Elimina Segob de su informe final violencias destapadas por la comisión de la verdad de la ‘guerra sucia’
El Mecanismo de Esclarecimiento Histórico documentó la represión ejercida entre 1965 y 1990 contra grupos considerados peligrosos para el orden social que antes no habían sido documentados, como la comunidad LGBTTTI+, trabajadoras sexuales, periodistas críticos u opositores a megaproyectos que, incluso, fueron arrojados en los “vuelos de la muerte”. En respuesta, la Secretaría de Gobernación acusó a los comisionados de exceder sus funciones, y mutiló su contribución al informe final y borró a cientos de víctimas de la “guerra sucia”
Por Analy Nuño
Los trabajos del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) fueron omitidos por la Secretaría de Gobernación cinco días antes de concluir el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La polémica en torno a la inclusión de otras víctimas de violencias del Estado que no eran luchadoras sociales o integrantes de grupos guerrilleros fue aprovechada por las autoridades para desestimar, ignorar cuatro tomos y reducir de 6 mil páginas a solo ocho el informe final “Fue el Estado 1965-1990”, realizado por tres de los cuatro comisionados de dicho mecanismo.
Aunque el informe de los comisionados David Fernández Dávalos, Abel Barrera Hernández y Carlos Pérez Ricart reveló violencias de Estado desconocidas y amplió el abanico de víctimas del sistema autoritario priista -al mencionar a sindicalistas movilizados, opositores políticos, personas refugiadas, religiosos progresistas, periodistas críticos, personas de la diversidad sexual y líderes comunitarios opuestos a proyectos extractivistas-, el resumen final que preparó la Segob desconoció la mayor parte las investigaciones, con lo que volvió a invisibilizar a cientos de víctimas. “Denunciamos que el gobierno mexicano desconoce los hallazgos del informe final del MEH Fue el Estado (1965-1990) y retoma solo algunos de sus elementos a modo. Omitir a estos conjuntos de víctimas del Informe de la Comisión es un intento de negarles el reconocimiento público como víctimas de la violencia política estatal. Es una omisión grave en la que incurre el Estado para la que no ofrece ningún fundamento metodológico ni legal Esta exclusión revictimiza a las personas y resulta una falta de respeto para quienes dieron su testimonio”, acusaron los comisionados en un pronunciamiento publicado el 30 de septiembre.
La queja es porque en el resumen ejecutivo de 110 páginas de los trabajos del MEH, realizado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración y presentado como informe final de trabajos, no se hace mención a la información contenida en los tomos 3, 4, 5 y 6 (este último de anexos) de la investigación que los comisionados con sus equipos hicieron durante dos años y medio en el marco de los trabajos de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 (CoVEH), creada en 2021 por mandato presidencial como compromiso con las víctimas del pasado.
En tanto, reconoció todo el trabajo de la comisionada Eugenia Ellier, quien se dedicó a investigar estrategias contra la insurgencia armada, y aún no presenta al público sus hallazgos. En contraste al trabajo de los comisionados, la liga a la colección “Verdades innegables” de la académica sí fue integrado por la Segob en el resumen ejecutivo y dentro de la página oficial de la Comisión.
En reacción, un grupo de hijas de personas víctimas de desaparición forzada, respaldó a los comisionados y reclamó a la Segob la mutilación del informe de los tomos enfocados al desplazamiento contra comunidades indígenas, criminalización obrera, masacres contra campesinos, persecución de la diversidad sexual y otros tipos de violencias contra distintos grupos pues ello, advirtieron, significa desconocer esas luchas y violencias, así como “borrar, una vez más desde el poder, la diversidad de las memorias”.
“Creemos un desacierto rechazar la colección Fue el Estado, de los comisionados Barrera, Pérez y Fernández, desconociendo con ello la mayoría de las comunidades violentadas por el Estado en el pasado reciente, debido a la imposición, desde la Secretaría de Gobernación, de una clasificación de víctimas “políticas” y una supuesta infracción del mandato. La imposición de una categoría de víctima política desconoce las luchas y movilizaciones por la transformación del país que también fueron violentamente reprimidas”, señalan en su carta Alicia de los Ríos, Alejandra Cartagena, Irma Pineda y Marakorea Navarro Fierro, hijas de personas víctimas de desaparición forzada y ejecución durante la contrainsurgencia.
Falta de respaldo y dudosa independencia, desde un inicio
El mecanismo que esclarecería los crímenes de Estado tuvo problemas desde su creación. Constaba de cinco comisionados y en septiembre de 2022 renunció la historiadora Aleida García Aguirre, acusando que la comisión -que debía ser ciudadana e independiente- estaba subordinada de facto a Gobernación por temas de presupuesto, burocracia y toma de decisiones. Luego, aludiendo a “desacuerdos en cuestiones perspectivas de la investigación” que se volvieron “insalvables” vino la siguiente fragmentación: se crearon dos equipos y se dividieron los tipos de víctimas.
