mil personas privadas de libertad, ha superado las cien mil, dando al pequeño país centroamericano la distinción de tener la tasa de reclusos más alta del mundo (1% de la población). El presidente Bukele construyó una mega cárcel llamada Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) para albergar 40 mil reclusos, la cárcel más grande de Latinoamérica. En un año, El Salvador pasó de ser uno de los países con más personas asesinadas a ser uno con más personas encarceladas.

Los homicidios se han reducido en un 50 % debido al régimen de excepción, pero miles de personas inocentes que viven en barrios marginales han sido atrapadas en arrestos masivos. La corrupción, las investigaciones no calificadas y un sistema judicial saturado ha dejado a esa población languideciendo en prisiones superpobladas.

Poco se sabe sobre las condiciones en el interior. El gobierno prohíbe las visitas de familiares y niega el acceso a periodistas y ONG. Los únicos testimonios disponibles provienen de las pocas personas que han sido liberadas en las últimas semanas, la mayoría con medidas sustitutivas a la prisión. Los testimonios dan cuenta de torturas, mala alimentación y condiciones de vida insalubres. Según la organización de derechos humanos, Cristosal, al menos cien personas han muerto bajo custodia porque les negaron medicamentos o los golpearon brutalmente. Familiares de los fallecidos han denunciado que no fueron informados del deceso de sus seres queridos hasta que las funerarias los llamaron ofreciendo sus servicios.

La represión de Bukele contra las pandillas tiene un amplio apoyo, no solo en El Salvador donde según la última encuesta de Cid Gallup el 90% de la población aprueba la gestión del presidente.

A pesar de eso, están surgiendo grietas en la percepción de la población salvadoreña. En los barrios aterrorizados por la MS-13 y su rival Barrio 18, el miedo de muchos residentes a las pandillas ha sido reemplazado por el miedo a la policía.

El Sr. M, de 55 años, posa para un retrato con su hijo de cuatro meses en su casa de San Salvador el 28 de diciembre de 2022. El Sr. M fue detenido el 25 de abril durante el primer mes del régimen de excepción y acusado de colaborar como motorista para la pandilla MS-13, lo que él niega. Mientras estaba en prisión, los guardias de la prisión se negaron a darle la medicina que toma para su diabetes fase 2, dijo. Las palizas a manos de los guardias le provocaron una infección en el pie derecho, que los médicos resolvieron amputándole la pierna. Durante su recuperación, estuvo esposado a una cama de hospital por ambas manos y la pierna que le quedaba. El brazalete que tenía en la pierna estaba apretado, viejo y oxidado, lo que provocó otra infección y la amputación de la pierna izquierda. El Sr. M aún no ha tenido una audiencia ante un juez, pero fue liberado en octubre bajo restricciones específicas. No puede moverse y debe ir a la corte cada dos semanas para registrarse. Si viola estas medidas podría ser arrestado nuevamente. El Sr. M pidió mantener su identidad en el anonimato por temor a que lo arrestaran por hablar.

Una mujer, de 42 años, que fue detenida durante el primer mes del régimen de excepción, posa para un retrato en su casa en San Salvador el 29 de diciembre de 2022. El 24 de abril de 2022, la mujer y su hijo de 21 años visitó a su hermana en un vecindario cercano. Mientras estaba en la casa de su hermana, llegó un grupo de policías y les dijo a la mujer, a su hijo y a su sobrino de 20 años que los acompañaran a la estación para ser interrogados. Al llegar, les dijeron a los tres miembros de la familia que estaban bajo arresto por ser miembros de la pandilla MS-13. La mujer asegura que la policía no ofreció pruebas para esta afirmación y que es falsa. Pasó los siguientes siete meses en prisión. Su hijo y su sobrino aún no han sido liberados. Mientras estaban en prisión, el esposo de la mujer y su hija de 22 años también fueron arrestados bajo acusaciones de ser miembros de la pandilla MS-13. Ellos también permanecen en prisión. Como condición para su liberación, la mujer debe presentarse semanalmente ante un tribunal local, no puede moverse de su hogar y no puede salir del país. La mujer pidió mantener su identidad en el anonimato por temor a que la arrestaran por hablar.

Una mujer abraza a su novio antes de que los policías lo lleven a un centro de detención provisional en San Salvador el 16 de junio de 2022. Desde fines de marzo, 62,000 personas, en su mayoría hombres entre 18 y 30 años, han sido arrestadas en El Salvador bajo el régimen de excepción declarado por el presidente Bukele. Funcionarios gubernamentales han afirmado reiteradamente que todos los detenidos son pandilleros y que la política solo tiene un margen de error del 1%, pero miles de personas han denunciado detenciones arbitrarias de sus familiares.

Familiares y amigos del sargento Pablo Cándido Vega miran el funeral desde una tumba en el cementerio de Panchimalco, El Salvador el 20 de abril de 2015. Vega fue asesinado por miembros de pandillas. El 2015 ha sido el año más homicida por parte de las pandillas en El Salvador.

Soldados revisan las bolsas de locales en un puesto de control que marca la entrada la colonia Distrito Italia en San Salvador el 15 de junio de 2022. Distrito Italia ha sufrido durante años una gran presencia de pandillas MS-13. Muchas de las personas inocentes arrestadas durante el régimen de excepción provienen de barrios de bajos ingresos con fuerte presencia de pandillas.

