Juez de EU ordena revisar cuentas y comunicaciones de Emma Coronel
Según las autoridades, hay la sospecha de que podría haber violado su libertad condicional y revisarán si ha caído en conductas delictivas
El juez federal Rudolph Contreras, de la Corte Federal del Distrito de Columbia, en Washington D.C., autorizó la búsqueda con fines de incautación y ordenó la divulgación financiera de Emma Coronel Aispuro, esposa del capo sinaloense Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, quien se encontraba en libertad condicional.
“La acusada se someterá a un registro en cualquier momento con o sin orden judicial, ante la sospecha razonable de una violación de la libertad condicional”, señaló el juez federal, a través de un memorandum, en el cual también enfatizó que la esposa del ex líder del Cártel de Sinaloa sería revisada en sus propiedades, dispositivos electrónicos, redes sociales y cualquier medio de su pertenencia.
El juez federal especificó que el domicilio, vehículo, documentos, computadoras, celulares, así como “otros aparatos electrónicos de comunicación o de almacenamiento de datos” de Coronel Aispuro, serán sujetos de la nueva medida, misma que se aplicará en caso de que las autoridades estadounidenses sospecharan que la mujer podría estar violando su libertad condicional o que presentara una conducta delictiva.
Adicionalmente, la esposa de “El Chapo” debería dar al oficial probatorio una autorización para que el banco entregara su historial crediticio a las autoridades.
También tendría que presentar evidencia de la gestión de sus impuestos, así como un estado financiero que documentara sus “activos, ingresos, gastos y pasivos”.
Coronel Aispuro fue liberada, el 13 de septiembre 2023, tras cumplir 2 años y 7 meses en prisión, como parte de su sentencia tras haber llegado a un acuerdo de culpabilidad, según informaron medios estadounidenses, que citaron a voceros del Buró de Prisiones de Estados Unidos (BOP, por sus siglas en inglés).
No obstante, a la esposa del ex líder del Cártel de Sinaloa aún le restaban cuatro años de libertad condicional, durante los cuales, por orden de un juez, debería residir en el distrito judicial que se le asigne, además de que tendría que obtener un empleo, informar donde viviría, no portar armas, ni poseer sustancias nocivas, así como entregar una prueba de su ADN, entre otras