Por un lado quedó el ex director del centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro, Fernández Dávalos, el director de la organización Tlachinollan, Barrera Hernández y el profesor investigador del CIDE, Pérez Ricart, a cargo de documentar la violencia contra organizaciones y personas disidentes de los órdenes político, social y moral así como por políticas públicas, tanto de índole económico como para el combate al narcotráfico y control de la delincuencia común. El otro equipo, liderado por la investigadora de la UNAM, Eugenia Allier, se encargó de investigar organizaciones político-militares en regiones urbanas, movimientos estudiantiles y movimientos laborales-sindicales.
Las presiones que recibieron no solo fueron externas, pues el Ejército les negó acceso a sus archivos. Las pugnas internas entre comisionados -a pesar de varios esfuerzos fallidos de mediación- derivaron en la imposibilidad de que los dos grupos cruzaran información, llegaran a un número unificado de víctimas y presentaran juntos un único informe final.
El informe “Fue el Estado”, de los tres comisionados, el único que tuvo presentación pública pero a la que la Segob hizo el vacío, se abocó a una población de víctimas menos mencionadas históricamente, con lo que destapó las violencias ejercidas contra hombres homosexuales, mujeres lesbianas y trans-travestis; comunidades indígenas, campesinas y afromexicanas o que vivían de la siembra de narcóticos; opositores a megaproyectos; trabajadoras sexuales; juventudes organizadas; disidencias político-partidistas, religiosas y al interior de las fuerzas armadas y de cuerpos policiales; personas refugiadas; periodistas críticos; poblaciones callejeras y prisioneros de las fuerzas de seguridad por estereotipos, prejuicios y estigmas.
Tuvieron que pasar décadas para conocer ese otro fragmento de la historia de la contrainsurgencia: la represión ejercida por el Estado durante la “guerra sucia” aplicada también como una estrategia de “disciplinamiento moral”, pro capitalista y extractivista contra esos grupos que eran considerados un peligro para el orden social, “prescindibles” para el sistema y un obstáculo para el desarrollo, como se desprende del informe “Fue el Estado”, presentado el 16 de agosto, por los tres comisionados en el Centro Cultural Tlatelolco. El documento de seis tomos reveló que la estrategia contrainsurgente (contra grupos armados o luchadores sociales) se aplicó también como modelo de guerra antinarcóticos desde los años 70.
Los tomos de la polémica omitidos por la Segob, no sólo documentan las causas políticas, económicas y socioculturales de la violencia estatal, las instituciones y personas responsables y los factores de persistencia de la violencia estatal después de 1990 a la actualidad. En su presentación al público, los comisionados advirtieron que las estructuras represivas permanecen intactas y se corre el riesgo de que la violencia de Estado de aquellos años se repita. “No se han desmantelado las estructuras de la violencia”, advirtió David Fernández, durante la presentación del Informe ante víctimas, sobrevivientes y familiares.
Con base en el trabajo de 2 años y medio el Informe documenta 8 mil 594 víctimas, 11 mil 743 violaciones graves a derechos humanos, 46 masacres y 123 mil 034 personas desplazadas forzadamente.
El polémico informe, sin acuse de recibo
La tormenta se veía venir desde el 25 de junio de este año, en la recta final del cierre de los trabajos de la CoVEH, la Secretaría de Gobernación no atendió a los comisionados cuando acudieron a entregar oficialmente la colección “Fue el Estado 1965 - 1990”. Aunque ese día los comisionados buscaron al Subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, éstos fueron enviados a Oficialía de Partes, donde cualquier ciudadano puede dejar un escrito. Fue hasta el 15 de agosto, día en que el informe debía ser entregado a los colectivos de víctimas, cuando Medina firmó de recibido.
Luego de la presentación pública de sus hallazgos ante familiares, sobrevivientes y víctimas, comenzaron las críticas contra el sociólogo, el antropólogo y el politólogo. Integrantes del Comité ¡Eureka!, fundado desde 1977 por madres y esposas de víctimas de desaparición forzada, señalaron que la comisión de la verdad no cumplió con el objetivo de esclarecer el destino de las víctimas, y criticó que se incluyeran estrategias de seguridad del Estado que no estaban enfocadas a la aniquilación de disidencias políticas. A ese reclamo se sumaron otras víctimas.
“Evadieron el compromiso de entregar su informe correspondiente a las organizaciones de víctimas para poder analizarlo antes de que fuera entregado a Gobernación (...). Hasta la fecha los familiares y los directamente afectados por la represión, desconocemos a ciencia cierta su contenido. Este ninguneo para quienes realmente exigimos la verdad es un insulto a nuestra inteligencia y a nuestra memoria”, se lee en un pronunciamiento publicado por ¡Eureka! el día de la presentación.
