Las promesas y los retos ineludibles que debe enfrentar América Latina
Por primera vez en la historia, el acuerdo menciona al carbón, principal fuente de emisiones de gases efecto invernadero. El sabor de boca final que ha dejado la conferencia, sin embargo, es de desconfianza. Los países de Latinoamérica se comprometieron a cumplir con metas que ya antes habían prometido alcanzar, pero que no concretaron
Isabela Ponce / GK, Michelle Carrere
Mongabay
El presidente de la COP 26, Alok Sharma, en medio de lágrimas de frustración, dijo que el pacto de Glasgow era una “victoria frágil”. Hay que seguir trabajando para “mantener el 1,5 vivo”, dijo, en referencia al aumento máximo de temperatura que el Planeta aguantaría en los próximos años.
Una de las razones por las que muchos activistas y expertos consideraron la cumbre decepcionante, fue por un cambio, a último minuto, en lo que respecta a los esfuerzos que harán los países para eliminar la energía a carbón.
El penúltimo borrador utilizaba la frase “phase-out” (erradicar), pero por presión de un grupo de países, liderados por China e India, en el acuerdo final se cambió el término a “phase down” (reducir gradualmente). Considerando que el carbón es responsable de aproximadamente el 40 por ciento de las emisiones anuales de dióxido de carbono (CO2), dicho cambio fue blanco de numerosas críticas.
Además, aunque se acordaron otros importantes compromisos, como acabar con la deforestación al 2030, varios de los países firmantes, entre ellos Colombia y Perú, ya se habían comprometido a ello en 2014 y hasta ahora, según los reportes recientes, la deforestación no ha hecho más que aumentar.
En definitiva, aunque existen aspectos positivos -especialmente aquellos vinculados al financiamiento, aunque éste sigue siendo también insuficiente- los expertos concuerdan en que los resultados de la COP no estuvieron a la altura de los datos científicos que exigen cambios más radicales.
“Lo que demuestra la COP 26 es que los países hacen compromisos sabiendo que no los van a cumplir. Es terrible. Y lo hacen como anuncios para pasar el bache político del momento”, opina Manuel Rodríguez, ex Ministro de Ambiente de Colombia.
¿Cuáles fueron los principales acuerdos de esta COP? ¿A qué se comprometieron los países de América Latina y qué posibilidades reales hay de que cumplan con las metas?
Avances en temas financiamiento
En temas de financiamiento existen avances importantes que destacar de la COP 26. El primero tiene que ver con encontrar un balance entre los fondos que son para adaptación y mitigación.
En efecto, actualmente el 90 por ciento de los recursos van dirigidos a mitigación, es decir, a acciones que impidan que la temperatura del planeta siga aumentando, asegura Sandra Guzmán, gerente de financiamiento climático de Climate Policy Initiative.
Sin embargo, el cambio climático es una realidad ineludible por lo que los países deben crear maneras de adaptarse a él, por ejemplo, instalando sistemas de alerta meteorológica, desarrollando normativas para la construcción de edificaciones que estén preparadas para soportar eventos naturales extremos como tormentas tropicales o creando sistemas de riego eficientes para optimizar el agua en lugares cada vez más golpeados por la sequía.
A pesar de ello, solo el 10 por ciento del presupuesto se invierte en medidas como esas, algo que debería cambiar puesto que durante esta COP se acordó duplicar ese financiamiento.
Aunque Guzmán asegura que ese esfuerzo continúa siendo insuficiente, “al menos se creó todo un eje de trabajo sobre financiamiento de adaptación, y es importante que se haya abierto la conversación”, señala.
Guatemala agroforestería y sequía
El segundo punto es que se reconoció que los 100 mil millones de dólares -que en 2015 las principales economías acordaron entregar a los países en desarrollo- ya no son suficientes para abordar el tema, “y se empezó a hablar de un programa de trabajo para la creación de una nueva meta, que tomará a los 100 mil millones como base”, dice Guzmán.
Además, se reconoció que existe un problema de acceso al financiamiento y que se debe mejorar la calidad de este.
“Que sea un financiamiento eficiente, que realmente esté reduciendo emisiones y mejorando resiliencia”, dice Guzmán.
