Crisis de desapariciones y violencia en Lagos de Moreno se repite 10 años después
Las desapariciones de Roberto, Diego, Uriel, Jaime y Dante en Lagos de Moreno, Jalisco a 10 años de la tragedia del 7 de julio de 2013 dentro del mismo municipio, dejan en evidencia que estos patrones de violencia criminal, desprotección, indolencia y omisión estatal no son nuevas dentro de la región Altos Norte del estado
La señora Tere sabe de la desesperación, la incertidumbre, la indignación y la rabia que provoca permanecer a la espera de un hijo desaparecido, lo considera, dice, “una de las cosas más dolorosa, sino es que la más dolorosa”. “Esa sensación de no saber de tu familiar es una herida que lacera todos los días...” confiesa.
Su hijo Ángel de Jesús Rodríguez tenía 19 años cuando fue desaparecido junto a sus tres amigos: Daniel Armando Espinosa de 22, Eduardo Isaías Ramírez de 21 y José Gerardo Aguilar de 18. Era el 7 de julio de 2013 en Lagos de Moreno, Jalisco. Ese mismo día también fueron desaparecidos dos jóvenes más: Marco Antonio Ramírez Cárdenas de 19 y Cristián Fabián Ávila Cardona de 18, así como un adulto: Rodrigo Espinoza Aguayo de 38 años.
Con el tiempo, ella y su familia se han convertido en acompañantes de madres, padres y familiares que buscan a sus seres queridos desaparecidos en este municipio. Lo hacen desde la experiencia y el amor, con la intención de orientarles por aquellas rutas “más sencillas”, deseando que no tropiecen con la burocracia y la espera gubernamental, como les sucedió en su momento y como le sigue sucediendo a quienes denuncian un delito como este en la región.
“Sabemos lo que se siente. Sabemos todo lo que pasa, como la fiscalía comete muchos errores, como son indolentes, como tratan de silenciar a las familias, que no digan, que no hablen, que porque “entorpecen” las investigaciones o porque entorpecen lo avanzado”.
Para ella y sus familiares, la desaparición de Roberto Olmeda Cuellar, Diego Lara Santoyo, Uriel Galván González, Jaime Miranda y Dante Hernández el pasado 11 de agosto de 2023, significa “volver a recordar, revivir y rectificar las indolencias, las omisiones y la corrupción”, pero, sobre todo, les implica reconocer que esta problemática “no es de ahorita”.
“No es de ahorita, de estos cinco jóvenes. Después de 10 u 11 años se viene recrudeciendo esta problemática de la desaparición forzada. Hay bastantes, bastantes desaparecidos y desaparecidas en Lagos de Moreno y hay gente que no tiene una respuesta, que su carpeta está ahí archivada, no hay búsqueda, no hay ninguna garantía para las familias”, explica.
Y es verdad, la problemática de las desapariciones ha mantenido una tendencia permanente y reiterada en este municipio y en la Región Altos Norte.
En 2012, el Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco elaborado por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo ya alertaba sobre el contexto de inseguridad y violencia que imperaba en el municipio y que condicionaba la seguridad de sus habitantes. CEPAD registró que, entre 2006 y 2012, 59 personas habían sido desaparecidas.
En tanto, el extinto Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNDPED) contabilizaba que desde el 2013 hasta el año 2015, en Lagos de Moreno había al menos 56 personas reportadas como víctimas de una desaparición.
A su vez, la Unidad de Transparencia de la ex Fiscalía General del Estado, informó a través de una solicitud de acceso a la información que, entre los años 2013 y 2015, las desapariciones en la Región Altos Norte sumaban 181 personas desaparecidas (50 fueron desaparecidas en 2013; 56 en 2014 y, finalmente, 75 en el año 2015). De acuerdo con la Fiscalía, un total de 90 personas habían sido localizadas, 74 con vida y 16 sin ella.
“Como en este caso, hace 10 años se visibilizó porque las familias eso queríamos, dar a conocer lo que estaba pasando en Lagos de Moreno, pero esto sigue pasando y cada vez con más crueldad, con más violencia, con más errores por parte de Fiscalía y no tienen el tacto para tratar a las familias”, manifiesta la señora Tere.
En 2013, cuatro de los seis jóvenes desaparecidos (Ángel, Daniel, Eduardo y Gerardo) caminaban juntos hacia la casa de Daniel tras celebrar el cumpleaños de Eduardo. Su andar por una de las avenidas principales de la ciudad, el Boulevard Orozco y Jiménez, fue interrumpido cuando un grupo de sujetos armados, a bordo de una camioneta con torreta, se los llevaron. A Christian, Marco y Rodrigo, se los llevaron de sus propias casas.