El señalamiento de la omisión de víctimas surgió a partir que la comisionada Ellier, universitaria experta en historia contemporánea, memoria y justicia transicional en América Latina, y quien pidió quedarse con la investigación de la contrainsurgencia y los movimientos estudiantiles y obreros, no presentó junto a sus colegas su informe “Verdades innegables: por un México sin impunidad” conformado por 2 mil hojas y hasta el final del sexenio no dio fecha para su presentación, dejando crecer la molestia de las víctimas de la “guerra sucia” que no se sintieron representadas.
Las críticas también la alcanzaron a ella. En el programa Los Periodistas, Claudia Piedra Ibarra, hija de la fundadora del Comité ¡Eureka! Rosario Ibarra de Piedra, la acusó de haberse mantenido en becas en Europa e insinuó que con cargo del erario.
Dos meses después de que la Subsecretaría de Derechos Humanos hizo el vacío al informe de los comisionados y a cinco días de concluir la administración de López Obrador, el 25 de septiembre la Segob publicó el documento “Informe final 2024, resumen ejecutivo de los reportes de los cinco instrumentos de la Comisión”, en el que aparece mutilada la colección “Fue el Estado 1965-1990”, al eliminar ocho de once tipos de víctimas documentadas en el informe de los varones (disidencias urbano-populares, sexo-genéricas, religiosas, en las fuerzas armadas y en cuerpos policiacos; personas refugiadas de la frontera sur o delincuencia común; grupos opuestos a políticas públicas económico-modernizadoras, víctimas del narcotráfico y poblaciones en situación de vulnerabilidad). En el resumen ejecutivo de Segob las seis mil páginas de “Fue el Estado” se condensaron en ocho y se retoman solo tres contextos: violencias contra comunidades campesinas, indígenas y afromexicanas; disidencias políticas; periodismo crítico y limitaciones a la libertad de expresión.
“Es importante mencionar que el reporte del MEH2 contiene secciones que se excedieron respecto del objetivo de la Comisión. El reporte investigó violaciones a derechos humanos que no estuvieron relacionadas necesariamente con la violencia de Estado en el marco de la contrainsurgencia, así como episodios de violencia que ocurrieron después de 1990, abarcando incluso contextos de años recientes”, argumenta la Segob.
En contraste, en un resumen de 12 páginas la Segob retoma toda la investigación de la académica Allier y destaca la recuperación de evidencia respecto de cómo operaban los llamados vuelos de la muerte, así como de los planes de operaciones “Rastreo” y “Rosa de los Vientos”, elaborados por la SEDENA, la Policía Judicial y la DFS, que llevaron a la perpetración de múltiples violaciones graves a los derechos humanos contra militantes y simpatizantes de la Liga Comunista “23 de Septiembre”.
La comisionada, en su propio documento, dio una versión de la ruptura de la comisión al mencionar que fue por diferencias “más políticas que metodológicas”. Ella entregó el 10 de julio su informe final al Subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina e informó que esperaría la presentación oficial del presidente para hacerlo llegar a familiares, sobrevivientes y colectivos; finalmente el pasado 30 de septiembre se los presentó. Según su argumento, hasta que eso sucediera la colección del informe “Verdades innegables” sería pública. El 2 de octubre, informó que presentará públicamente su informe el 10 de octubre en el Centro Cultural Tlatelolco.
La respuesta de los tres comisionados varones a la omisión y a la acusación que en su contra lanzó Gobernación no se hizo esperar. “Gobiernos anteriores buscaron invisibilizar los agravios de este periodo de nuestra historia simulando ejercicios de verdad. Es lamentable que actores de este gobierno busquen repetir la funesta historia. Esta omisión perpetúa la violencia contra las víctimas y la impunidad de sus perpetradores”, señalaron en un pronunciamiento publicado en redes sociales.
Advirtieron que el informe de Segob invisibiliza cómo el Estado arrasó comunidades enteras de poblaciones que se opusieron a políticas de desarrollo, ejecutó a habitantes de zonas donde se combatió el narcotráfico, desplazó a grandes poblaciones del movimiento urbano-popular y castigó a cientos por su expresión religiosa no católica tradicionalista, desapareció forzadamente a personas refugiadas en la frontera sur y torturó a disidencias sexo-genéricas, a personas marginalizadas y criminalizadas y hasta a integrantes de fuerzas armadas y policiales a manos de sus propios mandos.
