En instituciones educativas de Sinaloa el acoso sexual está presente
A pesar de que se han registrado denuncias penales contra acosadores sexuales que operaron en espacios escolares, la Fiscalía no ha concretado sanciones
En Sinaloa el acoso sexual está presente en instituciones educativas, y en su mayoría son maestros o directivos hombres quienes cometen actos de hostigamiento contra estudiantes, compañeras docentes o personal administrativo.
Noroeste realizó una serie de solicitudes de acceso a la información para conocer la cantidad de denuncias de acoso sexual que han sido presentadas en instituciones educativas estatales de nivel universitario, bachillerato y nivel básico.
De acuerdo con las respuestas entregadas, en Sinaloa los registros de acoso sexual en instituciones educativas comenzaron en 2018, previo a esta fecha o no existieron denuncias o los espacios educativos no las registraron.
En total, en los últimos 6 años en el estado se han presentado 73 denuncias de acoso sexual ante las instancias educativas, de las cuales 15 se convirtieron en denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.
Aunque existen denuncias ante la Fiscalía, la institución no ha concretado sanciones contra los victimarios de estos casos.
De las 73 denuncias presentadas ante las instituciones educativas, 20 han alcanzado una administrativa, y el resto se divide en las que no tuvieron sanciones, la víctima desistió, se desechó la denuncia por falta de pruebas o continúan en proceso de investigación.
De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud el acoso sexual se define como cualquier conducta verbal o física no deseada de naturaleza sexual que interfiera en el trabajo o el ámbito escolar, se convierta en una condición para el empleo, la continuidad en el empleo o la carrera educativa, o cree un entorno de trabajo o escolar intimidatorio, hostil u ofensivo.
También se considera que las consecuencias para las víctimas o sobrevivientes de acoso sexual se presentan en niveles psicológicos y físicos, trastocando el sano desarrollo de los mismos.
La activista Ana Cristina Tortolero Garmendia, integrante de la colectiva feminista Amapas del Norte, explicó que en la mayoría de los casos el acoso sexual es por parte de victimarios que aprovechan su posición de poder sobre las víctimas.
“El acoso sexual es violencia sexual que se ejerce desde un desde un abuso de poder, al final estamos hablando, por ejemplo, en el tema escolar que cuando se ejerce de docentes a alumno o alumna, pues hay un ejercicio de poder porque es una autoridad la que está ejerciendo el el acoso”, expuso.
“Obviamente la víctima se siente mucho más vulnerable porque sabe que puede haber consecuencias en su ámbito laboral, en su ámbito escolar, y que está de alguna manera el agresor o la agresora, está aprovechando la posición que tiene”.
Deslindó que las autoridades educativas, tanto profesorado como directivos, deben atender la necesidad de educación sexual adecuada en los momentos formativos de las infancias y adolescencias, para que ellos y ellas tengan las herramientas para saber identificar un caso de acoso sexual y con ello tener al alcance la oportunidad de salvaguardarse.
“Es importante también decir que al final de cuentas las autoridades, los servidores y servidoras públicos más que todo en el tema educativo desde que estamos chicos, desde que somos infantes y adolescentes, pues nos han imposibilitado de tener esta información o más bien han omitido sus responsabilidades, porque forma parte de la responsabilidad, la educación tanto sexual y reproductiva como también el tema de la prevención, atención, sanción y erradicación de violencias”, opinó.
LOS CASOS
De las universidades y bachilleratos cuestionados sobre el número de casos de acoso sexual ocurridos en sus instalaciones y denunciados, la Universidad Politécnica de Sinaloa tuvo 9 casos registrados, la Universidad Autónoma de Occidente también tuvo 9 casos, la Universidad Autónoma de Sinaloa registró 3 casos, la Universidad Tecnológica de Escuinapa expuso tener en sus registros dos casos y el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa tuvo 2 casos.
En el caso de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado, donde se registran los casos desde nivel básico, tuvo 48 casos denunciados.
En cuanto a las consecuencias o sanciones aplicadas la Universidad Politécnica de Sinaloa admitió no haber aplicado sanciones en ninguno de los 9 casos registrados, la UAdeO compartió que en 7 casos se aplicaron sanciones no específicas y en 2 se retiró al acosador del área donde ejerció la falta.
La UAS registra que se han recomendado sanciones como disculpas públicas, privadas, capacitación y suspensión de los agresores, pero no se especifica si fueron aplicadas.
En el caso del Cobaes se explica que de los 2 casos, uno de ellos fue denunciado a la Fiscalía General del Estado y en el otro se resolvió despedir al docente acosador.
A nivel universidad y preparatoria casi todos los casos registran víctimas de sexo femenino a excepción de uno en el que el denunciante fue un hombre acosado por un docente. En todos los casos el agresor es un profesor.
En la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, en dónde se han denunciado casos de acoso sexual en el nivel de educación básica, se registraron 48 casos.
Ante la SEPyC han denunciado ser víctimas de acoso sexual, en 4 casos personal administrativo, en 8 docentes, y en 36 casos fueron estudiantes.
De los 48 casos denunciados, en 11 los agresores sexuales o eran desconocidos que accedieron al plantel, o familiares de alguno de los estudiantes del centro educativo, 17 fueron docentes, 12 personal administrativo y en 7 casos fueron estudiantes los acusados de acoso sexual siempre contra otro estudiante.
ACOSO SEXUAL PENADO EN SINALOA
De acuerdo al Código Penal del Estado de Sinaloa, el acoso sexual se encuentra tipificado como un delito.
“Artículo 185.- Al que solicite favores de naturaleza sexual para sí o para un tercero, valiéndose de su situación de superioridad jerárquica, laboral docente, doméstica o de cualquier otra naturaleza que implique subordinación”, se establece en un fragmento del Código.
La comisión de este delito puede representar penas que van desde 1 hasta 7 años de prisión, si se trata de un caso de reincidencia.
“Si la solicitud de favores de naturaleza sexual, se acompaña con la amenaza de causar a la víctima un mal relacionado con las legítimas expectativas que pueda tener en el ámbito de su relación con su superior jerárquico, se le impondrá prisión de dos a tres años. Si la persona ofendida es menor de edad, la pena de prisión será de tres a cinco años. En caso de reincidencia, se le impondrá prisión de dos a siete años”, se establece.
Para la activista Ana Cristina Tortolero Garmendia las sanciones deberían considerar inhabilitar del sistema educativo a quiénes fueron encontrados o encontradas responsables de cometer acoso sexual en entornos escolares, pues si regresan a los espacios académicos se corre un alto riesgo de que existan más víctimas.
“En un espacio escolar es muy peligroso, no significa que otros sean menos, pero es que es muy importante que diga que es muy peligroso, porque al final son personas que vuelven a tener frecuentemente a grupos y que los alumnos y alumnas pasan ahí cada año y obviamente el riesgo de la posibilidad de que estos abusos se perpetúen pues es muy alta”, mencionó.
Expuso que en el estado existen instituciones encargadas de llevar casos con perspectiva de género y acompañamiento a víctimas como la Secretaría de las Mujeres, o en el sistema DIF la Procuraduría de la Defensa del Menor, así como Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
Tortolero Garmendia señaló que desde las instituciones educativas y de justicia es necesario que existan mecanismos más eficientes para la atención de este tipo de violencias, para garantizar la no impunidad y la atención con perspectiva de género y derechos humanos.