Después de percatarse de su ausencia la mañana de ese domingo 7 de julio de 2013, sus familias comenzaron su búsqueda. Primero a través de los amigos y los sitios a los que frecuentaban asistir, luego siguieron la publicación de sus fotografías en las redes sociales, la denuncia ante la Fiscalía Regional Altos Norte y la difusión del caso como una desaparición de grupo de jóvenes, tal y como se documentó en medios de comunicación.
Un mes después, el 14 de agosto de 2013, agentes del Ministerio Público y personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses notificaron a las familias de los jóvenes que se habían localizado unas osamentas en las inmediaciones de una finca apodada: “La ley del monte”, ubicada en una brecha que lleva hacia la comunidad de La Sauceda y la delegación de Comanja de Corona, ambas en el municipio de Lagos de Moreno. Estas osamentas de acuerdo con los análisis genéticos realizados pertenecían a cuatro de los seis muchachos: Daniel Espinosa, José Gerardo Aguilar, Rodrigo Espinosa y Marco Antonio Ramírez. Las autoridades forenses confirmaron más tarde la identificación de Eduardo Ramírez y Ángel de Jesús Rodríguez. Christian Ávila Cardona no ha sido localizado hasta ahora.
Los jóvenes habían sido sometidos, tras su desaparición, a vejaciones físicas y tortura, y luego de su asesinato, sus cuerpos fueron disueltos en sustancias químicas para tratar de desaparecerlos por completo.
Francisco Macías, abogado especialista en Derechos Humanos, afirma que dentro de esta región Altos Norte, ha hecho falta que el Estado en sus tres niveles de gobierno, identifique, reconozca y atienda los generadores de las violencias que rodean estas zonas; ¿qué tiene esta región que está generando este ecosistema violento? cuestiona el abogado, el análisis debería incluir una revisión a profundidad de los municipios que rodean la región, “sus policías, la actividad económica imperante, los desarrollos industriales, así como las dinámicas exacerbadas y la territorialidad”.
“Mientras no tengamos esa capa todo va a quedar en asesinatos, en amenazas, en desapariciones...”. Como si se tratara de casos aislados y no como en realidad lo son, delitos que subyacen en medio de estos cruces y dinámicas.
La señora Tere es capaz de identificar los contrastes y las semejanzas entre su caso y el de los cinco jóvenes. Tal vez, la más dolorosa, es saber que a 10 años, “otra vez se los llevaron con total libertad y a ojos vistos”. Observa que, como hace una década, las familias fueron quienes iniciaron los procesos de búsqueda independiente y colectiva, puesto que, la burocracia institucional demoró por lo menos un día entre búsquedas de escritorio y papel.
También, le indigna pensar que las autoridades, como lo hicieron con su hijo y sus amigos, siguen pretendiendo culpar a las víctimas de su desaparición “en lugar de buscar a los muchachos y a los que se los llevaron, indagan sobre ellos”.
Está segura de que el patrón común de la violencia se repite, aunque considera que la crueldad se ha recrudecido “es la misma saña, es la misma atrocidad”, sin embargo, se cuestiona “¿cómo los pudieron grabar?, ¿cómo pudieron hacer semejante cosa?”.
La noche del lunes 14, mientras familiares, amistades e integrantes del colectivo de búsqueda Hasta Encontrarles en Lagos de Moreno se manifestaban a las afueras de la Delegación Altos Norte de la Fiscalía de Jalisco, una fotografía y un video donde aparecían presuntamente los cinco jóvenes desaparecidos, comenzaron a circular en redes sociales. Las imágenes, difundidas en distintas redes sociales, mostraban a las víctimas en situaciones que ponen en riesgo su seguridad y su vida.
De acuerdo con la Fiscal Especial en Personas Desaparecidas, Blanca J. Trujillo Cuevas, tras identificar la circulación de estos materiales los familiares de las víctimas fueron convocados para darles a conocer esta información. Pese a que las familias señalaron que existían posibilidades de que se tratara de sus seres queridos, la Fiscal informó que se encuentran trabajando en la verificación del origen y la veracidad de los materiales, los cuales también ya “forman parte de las líneas de investigación que se están agotando” dijo el Fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz en rueda de prensa.
Francisco Macías explica que alrededor de los cinco jóvenes desaparecidos, la Fiscalía del Estado ha informado de “avances” en la investigación y búsqueda que “no están teniendo una certeza de valor de prueba”; es decir, se han referido avisos, llamadas, reportes anónimos que han llevado, por ejemplo, a la localización de vehículos, presuntamente pertenecientes a las víctimas, -uno de ellos con restos óseos- o de las tres fincas donde se encontraron indicios y también la que se encuentra ubicada en la comunidad de La Troje, donde se localizaron restos óseos, así como cuatro cráneos que aún están siendo analizados para verificar su identidad.
Sin embargo, precisa Francisco Macías es preocupante que estos “avisos” y “llamadas anónimas” sugieran la posibilidad de que la institución “esté siendo utilizada como mecanismo de los grupos que están violentando la zona”.