Los tomos mutilados sobre las verdades del pasado
En la colección mutilada “Fue el Estado (1965-1990)”, los tres comisionados concluyen que las operaciones tácticas desarrolladas por el Estado durante la época se extendieron a cualquier espacio y grupo considerado como “de riesgo” para el orden social con tal de controlar a la población, aunque no necesariamente estuvieran ligados a la contrainsurgencia. Bajo esa premisa se identificaron 11 conjuntos de víctimas que “hasta ahora permanecían invisibilizadas”, ocho de las cuales fueron desconocidas por la Segob.
Estos son los hallazgos que la Segob quitó del Informe final:
- Represión contra movimientos urbano-populares por agentes del Estado a través de desalojos, destrucción de viviendas precarias, hostigamiento y ejecución extrajudicial, ejemplo de ello son los desplazamientos y represión en localidades como “Cartolandia”, en Tijuana, Baja California (1970 y 1980), relacionados con el programa de urbanización de la zona que sería a la postre el área de mayor presencia de edificaciones para usos comerciales y de oficinas, o durante un mitin organizado de colonos de Tierra y Libertad, en Monterrey, donde la multitud fue atacada por 300 agentes judiciales y policías, armados con gases, garrotes y metralletas, el enfrentamiento arrojó un saldo de tres heridos y cerca de 50 detenidos, quienes fueron torturados, incomunicados, golpeados y mantenidos sin alimentación por varios días. Un mes después fueron cercados por el Ejército y desplazados de manera forzada.
- Persecusión y represión de las disidencias sexo-genéricas mediante razias. Las fuerzas policiales irrumpían de manera sorpresiva y violenta en reuniones y espacios de sociabilidad de la comunidad LGBTTTIQ+, se realizaban numerosas detenciones arbitrarias que derivaban en otras violaciones a los derechos humanos, como la tortura y la violencia sexual, y casos de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y de desplazamiento forzado interno. Se encontró que en los sótanos de la que fuera la Dirección General de Policía y Tránsito del Distrito Federal, en la Plaza de Tlaxcoaque de la Ciudad de México (1975-1989) se aplicaba torturas y violencia sexual a mujeres trans. Las mujeres trans, fueron violadas, torturadas y ejecutadas por igual por los agentes de la PJ, en la Ciudad de México, quienes luego exponían sus cuerpos sin vida en la vía pública. Mientras que en Oaxaca la organización política de los grupos lésbicos fue objeto de seguimiento por parte de la DFS y mujeres lesbianas fueron víctimas de violencia político sexual, violaciones “correctivas” y encarcelamiento por motivos políticos. Entre 1990 y 1995, la Unión de Defensores de los Homosexuales registró 44 crímenes que no fueron investigados. Estás violencias ocurridas después de 1990 no han sido reconocidas por el Estado, ni antes ni ahora.
- Victimización de personas refugiadas de la frontera sur que incluyó la incursión de fuerzas armadas guatemaltecas en territorio mexicano, por primera vez documentada con casos como el ataque ocurrido en abril de 1984, cuando patrulleros y soldados guatemaltecos atacaron a los vigilantes del campamento El Chupadero, Chiapas, con un resultado de en entre siete y ocho ejecuciones, incluyendo actos de violencia político sexual; o en 1983, cuando once comerciantes ambulantes guatemaltecos que habían cruzado la frontera para vender su mercancía fueron atacados, junto con cuatro campesinos mexicanos, por cerca de 40 hombres armados en Nuevo Matzam, en Las Margaritas, Chiapas. Tras ser capturados, fueron llevados al bosque, donde fueron ejecutados.
- Combate a “disidencias” religiosas mediante desplazamiento forzado y masacres como la ocurrida contra una familia católica en Las Ollas, Chiapas (1969) en la que los cuerpos fueron arrojados frente a una parroquia o el desplazamiento forzado en San Juan Chamula, Chiapas (1974) de 161 cristianos no católicos, católicos de la Misión Chamula, funcionarios bilingües y pequeños caciques. Tan sólo en esta localidad, dos años más tarde se desplazó a poco más de medio millar de personas (1976). También se documentaron con detalle casos de al menos 24 religiosos ligados a la Teología de la liberación que fueron víctimas de diversas violaciones graves de derechos humanos.
- A las disidencias en las fuerzas armadas y cuerpos policiales se les aplicó tortura como disciplinamiento correctivo, como la que sufrieron nueve agentes de la Policía Judicial de Sinaloa, detenidos en distintos eventos, acusados de haber participado en la ejecución del mayor Sámano, después fueron desaparecidos en zona militar de Culiacán, por órdenes del comandante general Ricardo Cervantes García Rojas, o la de seis agentes de la Policía del Estado de Sinaloa fueron detenidos por agentes de la Policía Judicial Federal, junto a sus esposas e hijos, y sometidos a repetidas torturas para aceptar su participación en el homicidio del periodista Roberto Martínez Montenegro. Además, en 1977 cuatro policías municipales de Tlaquepaque, en Jalisco, fueron víctimas de desaparición forzada transitoria y tortura por un grupo de agentes de la DFS, encabezados por Guillermo Orozco Loreto, junto a 3 civiles que también fueron detenidos y torturados, y otro más ejecutado por los hombres de la DFS.