Por último, se logró un acuerdo sobre las normas fundamentales relacionadas con el artículo 6 del Acuerdo de París -el tratado internacional adoptado en la COP 21 para limitar el calentamiento global- que establece un sistema de mercado de carbono en el que los países puedan intercambiar, comprar y vender reducciones de emisiones.
Con ello se completó el libro de reglas del Acuerdo para que se pueda implementar, dice Guzmán. Lo malo es que dejó aspectos vagos. Por ejemplo, no está claro cómo evitar que exista una doble contabilidad de intercambios de emisiones.
Cristian Salas, director ejecutivo del Centro de Cambio Global UC de Chile, explica que si un país reduce emisiones y se las vende a otro país para que este las considere como reducciones suyas, “¿cómo te aseguras que el país vendedor no las contabilice también?”, explica Salas.
El ex Ministro del ambiente de Perú, Gabriel Quijandría, coincide en que haber cerrado la discusión sobre el artículo 6 es importante, a pesar de que no tiene todos los elementos sobre cómo funcionarán estos mercados.
Acuerdos para acabar con los combustibles fósiles
A pesar del cambio en el texto que reemplazó la idea de erradicar el carbón por reducirlo gradualmente, la Declaración Global para la Transición del Carbón a la Energía Limpia fue uno de los acuerdos más importantes de esta COP.
Hasta ahora 77 países -entre ellos México, Chile, Perú, Costa Rica y El Salvador- han prometido eliminar este combustible fósil de su matriz energética. La implementación de este acuerdo es clave y urgente, considerando que el CO2, que emite la combustión del carbón, es el principal gas responsable del efecto invernadero y que las cifras de las emisiones continúan en ascenso. Según el anuncio, las naciones desarrolladas cumplirán con este compromiso en 2030, mientras que aquellas en vías de desarrollo lo harán en 2040.
Por otra parte, 25 países e instituciones, entre ellos Estados Unidos, Costa Rica, Reino Unido, Italia, Eslovenia, Albania, Portugal y el Banco Europeo de Inversiones, acordaron dejar de financiar combustibles fósiles en otros países para finales de 2022.
Esta alianza viene en línea con un anuncio que ya había hecho China, previo a la COP 26, de ya no iba a financiar el carbón en el exterior, sin embargo, el país asiático no firmó el acuerdo y tampoco Japón, Rusia y Australia.
Con todo, el balance que hacen los expertos respecto de este tema es positivo y aseguran que la era del carbón está llegando a su fin.
Para América Latina, sin embargo, a excepción de Chile, el carbón no representa el principal desafío en la reducción de emisiones “porque la región no destaca por el consumo de carbón”, explica Ricardo Delgado, investigador del Centro de Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina.
El gas natural es en cambio el principal combustible fósil de la región para generación eléctrica, asegura. Por otra parte, el petróleo, al igual que en todo el mundo, es el “el campeón de todos los combustibles fósiles” en temas de movilidad, agrega Delgado.
En ese sentido, otro importante acuerdo pactado fue el Beyond Oil & Gas Alliance que busca juntar esfuerzos para eliminar la producción de petróleo y gas.
Sin embargo, por ahora Costa Rica es el único país latinoamericano que se ha sumado a esta iniciativa.
“Es complicado porque estamos hablando, sobre todo en Sudamérica, de países productores y muchos de ellos exportadores de petróleo”, explica Delgado, quien es además investigador del Centro Regional de Estudios de Energía.
“Venezuela obviamente no iba a entrar ahí. Colombia no está en una agenda anti petróleo porque ese combustible y el carbón son los principales productos de exportación del país. Ecuador y Brasil también tiene exportaciones importantes de petróleo, entonces está difícil que entremos en una agenda como esa, considerando, además, que hay manufactura de vehículos en esas zonas”, explica el experto.
Para Delgado, el problema radica en que las discusiones acerca de cómo alcanzar un desarrollo carbono neutral se centran en los costos cuando “lo que hace falta para empujar la agenda es concentrarse en las oportunidades y los nuevos negocios”, dice.
A modo de ejemplo, el investigador destaca que son más los empleos que pueden generar las energías renovables que los que se pierden con el fin de los combustibles fósiles.
