Mexicano encarcelado en Qatar por su orientación sexual enfrenta discriminación y tortura

Fue aprehendido a la salida de su hogar el 4 de febrero. De acuerdo con su familia permanece con comunicación mínima, no tiene acceso a su tratamiento médico y enfrenta discriminación y la posibilidad de ser sentenciado a siete años de prisión.

Manuel Guerrero Aviña, de nacionalidad mexicana y británica, fue encarcelado en un centro de detención en Doha, Qatar, debido a su orientación sexual.

De acuerdo con la familia del mexicano, permanece con comunicación mínima, no tiene acceso a su tratamiento médico y enfrenta discriminación y la posibilidad de ser sentenciado a siete años de prisión.

En entrevista, su hermano Enrique relata que tras su detención, la policía qatarí le sembró un cuarto de gramo de cristal, que es –denuncia– una práctica común en Qatar: perseguir a las personas por su orientación sexual y después cambiar la acusación o reforzarla con algún otro elemento. “Es lo típico de sembrar evidencias para alegar flagrancias u otras cosas”, señala.

Familia de Manuel se reúne con la SRE

Tras darse a conocer el caso de Manuel, su hermano Enrique convocó a una movilización para exigir al gobierno mexicano que actué en el caso. Además reprochó un comunicado en el que la Secretaría de Relaciones exteriores se limita a decir que acompañará a la familia.

“La Embajada de México en Qatar informa que ha estado atenta a la evolución del caso. Se ha mantenido comunicación con sus familiares y se ha constatado que cuenta con representación legal”, afirmó en un breve comunicado.

Pero, debido a que el interesado tiene registrada su residencia en Qatar como nacional del Reino Unido –justificó la dependencia–, “el consulado de ese país en Doha ha sido la entidad responsable y reconocida por autoridades qatarís para hacer gestiones consulares a su favor”. La Embajada de México, según la SRE, seguirá dando seguimiento y en contacto con su familia.

Tras una breve movilización Enrique sostuvo una reunión con personal de la SRE e informó que la institución se coordinará con la representación diplomática de Reino Unido para garantizar la salud y vida de Manuel Guerrero.

Ambas dependencias trabajarán para que se le pueda dar seguimiento al tratamiento de salud del mexicano. Debido a su condición y la complejidad de los medicamentos antirretrovirales, se le deberán realizar análisis de laboratorio antes de reiniciar su régimen.

Hasta el día de hoy, el mexicano ha sido privado de su prescripción médica por 20 días. Aunque las autoridades de Qatar cuentan con la medicación, no se la han administrado.

Finalmente, Enrique compartió que la dependencia admitió que su comunicado inicial no fue el más acertado.

¿Cómo ocurrió la detención de Manuel en Qatar?

Pese a que Manuel tenía 7 años trabajando en ese país para la aerolínea Qatar Airways, mediante un perfil falso en la aplicación de citas Grindr–ampliamente usada por poblaciones LGBTTTIQ+–, que se presume crearon las propias autoridades cataríes, Manuel fue aprehendido a la salida de su hogar el 4 de febrero, fecha desde la cual permanece en reclusión.

Desde entonces, Manuel ha permanecido sin representación legal provista por el Estado, sin intérprete y sometido a tortura psicológica, acusa su familia. Además, fue obligado a desbloquear su celular y señalar a otros miembros de poblaciones LGBTTTIQ+, bajo amenaza de ser golpeado mientras escuchaba como a otras personas se les agredía con látigos.

“Manuel Guerrero es además una persona que vive con una condición de salud relevante; tiene VIH, y el estado catarí se ha negado a brindarle sus medicamentos retrovirales, lo cual pone en riesgo su vida y su salud”, denuncia su hermano. Debido a ello fue confinado al aislamiento dentro del centro de detención, donde ha llegado a pasar más de 15 horas sin agua y alimentos.

La orientación sexual es un derecho humano y no un crimen, por lo que su familia y defensores han emprendido la campaña @QatarFreeManuel, para exigir que las autoridades mexicanas pidan su deportación inmediata a nuestro país. De manera clara y contundente, dice, el Estado debería exigir su repatriación y proteger su vida.