- Poblaciones que se opusieron a políticas públicas de desarrollo en su mayoría pueblos originarios o indígenas: zapoteco, purépecha, tzotzil, tzeltal, chol, zoque, mixe, así como colonos mestizos. En este marco se narra, por ejemplo, el desplazamiento forzado interno, la tortura y ejecuciones extrajudiciales de las que fueron víctimas porque se quería asegurar la construcción de la planta hidroeléctrica Itzantúm, en Huitiupán, Chiapas (1980). El Ejército impuso un cerco militar sobre unas 14,000 personas. Los líderes comunitarios de los ejidos afectados, indígenas de origen batsi vinik o tsotsil, fueron ejecutados y desaparecidos en el mar, tirados desde los “vuelos de la muerte”. O la represión durante una manifestación en Juchitán en 1977, en la que policías judiciales dispararon a los manifestantes que exigían la liberación de estudiantes detenidos en otra protesta. El resultado fueron dos niños ejecutados, 100 heridos y 5 desaparecidos - 3 eran obreros que fueron localizados días después, torturados, mutilados y asesinados-.
- Violencias en contexto de combate al narcotráfico. Bajo la narrativa antinarcóticos las fuerzas de seguridad masacraron decenas de personas, y el informe documenta cuatro casos de masacres con al menos 50 víctimas: 21 de la masacre de El Realito en Badiraguato, Sinaloa (1971), cuando un pelotón de militares ingresó a un rancho durante un bautizo y abrió fuego contra los asistentes; 10 víctimas de 1985 cuando elementos de la Policía Judicial Federal asaltaron el Rancho El Mareño, en Michoacán, donde presuntamente se encontraban secuestrados el agente de la DEA Enrique Camarena y el piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar. Con la “Operación Cóndor” campesinos, jornaleros y personas de muy bajos recursos de Sinaloa fueron detenidas y sufrieron golpes con los puños y culatazos en los testículos, abdomen, costillas, cara y nuca, toques eléctricos, quemaduras en todo el cuerpo y otras vejaciones.
- Personas criminalizadas y marginadas fueron objeto central de la política de exterminio. Una muestra es la masacre en el Río Tula en Atotonilco, Hidalgo (1982), en el que 12 personas, al menos 3 de ellas sudamericanas, fueron masacradas, mutiladas y sus cuerpos lanzados al drenaje profundo. Los responsables: el Grupo Jaguares al mando del jefe policiaco y general Arturo “El Negro” Durazo y su subalterno Francisco Sahagún Baca; así como la masacre del Zopilote Mojado en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México (1989,) durante una “tocada de punk” en la que la Policía Municipal abrió fuego contra la multitud, ejecutando a un número impreciso de jóvenes.
El conjunto de víctimas identificadas en la colección “Fue el Estado” pertenecientes a estos grupos sociales alcanza las 4 mil 281 personas víctimas de distintos crímenes como desaparición forzada, desaparición forzada transitoria, masacres, tortura, detención arbitraria, violencia política sexual, desplazamiento forzado, variadas formas de tormento físico, psicológico o emocional, ejecución extrajudicial y prisión por motivos políticos. O sufrieron marginalización, campañas de difamación, privación ilegal de la libertad, lesiones, robo y destrucción de bienes, atentados e intentos de linchamiento y exilio.
No fue sólo el Ejército, no fue sólo la Dirección Federal de Seguridad (DFS) -como ha quedado establecido en otros informes anteriores sobre el periodo de la guerra sucia-, dentro de las instituciones responsables de la violencia está también el Estado Mayor Presidencial, el poder judicial, las procuradurías, los ministerios públicos, las agencias de inteligencia y todas las fuerzas policiales federales y locales. Además, el sistema penitenciario, con sus cárceles autorizadas y toda una red de centros clandestinos de detención.
“Estas historias están en estas páginas, no sólo son palabras, son letras, historia, sangre, vida, dolor y esperanza. Por eso honramos su memoria. No quiero dejar pasar a Tita Radilla, que lleva 50 años buscando a Rosendo. Honramos su lucha y esperamos que este informe sea tomado en sus manos por el gobierno, la justicia debe llegar, las voces de las víctimas tienen que estar en el centro de la nueva política del país”, dijo Abel Barrera Hernández, durante la presentación de la colección.