“Pero eso todavía no se ha cuantificado y eso hace que los esfuerzos se sigan percibiendo como restrictivos más que como oportunidades de desarrollo. Eso es precisamente lo que le falta a la región para poder ser más ambiciosos”, precisa.
Sin embargo, en su opinión, el cambio hacia un desarrollo bajo en carbono es inevitable puesto que “ya hoy en día el costo instalado de la generación eléctrica renovable es el más barato en el mundo”, asegura.
“Es cuestión de tiempo que en un COP siguiente se llegue a un acuerdo de “phase-out” de carbón. Ahorita no se logró, pero ya se puso la primera piedra”, dice. Cuando eso pase, agrega, “no va a ser decisión de Colombia de seguir exportando carbón”, sino que ya no habrá compradores. “Queramos o no queramos ese negocio se va a ir marchitando”, advierte, por lo que el reto está en anticiparse a los hechos.
Promesas de conservación
Uno de los anuncios más importantes para Latinoamérica fue la firma de un acuerdo entre Ecuador, Colombia, Panamá y Costa Rica, países que se comprometieron a proteger el Corredor Marino del Pacífico Este Tropical.
Este corredor es clave pues conecta importantes áreas marinas protegidas como Galápagos en Ecuador, Isla Coco en Costa Rica, Isla Coiba en Panamá y Malpelo en Colombia, por donde transitan especies marinas migratorias como tiburones y tortugas altamente amenazadas. El anuncio vino de la mano con la promesa de Ecuador de crear una nueva área marina en Galápagos que permitirá proteger el corredor que conecta ese lugar con Isla Coco, algo que desde hace un tiempo la ciencia venía impulsando.
También la Declaración sobre los Bosques y el Uso de la Tierra fue un acuerdo aplaudido. En total 127 países, de los cuales 13 son latinoamericanos, se comprometieron a poner fin a la deforestación y revertirla para el 2030.
Este anuncio es importante porque juntas, las más de 100 naciones, albergan el 85 por ciento de los bosques del mundo, ecosistemas que absorben grandes cantidades de CO2 y que, por lo mismo, son un aliado importante en la lucha contra el cambio climático.
Este acuerdo incluye una financiación que bordea los 19 mil 200 millones de dólares de parte de fondos privados y públicos de 12 países, que serán destinados a acciones concretas en los países en desarrollo, entre ellas la restauración de tierras degradadas, el combate a incendios forestales y el apoyo a las comunidades indígenas en la protección de sus bosques.
Además, el Reino Unido, Noruega, Alemania, Estados Unidos, los Países Bajos y 17 donantes estadounidenses se comprometieron a apoyar con 1700 millones de dólares a los pueblos indígenas y comunidades locales, desde ahora y hasta el 2025, para que puedan proteger los bosques en donde viven.
La importancia de esto último radica en que, a pesar de que existe una robusta evidencia científica de que los pueblos indígenas son los mejores guardianes del bosque, las comunidades y organizaciones indígenas reciben menos del 1 por ciento del financiamiento climático destinado a reducir la deforestación, asegura un estudio reciente de Rainforest Foundation.
¿Pero qué tan realista es que América Latina cumpla con esta importante meta?
En 2014, en total 39 países firmaron la Declaración de Nueva York y se comprometieron a reducir a la mitad la pérdida de bosques naturales para 2020 y ponerle fin para 2030.
“Pero entre 2014 y 2020, la deforestación en el mundo no hizo más que aumentar”.
Un análisis realizado por Mongabay muestra que la pérdida de bosque tropical primario en los países signatarios de la Declaración de Nueva York pasó de 6,3 millones de hectáreas entre 2010 y 2014 a 7,1 millones de hectáreas entre 2016 y 2020.
Dicho de otro modo, en los territorios de esos 39 países, en lugar de disminuir la deforestación en un 50 por ciento como era la meta, aumentó, al menos, en un 12,9 por ciento. Solo Colombia, uno de los países que firmó el compromiso de 2014, pasó de perder 98 mil hectáreas en 2019 a 109 mil en el 2020.
El ex Ministro de Ambiente de Colombia, Manuel Rodríguez, recuerda que en 2014, en esa misma Asamblea, también los principales bancos del mundo se comprometieron a suspender los créditos que favorezcan la deforestación como la ganadería, plantaciones de soya, de aceite de palma, extracción de madera, entre otros.