“Este sistema no está garantizando el reconocimiento, no está garantizando derechos, no está garantizando la identificación, no está garantizando la investigación, simplemente Es un estado que está funcionando con una dinámica de denuncias anónimas. Pareciera indicar que sólo ha funcionado como un vocero o un administrador de las consecuencias de las violencias y de las necesidades de las víctimas. En las denuncias anónimas deberían de meterles más evidencia, porque son cosas que están administrando”.
Y es que, el Gobierno del Estado dijo que no volvería a retomar denuncias y reportes anónimos luego de los incidentes del pasado 11 de julio, donde seis policías resultaron muertos y doce heridos tras la detonación de explosivos en un operativo de búsqueda de personas desaparecidas.
Sin mencionar que las labores de búsqueda, presuntamente intensivas, se vuelven selectivas: “todo esto es parte de esta muralla que busca evitar que no haya historia, que la gente no conecte con las historias de ellos, que haya una barrera entre la sociedad y las víctimas, que digan “eso le pasa a sus hijos, pero no a los míos” sugiere Francisco.
En eso coincide la señora Tere y afirma que las familias que tienen uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho años buscando a sus seres queridos estén indignadas y reclamando que sólo se busca a sus familiares si el caso es suficientemente mediático o masivo, como ha sucedido con la desaparición grupal de los cinco jóvenes.
Administrar el horror y garantizar el dolor
Francisco Macías acompañó a las familias de los seis jóvenes y un adulto desaparecidos y localizados sin vida el 7 de julio de 2013 en Lagos de Moreno, Jalisco en sus procesos de exigencia de justicia, verdad, memoria y no repetición, así como a otras familias buscadoras que en el estado siguen en la exigencia del regreso de sus seres queridos.
En su análisis sobre la situación afirma que, luego de diez años, es posible hablar de la “consolidación de zonas concéntricas de impunidad y de máquinas que se están llevando a los jóvenes y administran la violencia en las regiones”. Una situación que, asegura, “es inversamente proporcional a las debilidades y la falta de atención a los gobiernos municipales”.
Habla de las dinámicas de reclutamiento forzado que han quedado en evidencia y de las cuales, presuntamente, fueron víctimas los cinco jóvenes antes de ser desaparecidos “está llegando a actividades muy cotidianas, esto de que les habían ofrecido a través de un call center tener un trabajo, confirma lo que se decía hace 10 años: está claro que quienes dominan económicamente estas regiones son estos grupos”.
A su vez, explica que, entre estas tendencias reiteradas, está el perfil de las víctimas, las cuales “siguen siendo jóvenes”, asegura, “porque es lo más vivo que hay en las comunidades. En otros casos que se han dado dentro de las desapariciones múltiples, son personas con un perfil relevante por una actividad productiva que le es simbólico para ellos”.
Para el también académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) el Estado ha autoconstruido “una muralla” que impide la rendición de cuentas, especialmente, que muestren “ese Estado desnudo, que no garantiza la mínima seguridad y vida de las personas”.
“Lo vemos en la categoría de ilocalizable, del coordinador de seguridad, cuando dijo que no se había detectado una situación de violencia cuando al siguiente día toda la evidencia indicaba todo lo contrario. Creando, incluso, estas nuevas tipologías. Ilocalizable, es un eufemismo del Estado para evitar permear a través de los medios, porque en realidad lo que les preocupa es su imagen”, ejemplifica.
Desde su mirada, nos encontramos de cara a “un Estado que administra el horror para autoprotección” y que lo único que garantiza con su actuar es el dolor de las víctimas.
Las garantías de no repetición y el derecho a la verdad
Junto a la señora Tere, el señor Armando, la señora Carmen, la señora Rosario, la señora Lulú y don Panchito que murió hace unos años, por supuesto, junto a sus familias, año con año desde hace 10 se han mantenido firmes en su lucha por el no olvido de sus hijos y hermanos.
En este andar, edificaron en 2017 “La Ley de La Verdad”, un mural memorial que recuerda los rostros de Ángel, Daniel, Eduardo, José Gerardo y Rodrigo, junto a una placa con 33 nombres de personas desaparecidas en Lagos de Moreno -documentadas hasta ese momento-.
La leyenda “Hasta que la dignidad se haga costumbre y la justicia prevalezca” que aparece junto al listado en la parte baja de la placa significaba para estas familias no sólo un posicionamiento respecto a su derecho a la memoria y la verdad, sino, además, el reclamo de su derecho a la no repetición, en la espera de que ningún ser querido o familiar tuviera que volver a sufrir lo que ellas y ellos vivieron.
Pero hoy, 10 años después, confirman que el Estado les volvió a fallar “no hay una estrategia, ni la voluntad de garantizar por mi derecho a la no repetición” finaliza la señora Tere.