Acoso y persecución contra la diversidad sexual
En poco más de 6 mil páginas, los comisionados y sus equipos de investigación relatan con testimonios y documentos cómo en el periodo de violencia política conocido como la “guerra sucia”, la mayor cantidad de víctimas de desaparición forzada y desaparición forzada transitoria (después de un período las víctimas fueron localizadas) pertenecieron a poblaciones criminalizadas por alguna condición de vulnerabilidad social o étnica, a disidencias sexogenéricas, y a quienes mantenían una lucha por la tierra en zonas rurales.
“Yo le llamo la policía de Hitler”, relata en el informe Alma Delia activista por los derechos de las mujeres trans y trabajadoras sexuales, “nos trataban muy mal, nos amarraban, nos colgaban en los árboles del Ajusco [o nos dejaban] tiradas, amarradas, amordazadas en las aguas del río Tula, o en las aguas negras del río de los Remedios [..] y [...] si nos quedábamos ahogadas, ni quien se diera cuenta de que habíamos sido muertas”, se documenta en el apartado de disidencias sexo-genéricas eliminado por la Segob bajo el argumento es que no pertenecen a víctimas políticas y el período de estudio extendido.
Violencia generalizada
La colección integra 1,079 testimonios recabados durante 2023 en 23 entidades donde se realizaron encuentros y diálogos con víctimas, sobrevivientes, testigos, organizaciones e investigadores expertos en el período. Además incorpora el análisis de archivos y documentos de 95 acervos públicos y privados, como parte de los trabajos para investigar las violaciones graves a los derechos humanos ocurridas durante el periodo del 1 de enero de 1965 al 31 de diciembre de 1990, de acuerdo al decreto presidencial para la creación de la CoVEH.
La estrategia contrainsurgente y el circuito de detención-desaparición se implementó en regiones rurales con la intención de minar las bases guerrilleras, pero también para dinamitar las luchas por los derechos agrarios y asegurar el control territorial.
El dominio del territorio era el objetivo, ahora se sabe que en muchas de esas zonas que fueron militarizadas durante ese período actualmente está presente el narcotráfico.
Decenas de masacres
La violencia y represión se ejerció sin control. El informe documenta 46 masacres en el periodo de la “guerra sucia”, con por lo menos 385 víctimas mortales. “A partir de finales de la década de 1980, la masacre se instaló como fenómeno represivo central”. Hubo además “oleadas” de ejecuciones extrajudiciales de líderes comunitarios, organizadores sociales y militantes partidistas, sobre todo del PRD, que de 1988 a 2002 registra 662 asesinatos. Otras nueve masacres fueron contra militantes de izquierda que participaron en protestas tras las elecciones presidenciales de 1988 en la Ciudad de México, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, y Puebla.
También se registraron masacres como parte del combate al narcotráfico. Inicialmente las fuerzas del Estado se concentraron en Sinaloa, donde el Ejército fue responsable de las masacres en Badiraguato. Después se perpetraron masacres en Chiapas, Oaxaca, Puebla, Hidalgo y Michoacán la cuales implicaron la comisión de detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas, el establecimiento de cercos y la persecución de sobrevivientes.
Política antinarcóticos y de desarrollo, tierra de cultivo para el México actual
Éstas últimas masacres se dieron en el contexto en que el Estado modificó su discurso de acción contrainsurgente para impulsar la política de combate contra el narcotráfico en los años 70, la cual contrario a la idea de la eliminación de la problemática se vinculó al negocio de tierras y la gestión del crimen organizado. Esto se convirtió en tierra de cultivo para propiciar las condiciones del México actual y para que estás violencias puedan volver a ocurrir.
“Este combate al narcotráfico fue discrecional, pues la intención del Estado nunca fue su erradicación, sino su control y administración”, advierte el Informe.
En ese período la estrategia, según el informe, se implementó sin un plan de inteligencia y utilizó la mismas corporaciones, es decir, Ejército, DFS, ministerio y policías federales; cuyas acciones igualmente conllevaron a actos de represión y desplazamiento de comunidades enteras, lo que permitió la instalación de grupos del narcotráfico en zonas rurales y el uso de campos agrícolas para el cultivo de drogas.
“Los planes de contrainsurgencia efectuados por el Ejército mexicano fueron la antesala para narcotizar los territorios, la política contra las drogas se vinculó al negocio de las tierras. Donde estuvo la militarización en la década de 1970, hoy en día está el narcotráfico”, señala el informe.
Con el crecimiento del mercado en los años cincuenta, y en especial a partir de las operaciones antinarcóticos de los años setenta, policías, soldados, agentes y políticos de todos los órdenes estuvieron involucrados en el tráfico de drogas. Para las décadas de 1970 y 1980 agentes de la Policía Judicial Federal y de la DFS tenían el control de las plazas y las rutas del trasiego de la droga en contubernio con Ernesto “Don Neto” Fonseca Carrillo, Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo y otros traficantes notables de la época.