Presuntos pandilleros son trasladados a una prisión durante el régimen de excepción el 19 de abril de 2022. El régimen de exepción fue desencadenado por la masacre de 87 personas a manos de pandilleros de la MS-13 durante tres días en marzo de 2022, el fin de semana más sangriento desde el fin de la Guerra Civil de El Salvador en 1992. Periodistas salvadoreños del medio de noticias de investigación El Faro informaron que la ola de asesinatos se debió a la ruptura de una tregua secreta entre la pandilla y el gobierno del presidente Nayib Bukele.

(Derecha a izquierda) Cristian Machado, 18, Manuel López, 27, Johnny Sánchez, 18, posan para un retrato en el departamento de Libertad el 26 de diciembre de 2022. Machado, López y Sánchez estuvieron detenidos durante dieciocho días bajo régimen de excepción. Indican que el día de su detención, 18 de abril, se encontraban en su domicilio realizando actividades domésticas cuando llegó un grupo de policías y les dijo que estaban detenidos. Fueron llevados a la comisaría, donde les informaron que los acusaban de ser pandilleros de la MS-13, algo que ellos tres niegan. En prisión, los guardias los obligaron a quitarse la ropa, los golpearon y los sometieron a tortura psicológica. Los hombres dijeron que en múltiples ocasiones vieron a los guardias sacar cuerpos de las celdas de la prisión. Después de 18 días, los hombres fueron liberados sin explicación. En el informe de diciembre de 2022 de Human Right Watch sobre el régimen de excepción, el grupo reveló que los policías realizaron la mayor cantidad de arrestos entre fines de marzo y agosto, con un total de 385 arrestos por día. Human Rights Watch también informó que las comisarías tenían que cumplir con las cuotas diarias de arrestos y que los agentes que no las cumplían eran sancionados y enviados a comisarías remotas.

Miembros de la pandilla MS-13 hacen ejercicio en la prisión de Chalatenango, El Salvador el 17 de septiembre del 2018. En las últimas tres décadas las pandillas han convertido a El Salvador en uno de los países más homicidas del mundo.

Prisión de Mariona en San Salvador el 14 de junio de 2022. Miles de personas han sido arrestadas en El Salvador durante el régimen de excepción.

Raúl Valladares (42), un ex pandillero del barrio 18-Revolucionarios después de su sesión de remoción de tatuajes en San Salvador, El Salvador, el 14 de abril de 2017. Cuando Valladares era pandillero, su mayor deseo era ser un buen criminal. En 2006 fue arrestado por el delito de asociaciones ilícitas ( pertenecer a pandillas) y en la prisión decidió que era hora de abandonar la pandilla. Al salir de la prisión, cinco años después, fue recibido por una iglesia evangélica la cual lo ayudo a integrarse a la comunidad. Inicio un tratamiento de remoción de los tatuajes. Desde entonces Valladares no ha vuelto a delinquir. En abril del 2022, durante el régimen de excepción, Valladares fue nuevamente arrestado. Los tatuajes relacionados al Barrio-18 Revolucionario, fueron las pruebas suficientes para que la autoridades lo consideraran un miembro activo.

Familiares de presos entran en fila a la prisión de Izalco, Sonsonate, el 13 de junio de 2022, para dejar paquetes con alimentos y artículos de primera necesidad, durante el régimen de excepción.

El presidente salvadoreño Nayib Bukele, durante una ceremonia de juramento a 1.400 soldados para ser incorporados a un plan anti pandillas, en la capitalina Plaza Gerardo Barrios, El Salvador, el 18 de febrero del 2020.

Procesión fúnebre de Germán Orlando Escobar, (28 años de edad), en el departamento de Cuscatlán el 13 de junio de 2022. Su familia dijo que Escobar gozaba de buena salud cuando fue arrestado y se rehúsan a aceptar el dictamen de su muerte otorgado por las autoridades. Ellos sospechan que fue torturado en la prisión. Según la organización de derechos humanos Cristosal, al menos 100 personas han muerto en prisión porque les negaron medicamentos o fueron brutalmente golpeados.

Un oficial de policía lleva a un hombre al centro de detención provisional El Penalito en San Salvador, el 20 de abril de 2022. A pesar de los abusos generalizados cometidos por las autoridades durante el régimen de excepción, la mayoría de los salvadoreños apoyan la política. El Instituto Universitario de Opinión Pública encontró que más del 75 por ciento de los salvadoreños está a favor del estado de emergencia debido a la reducción de los homicidios y la desarticulación de las pandillas en las comunidades.

*Fred Ramos, nació en Santa Ana, El Salvador en 1986, estudió y ejerció como diseñador gráfico en agencias de publicidad durante cuatro años, pero luego se cambió al periodismo en un esfuerzo por comprender y contar historias impulsadas por humanos sobre la violencia, la pobreza y las fuerzas migratorias que lo rodeaban. Su trabajo ha sido publicado en El Faro, The New York Times, The Washington Post, New Yorker, Bloomberg, The Economist, Time Magazine, entre otros.