Pero en el 2020, la organización Forests and Finance reveló que en los últimos seis años, en el mundo hubo créditos relacionados a la deforestación por 239 mil millones de dólares para estos negocios. Y que 8 de los 15 bancos que habían entregado esos préstamos, firmaron el compromiso hace siete años.
Desconfianza: el sabor que deja la COP 26
“En esta COP se ratificó que políticamente no es posible adoptar las recomendaciones de los científicos. Ya llevamos 26 COP y poco se ha cumplido”, opina Manuel Rodríguez, ex Ministro de Ambiente de Colombia.
Para ejemplificar su comentario, Rodríguez menciona las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC) que se comprometieron en 2015 con el Acuerdo de París -donde cada país expone de qué manera y en cuánto disminuirá sus emisiones de gases de efecto invernadero- y que debían ser revisadas cinco años después, en 2020, pero que por el Covid-19 se revisaron ahora.
“Fue muy claro en 2015 que la suma de las contribuciones que habían prometido los países eran insuficientes porque harían que la temperatura aumente en 2,7 grados centígrados (muy por encima del límite fijado por los científicos).
Tuvieron seis años para revisar sus metas, y ahora Climate Action Tracker dice que solo si se llegara a cumplir el 100 por ciento de esas metas, estaríamos en una senda de 1,8 grados centígrados, pero ese número ya supera el límite”, se lamenta.
El ex Ministro colombiano recuerda que a esta COP no se la puede ver de forma aislada y opina que “cuando uno mira históricamente, el proceso tiene que ver con que no se tomaron las medidas que se acordaron hace casi 30 años”. Es decir, el cuestionamiento está en que de qué sirven tantos nuevos acuerdos si los que están vigentes no se cumplen.
Las emisiones proyectadas para 2030 antes de la COP 26 eran de 52,4 gigatoneladas. Eso es lo que el mundo iba a lanzar a la atmósfera. Ahora, después del acuerdo de Glasgow, la proyección bajó a 41,9 -es una reducción sustancial que todavía está muy lejos de la cifra ideal a la que debemos llegar: 26,6 gigatoneladas.
El Secretario general de la ONU, Antonio Guterres, fue enfático: no es suficiente. “Es hora de entrar en modo de emergencia”, dijo al cierre de la cumbre.
En términos globales, la chilena Pilar Moraga, investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2, cree que esta COP fue importante porque hubo un consenso político internacional sobre la gravedad del problema.
“Eso se ve bien reflejado porque se reconoce la evidencia científica, que aunque parecería que es normal que reconozcan la evidencia, no siempre ocurre en las negociaciones”, dice.
Sin embargo, agrega que el reto que mostró esta COP es cómo los países que tienen altos niveles de pobreza, como la India, van a comprometer su desarrollo por un problema mundial como el cambio climático.
“Esa es la pregunta del millón y soy menos optimista con este tema porque mientras negocian, los países están velando por los intereses nacionales antes que cualquier cosa. Si bien podemos velar por los intereses nacionales, por otro lado tenemos un problema común. Es complejo”, opina.
Por su parte, Gabriel Quijandría cree que el reto más grande es cómo se ejecutarán los fondos que han sido comprometidos antes y ahora.
“El reto sigue siendo cómo eso se convierte realmente en una inversión que cambia la tendencia en algún sitio en concreto. Estamos tratando con inversiones que ocurrirán en sitios remotos, en entornos de gobernanza bastante incipientes”, explica.
Y agrega que falta claridad en términos de cómo los recursos que se comprometieron llegarán a las manos de quienes lo necesitan.
Finalmente, cree que es clave que los países entiendan que el cambio climático es un tema de política de Estado y no solo sectorial, por ejemplo del ministerio de ambiente.
“Por lo general las negociaciones son llevadas por cancillería o ministerio del ambiente pero resulta que en nuestros países tenemos actores muy importantes como el Ministerio de Agricultura, de Transporte que abren carreteras en estas zonas, y que no participan en estos espacios. Y ellos no se sienten obligados al cumplimiento de estos compromisos”, concluye.