Además, otros sectores como el Poder Judicial, fiscalías, procuradurías y fuerzas de seguridad consintieron estas prácticas así como la formación de economías criminales y circuitos de extorsión e impunidad, que hasta ahora se mantienen intactas.
“Estamos documentando que el Estado y las fuerzas de seguridad del Estado armadas y policiales, gestionan el crimen desde hace muchos años, y que está vinculado el combate a la contrainsurgencia con la gestión del crimen organizado y que por eso justo estamos en una situación como la que estamos en el país en estos momentos”, advirtió David Fernández.
En la lucha contra el narcotráfico en zonas rurales de Guerrero o de Chihuahua, el Ejército ejercicio la misma violencia que en la guerra sucia contra la población civil, es decir, el terror, la tortura y las desapariciones forzadas.
Pero las fuerzas de seguridad mexicanas no actuaron solas, durante los operativos antinarcóticos implementados por el Estado entre 1975 y 1990, elementos militares y de la PJF contaron con la colaboración e injerencia de agencias extranjeras, en particular de la CIA, el FBI y la DEA, “cuya acción no puede entenderse si no es por la mediación de la institucionalidad policial mexicana más allá de la diplomática”.
La política antinarcóticos implementada durante la “guerra sucia” sigue vigente. Para ejemplificar el puente entre las lógicas de la violencia del pasado y el presente así como los factores de persistencia, el informe señala los casos de la masacre contra migrantes en San Fernando, Tamaulipas en 2010, la masacre de Allende en Coahuila ocurrida en 2011, y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, en 2014.
En el período de la guerra sucia, en una estrategia político-militar amparándose en el Plan de Defensa Nacional fueron desplegados entre 25 mil y 30 mil militares, aunque estimaciones de organismos de derechos humanos señalan que fueron entre 40 mil y 70 mil elementos desplegados. La estrategia, es comparada en el informe con la guerra contra el narcotráfico implementada por el ex presidente Felipe Calderón, que sacó a las calles a 48 mil soldados con lo que dio inició a la militarización del país.
“Nos queda perfectamente claro que hay una vinculación entre el proceso de militarización actual y lo que vivíamos antes de 1990. Una de las cosas que muestra este informe es que hay una conexión amplia, una conexión específica, entre la guerra contra las drogas y la guerra contra el narcotráfico que comienza justamente en la década de 1970”, señaló Pérez Ricard.
Imposición del sistema capitalista
La imposición de políticas públicas de desarrollo en ese período significó represión a comunidades o pueblos y personas que se opusieron a los proyectos. Este contexto eliminado por la Segob, revela que la práctica de los vuelos de la muerte también fue utilizada en varias regiones del país y con distintos objetivos, no sólo contra grupos considerados guerrilleros.
Por primera vez entre las víctimas de vuelos de la muerte se nombra a los líderes comunitarios de los ejidos afectados por la hidroeléctrica Itzantún, ubicada entre los municipios de Huitiupán y Simojovel, Chiapas, indígenas de origen batsi vinik o tsotsil, fueron desaparecidos y ejecutados en vuelos de la muerte ante su resistencia a la construcción en 1977 de la hidroeléctrica y ocupación militar que afectó a los pobladores de 13 comunidades agrarias de Chiapas.
“Ahora contamos con evidencia de que la táctica militar conocida como “vuelos de la muerte” no se circunscribió a la base aérea de Pie de la Cuesta para desaparecer y ejecutar a miembros de organizaciones político-militares; también fue usada contra líderes comunitarios que defendían a los suyos frente a la imposición de una planta hidroeléctrica en Chiapas”, señala el informe.
La persistencia de problemas derivados de la implementación de megaproyectos en ese período continúa mostrando las graves consecuencias que dejaron en la población, como ejemplo se menciona el conflicto con la minera Peña Colorada en Jalisco y Colima, donde se han reportado desplazamientos forzados y ejecuciones.
Aunque el Ejército ha sido identificado como el principal perpetrador, entre los responsables también figuran policías federales, estatales y municipales, actores paralegales así como actores privados, terratenientes y sus grupos armados o guardias blancas. Además de estructuras civiles como sindicatos oficialistas, partidos, empresas, organizaciones religiosas y medios de comunicación, también se identificaron grupos especiales, paramilitares y parapoliciales, caciques locales y crimen organizado.
La lista se extiende más allá del territorio nacional, también ejercieron violencia, fueron cómplices y tuvieron injerencia agencias extranjeras como la CIA, el FBI y la DEA. Desde el papel de la formación y adiestramiento militar que permitió la transferencia de capacidades para la contrainsurgencia, se documentó la colaboración con otros Estados con prácticas autocráticas que van desde Guatemala hasta Israel o la entonces República Federal Alemana.