Enrique relata que su acceso a una abogada, con la que cuenta ahora, fue tardía y que en ningún momento la SRE ha respondido a la solicitud de recibir a su familia, más allá de una comunicación mínima a través del consulado en Qatar. Mientras tanto, sigue programada una próxima audiencia para el 13 de marzo, en la cual la fiscalía de aquel país puede decidir su deportación, su sometimiento a un juicio o alargar más la investigación.

“Esos son los tres escenarios posibles. También es una legislación que le permite todas las ventajas a la Fiscalía, y obviamente que viola todo el debido proceso. Manuel lleva todos estos días sin un solo intérprete, lo han obligado a firmar una ‘n’ cantidad de documentos en árabe que no sabe ni qué dicen, no ha contado con abogado; la familia, sus amigos nos hemos movido y ahora tiene una abogada, pero el estado catarí ha sido omiso”, cuenta Enrique.

Además, no le habían permitido hacer llamadas telefónicas más que hasta hace una semana, por lo que para su familia ha sido una lucha constante tratar de enfrentar a un sistema que consideran totalmente violatorio de derechos fundamentales. Incluso, se enteraron de su aprehensión mediante su búsqueda a través de embajadas, pues las autoridades cataríes en ningún momento los notificaron.

Hasta ahora, no han podido lograr que se garantice su acceso a medicamentos antirretrovirales ni que se detengan los actos de discriminación y tortura psicológica que está enfrentando durante su privación de la libertad. Su hermano ha podido visitarlo dos veces únicamente durante 15 minutos. Todas las visitas autorizadas, incluso la de su abogada, son muy breves. Enrique piensa que todo está encaminado a que no pueda explicar lo que pasó.

Un sistema penal que castiga la homosexualidad

“Ahora tenemos un panorama bastante completo de cómo la policía utiliza el sistema penal, lo cual es terrible, para infiltrar una aplicación muy utilizada por la comunidad LGBT y para perseguir a la comunidad LGBT”, afirma. “Estamos ante un arresto y una detención que son, a todas luces, arbitrarios”.

Las penas en Qatar por homosexualidad pueden alcanzar hasta siete años, pero tan solo tener que enfrentar un juicio durante meses en aquel país implicaría un grave deterioro de su salud, alerta su hermano. “Básicamente, sería una condena a muerte a través de tortura, porque además el estado catarí es completamente omiso y no le importa garantizar su salud”, añade Enrique.

Ante ello, familiares, amigos y defensores exigen que el Estado mexicano salga de su pasividad y accione, porque la vida de un ciudadano mexicano está en grave riesgo, por lo que –a juicio de ellos– debería pedir su inmediata deportación para garantizar el cuidado de su vida y de su salud. Esto no implicaría intervenir en la soberanía de otro estado, pero sí tener una posición firme y clara de que no es posible detener a una persona por su orientación sexual.

El código penal de Qatar castiga las relaciones consensuales entre hombres con hasta siete años de prisión, de acuerdo con su artículo 285. Además, establece penas de entre uno y tres años a cualquier hombre que “instigue o incite” a otro a “cometer un acto de sodomía o inmoralidad”. Del mismo modo, la pena –según su artículo 288– es de 10 años para personas del mismo sexo que tengan relaciones sexuales fuera del matrimonio.

La organización internacional Human Rights Watch ha documentado que las fuerzas de seguridad preventiva en Qatar arrestan arbitrariamente a personas pertenecientes a poblaciones LGBTTTIQ+, e incluso las someten a las mal llamadas “terapias de conversión”, tras aprehenderlas en la calle o espacios públicos basadas solamente en su expresión de género. Además, de manera ilegal, revisan sus aparatos telefónicos.

“Human Rights Watch ha documentado casos recientes de golpizas repetidas y severas, así como acoso sexual, durante la detención. Los oficiales de seguridad ejercen también abuso verbal, extran confesiones forzadas, obligan a los detenidos a firmar compromisos respecto a que ‘cesarán actividades inmorales’, y niegan a las personas acceso a representación legal, contacto con la familia y cuidados médicos”, describe uno de sus reportes.