Frente a la larga lista de graves violaciones a derechos humanos identificadas así como de perpetradores, los tres comisionados emitieronn 142 recomendaciones a 22 autoridades entre las que destacan la creación de un Centro Nacional de Memorias para los Derechos Humanos, Comisiones de la Verdad en el ámbito local y para periodos posteriores y la disculpa pública y reconocimiento de responsabilidad del Estado.
“Está en manos de la Secretaría de Gobernación reconocer o no lo que tenemos frente a nosotros (Informe) y decidir si el presidente de México en representación del Estado mexicano se disculpa públicamente y reconoce la responsabilidad del Estado de lo que aquí se habla”, señaló Pérez Ricard.
Ninguna de éstas recomendaciones fue retomada por la Segob en su resumen ejecutivo del Informe final, si no que por el contrario enlista 6 recomendaciones que, señala, surgen a raíz de la presentación del documento final a familiares, víctimas y sobrevivientes. Las recomendaciones están encaminadas a dar continuidad a los trabajos realizados por la CoVEH, fortalecer la coordinación con la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos para judicializar los casos y priorizar la búsqueda de personas en los sitios de interés identificados.
Respecto a la decisión de la Segob de eliminar de la página oficial de la CoVEH así como del resumen ejecutivo la liga a la colección del Informe “Fue el estado 1965-1990”, los comisionados calificaron como irregular que un gobierno que funda una comisión “invisibilice sus resultados, no los reciba formalmente, no los publique”.
Desconocer trabajo de comisionados es negar la historia del país
Ante está actuación del Estado, familiares de víctimas de desaparición durante la guerra sucia mostraron su apoyo al trabajo de los cuatro comisionados del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico y aclararon que desde el inicio de los trabajos de la Comisión durante las reuniones oficiales se planteó la división de los equipos y los temas de análisis.
“Yo tenía muy claro, en términos personales, que el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico nos iba a dar un discurso más amplio, una narrativa más amplia sobre lo que había pasado en los tiempos en los que desaparecieron y agraviaron a nuestros familiares y creo que lo hicieron”, dijo la historiadora Alicia de los Ríos, hija de Alicia de los Ríos Merino, detenida-desaparecida en 1978.
Por su parte, Irma Pineda, poetisa y defensora de derechos humanos, hija de Víctor Pineda Henestrosa, “Víctor Yodo”, profesor y defensor de los derechos de los campesinos desaparecido por el ejército en 1978 en Juchitán, Oaxaca, calificó como “grave” que el gobierno a través de la Segob no haya admitido el Informe de los comisionados Fernández, Pérez-Ricard y Hernández puesto que con ello desestima la posibilidad de acercarse a la verdad sobre qué sucedió y dónde están las víctimas de desaparición forzada además se perdió la oportunidad de “lavarle la cara al Ejército” admitiendo que hubo años terribles pero que ahora están dispuestos a hacer las cosas de otro modo.
“Encontrarnos con este desconocimiento, está omisión de Gobernación frente a este informe es volver a callar las voces de las víctimas, de volver a hacerlas invisibles, pero sobre todo creo que hay una especie de burla de parte del Estado en el que confiamos en este tiempo frente a todas estas personas. De nuevo están siendo silenciados, de nuevo se vuelven a ignorar estas voces y es también negar la historia de este país y negar que el Estado en los años anteriores tuvo una participación nefasta frente a la sociedad”, dijo.
En su carta publicada el 2 de octubre, el grupo de hijas de personas víctimas de desaparición forzada, conformado por De los Ríos, Pineda, Alejandra Cartagena López, hija de Leticia Galarza Campos desaparecida en 1978 y David Jiménez Samiento ejecutado 1976 y, Marakorea Navarro Fierro, hija de Jorge Varela y Olga Navarro desaparecidos en 1977, insta a la Segob a reconocer el informe “Fue el Estado 1965-1990” y exhorta a la presidenta Claudia Sheinbaum a dar continuidad a este proceso para “concretar los derechos a la verdad, a la justicia, a la no repetición y la reparación integral”.
Hasta este 30 de septiembre, último día del gobierno de AMLO, el ahora ex presidente no emitió ninguna declaración, postura o disculpa pública en torno a los hechos ocurridos durante el período conocido como “guerra sucia” que ordenó investigar mediante decreto presidencial para terminar con “una etapa de sufrimiento, de represión”. Será el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum el que retome los resultados del Informe y determine si acepta las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Cuando se le pidió su opinión en la mañanera dijo que aún no conoce los informes pero dio la orden de que le sean presentados para revisar “cómo están”, y a partir de ahí tomar una decisión respecto a las acciones del gobierno.